Dudas en el Gobierno por los tiempos para debatir el temario completo de las sesiones extraordinarias

Los tiempos son el talón de Aquiles del Gobierno en el período que impuso el oficialismo para las sesiones extraordinarias. Dos de las cuatro semanas pasarán entre negociaciones previas a las dos sesiones -por Ficha Limpia y PASO, principalmente- en Diputados. Y después deberán esperar siete días para ir al Senado. Y por ahora no ven sentido en tratar los pliegos de Lijo y Mansilla antes de que se termine el debate en la Cámara baja.

Los legisladores tienen cuatro semanas para tratar los siete temas que propuso el Ejecutivo. Y el Gobierno arrancó tarde: logró convocar a los bloques dialoguistas sólo después de la fecha de inicio, el martes pasado, porque alegaron que varios en su bancada estaban de vacaciones. Ahora, admiten en Balcarce 50, un mes no parece suficiente para culminar con todas las discusiones a tiempo.

Así lo advirtieron desde la oposición dialoguista en el Parlamento, y en la Casa Rosada no descartaron avanzar sólo con la media sanción para los proyectos en Diputados, y postergar hasta las ordinarias el resto de la discusión, en el Senado. “No tenemos apuro”, dijo, con tranquilidad, un importante asesor, y aseguró que es “posible y probable” que así ocurra.

Inclusive, en la Casa Rosada estarían dispuestos a patear el proyecto de reforma electoral y política, que entre otras cosas busca eliminar las elecciones primarias. Lo cual, en principio, sería poco ortodoxo, porque el año electoral ya está en curso. Pero a la tropa de Milei nunca le importaron las reglas no escritas de la política. “Tenemos tiempo hasta que arranque el cronograma electoral, en mayo”, dijo un asesor presidencial. Y dejó abierta la puerta a que se prolongue la discusión.

En la Casa Rosada se muestran sin cuidados con los tiempos. Saben que los votos están complicados para la reforma electoral, porque en los propios bloques de PRO y la UCR de Rodrigo de Loredo hay pruritos. Y en todo caso, podrían necesitar del bloque de UP, de quien dependerá también el futuro de los pliegos para la Corte Suprema, en el Senado.

Hay quienes admiten que están negociando con el kirchnerismo y que la moneda de cambio por obtener la eliminación de la PASO -con la cual la tropa de Cristina Kirchner y afines estaría de acuerdo- sería dar de baja ficha limpia. Otros niegan a rajatabla tanto las conversaciones subterráneas con el bloque “enemigo” -que, los libertarios lo saben, disgustan al electorado propio. Y aseguran que no hay forma de que “entreguen” ese proyecto. “Es un deseo de Javier, vamos a hacer todo lo posible para que se cumpla”, sostuvo un funcionario.

Con respecto a la PASO, una salida intermedia sería que el Gobierno cediera ante una suspensión, y dejara para más adelante las aspiraciones de eliminación. Y cada vez con mayor seguridad se muestran inclinados a ceder, incluso aquellos funcionarios que lo descartaban de plano hasta la semana pasada.

“No vamos a vetar una suspensión, pero no es lo que queremos”, dijeron, como para dar a entender que darían el visto bueno, por omisión, a una solución salomónica del brete.

Hay quienes admiten, muy por lo bajo, que al postergar el primer turno electoral para octubre el Gobierno busca ventajas desde el punto de vista político, además del mentado ahorro que pregonan en público. Una es ganar tiempo para lograr una mejor performance en octubre. La otra es asegurarse de que Karina Milei tenga la lapicera en caso de que se vean obligados a forjar una alianza institucional con el PRO.

Las conversaciones podrían enturbiarse aún más desde que el Gobierno confirmó ayer que enviará en ordinarias un proyecto de “igualdad ante la ley”, que intentará dejar sin efecto una serie de normativas vinculadas al género y la inclusión y defensa de las minorías, como la ley de cupo trans, la tipificación del Femicidio en el Código Penal, la ley que brinda cursos de formación en género para los empleados estatales, entre otras.

Esta iniciativa pondrá indefectiblemente en pie de guerra a los sectores más progresistas del arco político: todo Unión por la Patria; pero también a las alas de centro de PRO y de Encuentro Federal, que son aliados del oficialismo. Sin estos últimos, La Libertad Avanza no tiene forma de avanzar un solo paso con ninguno de los proyectos del temario. En la Casa Rosada relativizaron el impacto de esa medida en la batalla que se libra hoy en el Congreso: “Son cosas distintas, y esto se trata de defender lo que pensamos”, dijeron, mientras en las redes sociales empezaban a aparecer las primeras muestras de férreo desacuerdo.

En principio, el Gobierno tiene planeado que la semana que viene empiecen a exponer asesores técnicos para explicar los planes del oficialismo al Congreso. Y que la siguiente, entre el 4 y el 5 de febrero, se hagan las primeras reuniones en comisión. Pero aparecen titubeos al hablar del momento que se fijará para primera sesión en la Cámara baja.

En principio, Francos les había planteado a Cristian Ritondo, Rodrigo De Loredo y Oscar Zago que planeaba llevarla a cabo el jueves de la misma semana, que cae 6. Pero no hay nada seguro, y en la bancada violeta piden esperar, en medio de las dudas sobre las voluntades para ambos proyectos. Inclusive se replantean el diseño de dos sesiones distintas para la reforma electoral y Ficha Limpia, como se había planteado inicialmente.

“Estamos en un proceso, las cosas van a ir cambiando”, dijeron, claramente imposibilitados para mostrar certezas, en Balcarce 50. Pero admitieron que las fechas se complicarán si se tiene en cuenta que el reglamento exige que pasen siete días entre la aprobación de un proyecto de ley en Diputados y su tratamiento en el Senado. Las sesiones extraordinarias terminan el 20 de febrero.