
El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, envió una carta en respuesta a las recientes afirmaciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sobre la situación de los detenidos en las comisarías y alcaidías porteñas. La disputa, que se intensificó por las críticas de Bullrich y las diferencias en torno a las responsabilidades entre el gobierno porteño y el nacional, llega en un contexto de creciente tensión por el manejo de la sobrepoblación carcelaria en la Ciudad.
En su escrito, Tapia explicó que para que la Ciudad asuma la competencia de alojar detenidos de la Justicia nacional es necesario un acuerdo con el Estado Nacional que incluya la transferencia de recursos y la creación de un Servicio Penitenciario local con la infraestructura y el personal adecuados: “Hasta que eso ocurra, la responsabilidad exclusiva recae en el Estado Nacional a través del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario Federal”.
Además, expresó: “Desde que Bullrich asumió el Poder Ejecutivo, la Ciudad ha mostrado su mejor predisposición para trabajar en conjunto y solucionar un problema que fue heredado de gestiones anteriores. Sin embargo, una solución efectiva no puede partir de la base de una concepción completamente equivocada de las obligaciones legales a cargo de cada uno de nuestros gobiernos, como es la que plantea la Ministro Bullrich en su nota”.
Bullrich publicó este lunes una dura carta con críticas al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por el manejo del tema que se agravó en este 2025 por al menos tres episodios que terminaron con fugas de delincuentes que estaban alojados en comisarías que no están preparadas con tal fin.
“En la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales hay exceso de presos alojados en comisarías, pero no a todas se les escapan presos todas las semanas”, escribió la ministra de Seguridad Nacional en la nota que originó el intercambio epistolar con Tapia.

En su réplica, el ministro porteño recalcó que no es función de la Policía de la Ciudad el alojamiento permanente de detenidos que se encuentren a disposición de la Justicia nacional con competencia penal. Por caso, recordó una resolución dictada el 25 de noviembre de 2024 ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°3, que intimó al Servicio Penitenciario Federal a dar ingreso a la totalidad de los condenados, tengan o no condena firme, como así también fijar un cronograma para el traslado de todas las personas que se encuentren detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad, con un mínimo de 130 o 140 cupos por semana.
Tapia expresó que “es claramente falaz” la afirmación de Bullrich de que tiene la obligación legal de recibir en el Sistema Penitenciario Federal a solo 60/70 detenidos por semana, ya que la obligación legal del Servicio Penitenciario Federal, y por ende del Ministerio de Seguridad de la Nación, es recibir a todos los detenidos que se encuentren alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad.
También indicó que son múltiples las disposiciones legales y constitucionales que prohíben como regla el alojamiento de detenidos en comisarías y alcaidías.
Destacó la resolución del 29 de octubre del año pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal exhortó a los jueces federales de todo el país a adoptar las medidas necesarias e inmediatas para que las personas detenidas sean alojadas en establecimientos adecuados del Servicio Penitenciario Federal, evitando su alojamiento en dependencias policiales.
En la carta de esta mañana, Bullrich también había acusado a Jorge Macri de filtrar “maliciosamente” información falsa sobre los diálogos que habían mantenido para buscar una salida consensuada a la cuestión.
Luego, argumentó: “Teníamos la obligación legal de recibir 60/70 presos semanales y voluntariamente, desde el inicio de este Gobierno pasamos a recibir 90 internos semanalmente, es decir, un 50% más; ofrecimos 100 plazas en el interior del país y un cupo especial de 50 plazas para ofensores sexuales, la Ciudad, sin embargo, solamente utilizó el cupo de 90 plazas semanales”.
Tapia, en cambio, planteó que todas las decisiones adoptadas en el proceso de referencia han sido “sistemáticamente incumplidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación” y calificó de “maliciosa la supuesta predisposición alegada por el Ministerio de Seguridad de la Nación a instalar regímenes modulares en predios nacionales, como también la supuesta extensión de plazas a las que hace referencia en la nota”, porque apenas se iniciaron las correspondientes reuniones técnicas, fue ese mismo Ministerio el que decidió dar marcha atrás con ambas cuestiones.
En cuanto al nuevo complejo ubicado en Marcos Paz, expresó que se han retomado las obras, que dicha unidad carcelaria tiene por objetivo la desocupación del penal de Devoto, y que esto “no diluye la obligación de trasladar los detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad al Servicio Penitenciario Federal”.
También calificó de “absolutamente falsa” la afirmación de la Ministro Bullrich de que en el sistema penitenciario federal argentino se está pagando por 6 mil detenidos de la Ciudad, porque es la Nación la que, ante el incumplimiento de su traslado al Servicio Penitenciario Federal, debería estar pagando el costo de los detenidos que se encuentran alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad.
Explicó que más del 90% de las personas detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad se encuentran a disposición de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional con asiento en la Ciudad y que para que la Ciudad asuma dicha competencia debe existir acuerdo con el Estado Nacional y la consecuente transferencia de partidas.
El 20 de marzo de 2020 la Ciudad tenía 61 detenidos en las alcaidías y ninguno en las comisarías. Hoy hay 2.450, lo que representa un aumento del 4.000% en la cantidad de presos alojados en dependencias locales. “
Con la nueva gestión nacional, lejos de resolverse, el problema se agravó. El gobierno de Alberto Fernández dejó un total de 1.796 presos en la Ciudad. Hoy ese número es de 2.468, y sigue en aumento. Además, en marzo del 2020, la Ciudad contaba con 183 plazas para detenidos, en ningún caso con tiempo de permanencia superior a las 48 horas. Hoy hay casi 1.300 plazas”, describió Tapia.
La palabra de Waldo Wolff
En este contexto, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, quien ya había mantenido un tenso ida y vuelta con Bullrich, señaló: “Lamentablemente la ministra falta a la verdad. Y ella lo sabe, y lo saben todos los juristas y todos los estudiantes de Derecho y cualquiera que lea la Constitución, el Código Penal. La Ciudad de Buenos Aires no tiene transferidas todas las cuestiones que hacen a una provincia”.
“No tiene transferidos ni los delitos penales, ni el Servicio Penitenciario Federal. Por eso nosotros en la ciudad no tenemos presos, tenemos detenidos. Que la ley dice que deberían estar 24 horas, 48 máximo, hasta que el fiscal toma temperamento respecto de si tienen que quedar detenidos”, recalcó. Con respecto al predio de Marcos Paz, el ministro aclaró que “es para llevarse a los presos de Devoto, no para los 2.500 presos que están en comisarías”.
Por su parte, la vocera institucional porteña, Laura Alonso, aclaró que “la Ciudad no tiene competencias penitenciarias porque no se le han transferido, con lo cual el único servicio penitenciario que tiene responsabilidad sobre los detenidos en la Ciudad es el Servicio Penitenciario Federal”.
“El que tiene que cumplir los fallos judiciales es el Ministerio de Justicia de la Nación. Me preocupa que la ministra de Seguridad de la Nación genere interpretaciones que son contrarias a lo que sostiene la Justicia”, indicó.
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