Renunció Ana Lamas, la subsecretaria de Ambiente de la Nación

La funcionaria dejará su puesto por “agotamiento” y “razones personales”, en plena crisis por los incendios forestales en la Patagonia y distintos puntos del país

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Ana Lamas subsecretaria de Ambiente

En medio de la crisis por los incendios forestales, la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, presentó su renuncia a su cargo en el gobierno de Javier Milei.

Según pudo confirmar Infobae, la funcionaria dejará el puesto por “agotamiento” en la tarea realizada y razones de índole “personal”. “Estoy esperando la aceptación”, deslizó esta mañana.

Abogada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especializada en derecho ambiental, Ana María Vidal de Lamas fue una subsecretaria de perfil técnico, con formación en la Universidad Maimónides, y docente de varias universidades nacionales como la UCES, UCA y la mencionada UBA. En su trayectoria profesional, se desempeñó como asesora de organismos internacionales como el BID, FOMIN, JICA, GTZ, Banco Mundial y el PNUD.

La decisión de Lamas surge luego de meses en que el organismo, que está bajo la órbita del secretario de Ambiente, Deportes y Turismo, Daniel Scioli, perdió jerarquía y funciones a lo largo de 2024, una tendencia que se profundizó en los primeros meses del período corriente.

En diciembre, su área dejó de intervenir en la gestión del Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SMNF), que dispone de la dotación de los equipos de emergencias, vehículos y rescatistas para asistir a las provincias ante los incidentes de incendios. Ese rol fue transferido al ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Patricia Bullrich.

Fotografía de archivo que muestra los incendios en El Bolsón, Río Negro (Argentina). EFE/Gonzalo Keogan
Fotografía de archivo que muestra los incendios en El Bolsón, Río Negro (Argentina). EFE/Gonzalo Keogan

En ese marco, Lamas descartó que su renuncia estuvo vinculada a la emergencia ambiental que atraviesa el país, sino a una acumulación en el desgaste de la función pública.

Desde enero, la Patagonia enfrenta incendios forestales en las zonas de El Bolsón y Epuyén, en Chubut, y en los parques nacionales Nahuel Huapí y Lanín, en Río Negro y Neuquén. En el sur, el Gobierno nacional y autoridades provinciales atribuyó el origen de los focos ígneos a la acción humana directa vinculada a grupos mapuches, y no a razones asociadas al cambio climático. Pero el problema trasciende a la Patagonia. También se registraron incendios en la provincia de Corrientes, donde ya se superaron más de 100 mil hectáreas arrasadas por el fuego en las localidades de Curuzú Cuatiá, Mercedes y otras localidades litoraleñas, y en regiones de Córdoba y Catamarca.

Ante el empeoramiento de los incendios, el Poder Ejecutivo avanzó durante el mes de febrero con el traspaso de la gestión del fuego, a la cartera dirigida por Patricia Bullrich, con la publicación del decreto 81/2025. En medio de los desastres forestales, la Dirección del Manejo seguía dependiendo funcionalmente de la jefatura de Gabinete.

La gestión de Ambiente bajo fuego

Las comunidades afectadas por los incendios y organizaciones ambientalistas cuestionaron al Poder Ejecutivo por la ineficacia para contener el fuego en los primeros meses de 2025. Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre, advirtió sobre la “grave falencia en prevención” y supresión de los incendios que haya una “falta de un Plan Nacional de Manejo del Fuego”. Actualmente, según la ONG, “existen únicamente pautas y metas anuales que incluyen necesidades operativas, equipamiento, capacitaciones y servicios de medios aéreos, pero sin un plan nacional integral”.

“Es clave consolidar y mejorar el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que no solo necesita recursos aéreos y terrestres, sino también personal con la seguridad laboral necesaria para estar a la altura del enorme desafío que implica prevenir y controlar incendios forestales o los llamados de interfase, que impactan en áreas rurales y urbanas de manera simultánea“, expresó Jaramillo.

En la misma sintonía, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) alertó que en septiembre, frente a los incendios en Córdoba, solo se habían ejecutado el 22% de los recursos presupuestados en el sistema nacional del fuego, con $7.739 millones desembolsados. “Con una inflación acumulada del 117,8% para el 2024, la ejecución fue menor, en términos nominales, que los $12.100 millones ejecutados en 2023″, precisaron. Y plantearon que recién se actualizó con la emergencia de Córdoba, lo que “muestra una acción reactiva, y no preventiva, ante incendios ya consumados”.

Frente a los reproches por la insuficiente respuesta ante la emergencia, el Gobierno rechazó las críticas e informó que desplegó equipos y brigadistas para atender los distintos focos.

En lo que respecta a la Patagonia, el Poder Ejecutivo dispuso de "9 aviones, 10 helicópteros, 4 autobombas forestales, 5 pick ups, 4 camiones dormitorios, 61 brigadistas del SNMF, 15 brigadistas de la PFA, 22 brigadistas de Córdoba, coordinadores regionales, pilotos y equipos de apoyo terrestre para los pilotos“, informó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Además, se destinaron $7000 millones en concepto de Adelanto del Tesoro Nacional (ATN) a la provincia de Chubut y $5000 millones a Río Negro para las viviendas afectadas.

A lo largo de 2024, la gestión en material ambiental fue blanco de críticas del Gobierno, tanto de parte de la oposición como de las organizaciones no gubernamentales especializadas. No solo por la retórica del presidente Javier Milei, que rechaza la idea que el cambio climático y sus efectos negativos sean consecuencia de la acción humana -un punto que está incluido en la denostada Agenda 2030 por los libertarios-, sino por el ajuste de recursos destinados a las políticas ambientales.

En una de las presentaciones que hizo el secretario Daniel Scioli ante el Congreso para defender el presupuesto de Ambiente, las bancadas opositoras criticaron que el Gobierno solo haya otorgado 1500 millones de pesos al financiamiento de la Ley de Bosques, lo que incumplía la meta normativa de representar el 0,3% del Presupuesto.

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