El potencial pedido de un sector importante de la oposición para llevar al recinto del Senado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema -fueron designados “en comisión” por el Ejecutivo y el segundo ya juró- podría tener una jugadora clave: el argumento que circula con más fuerza en la Casa Rosada y en el oficialismo legislativo es que la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, es la única con potestad de convertir en posible un encuentro. Esto podría implosionar, de manera definitiva, la convivencia en el Congreso.
¿En qué se basó el Ejecutivo para activar en “comisión” a Lijo y García-Mansilla? En el decreto 137/2025, el Gobierno argumentó: “Conforme se establece por medio del artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el PRESIDENTE DE LA NACIÓN ‘Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto’”.
Meses atrás, el kirchnerismo intentó autoconvocarse en el recinto -consideraba que Villarruel no iba a habilitar dicho encuentro- por el presupuesto universitario y no obtuvo quorum para sesionar. Es que, durante el período ordinario, nada impide al pleno de la Cámara realizar un convite, sin necesidad de un guiño del titular del Cuerpo. Esto, más allá de lo que reza el artículo 20 del reglamento del Senado sobre las solicitudes de sesiones: “El presidente, luego de recibir la petición, dispondrá la respectiva citación para el día y hora que mejor estime, si no los ha señalado el Cuerpo, según sea el asunto o las circunstancias del caso”.
Entonces, si cinco legisladores -el mínimo- o más impulsaran un pedido para ir al recinto en los próximos días sería imposible omitir, para el caso de las postulaciones a la Corte Suprema, el artículo 99 de la Constitución, que habla de “en sesión pública, convocada al efecto”. Esto generaría, sin dudas, un conflicto de enorme magnitud en el Senado.
A inicios de 2024, la oposición quiso rechazar en la Cámara alta el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que desregula la economía. Villarruel apeló al artículo 20 del reglamento para ganar tiempo -el segundo mandamiento, luego de tener el número- a favor del Ejecutivo, que no aceptó ninguna negociación. Cuando la presión fue insostenible, la vicepresidenta permitió la reunión y el Gobierno, sin tener en cuenta el freno previo, fustigó a la funcionaria libertaria y olvidó al kirchnerismo.
En caso de llegar a esta delicada situación, Villarruel y el Ejecutivo tendrá un inconveniente más grave, si es que la Casa Rosada tiene interés en proteger a su vicepresidenta y continuar con el control del Congreso. Si una mayoría de fuerzas políticas le reclamaran por el recinto y el mismo no se abriese, los legisladores estarían habilitados a auto convocarse ya no para tratar los pliegos de la Corte, sino para dirimir la frustrada votación de autoridades que no pudo concretarse el lunes 24 de febrero pasado, cuando se cayó la sesión preparatoria por falta de quorum.
Aquel día, el grupo de los 39 de oficialistas y dialoguistas -ahora, 38, tras la expulsión del peronista disidente Edgardo Kueider- pasó a 36, tras el faltazo de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que se unieron al kirchnerismo -supuestos acérrimos enemigos en la provincia- y bloquearon la cita. Es decir, una encerrona para Villarruel.
Si el Gobierno da la orden de no avalar ninguna sesión por tema Corte y la sostiene a fondo, quedaría al borde de un embrollo institucional mayúsculo, con una oposición a tiro de quitarle el control de la agenda legislativa y la caja, si es que se queda con las secretarías parlamentaria y administrativa, respectivamente. Un escenario de ruptura total. Y es ahí donde aparece el verdadero interés de muchos legisladores, el real: no quedar pegados a una tensa votación y, de paso, rapiñar cargos y contratos. Uno de ellos es el del titular provisional del Senado, nada menos que el segundo en la línea de sucesión presidencial.
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