El 17 de febrero, la Lotería de San Luis realizará el primer sorteo para determinar qué 100 funcionarios de los tres poderes del Estado provincial deberán someterse a un narcotest obligatorio. La medida, establecida por ley, busca detectar el consumo de cocaína, marihuana, anfetaminas y otras sustancias, con sanciones severas para quienes den positivo o se nieguen a realizar el estudio. La prueba piloto se había realizado en noviembre de 2024.
El control afectará a 1.500 funcionarios, entre ellos jueces, legisladores, ministros y directores de organismos descentralizados. El análisis deberá ser costeado por cada persona sorteada y, en el caso del Poder Ejecutivo, un resultado positivo implicará la remoción inmediata del cargo mediante decreto.
El mecanismo fue detallado por Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión de la provincia. “Todos los funcionarios están identificados con un número, que será entregado a la Caja Social y Financiera de San Luis, responsable de la Lotería", explicó.
El lunes 17, con la presencia de un escribano público, se sorteará un primer grupo de 100 funcionarios.
Los seleccionados serán notificados por correo electrónico o WhatsApp y tendrán 24 horas para presentarse en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis, institución encargada de realizar los análisis.
“Quien se oponga o no asista a la segunda notificación, en el caso del Ejecutivo, cesa en sus funciones. En el Judicial y Legislativo, queda sujeto a jurado de enjuiciamiento o juicio político, respectivamente", detalló Bazla.
El narcotest obligatorio fue impulsado por la diputada Marisa Patafio, del espacio político del gobernador Claudio Poggi, quien asumió en 2023 tras vencer a la estructura de los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá.
Inicialmente, el proyecto no logró los votos necesarios en la Legislatura. Sin embargo, Poggi firmó un decreto de aplicación voluntaria para él, su vicegobernador y los ministros del gabinete, lo que generó un fuerte impacto mediático. Días después, la Cámara de Diputados aprobó la medida y, el 12 de noviembre, el Senado provincial la convirtió en ley por unanimidad.
El texto legal lleva el nombre de “Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos en la Lucha contra el Narcotráfico” y establece la obligatoriedad de los análisis toxicológicos para quienes ocupan cargos en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Los exámenes buscarán la presencia de cocaína, marihuana, anfetaminas, opiáceos (morfina, heroína, metadona), barbitúricos, benzodiacepinas, antidepresivos tricíclicos, éxtasis y fenciclidina, entre otras sustancias.
El procedimiento consta de un ensayo de screening bioquímico y, si el resultado es positivo, el funcionario podrá solicitar una contraprueba mediante cromatografía de líquidos asociada a espectrometría de masas.
El costo del estudio será cubierto por cada funcionario sorteado. En diciembre, la estimación oficial fijaba el precio en $40.000, aunque el monto definitivo será confirmado antes del primer control.
Además, los seleccionados deberán declarar previamente si consumen algún medicamento que pueda influir en los resultados. “Si aparece un consumo excesivo de clonazepam, se pedirá la prescripción médica“, explicó Bazla.
El sorteo se realizará mensualmente. En cada edición, los funcionarios ya evaluados serán excluidos del próximo sorteo. En marzo, por ejemplo, el universo de seleccionables se reducirá a 1.400 personas, manteniendo la extracción de 100 nuevos casos.
La normativa alcanza a altos cargos de los tres poderes. En el Ejecutivo, incluye al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios de Estado, directores y subdirectores. También involucra a entes descentralizados como el Hospital Central Ramón Carrillo, Laboratorios Puntanos y San Luis Agua, entre otros 29 organismos.
En el Legislativo, el test será obligatorio para senadores, diputados provinciales y miembros de las mesas directivas de ambas cámaras. Mientras que, en el Poder Judicial, la medida afectará a jueces del Superior Tribunal, camaristas, jueces de primera instancia, fiscales y defensores oficiales.
Además, la normativa contempla a miembros del Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo y su adjunto.
La implementación del narcotest generó polémica en San Luis, con voces a favor y en contra dentro del arco político y judicial. Algunos sectores cuestionaron el criterio del sorteo y la obligatoriedad del pago por parte de los funcionarios.
Desde el oficialismo, defienden la medida como una herramienta para garantizar la transparencia en la administración pública.“El objetivo es demostrar a la ciudadanía que los funcionarios están libres de drogas ilícitas“, afirmó un vocero del gobierno provincial.
A pocos días del primer sorteo, la expectativa crece entre los funcionarios que deberán estar atentos a la Lotería de San Luis, sabiendo que un simple número puede obligarlos a someterse a un control cuyo resultado podría definir su futuro en la función pública.
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