El Gobierno oficializó la intervención del Hospital Bonaparte en medio del proceso de readecuación de trabajadores

Tal como había anunciado, el Gobierno nacional oficializó la intervención del Hospital Bonaparte, limitó las funciones de su director y confirmó a Mariano Pirozzo como el encargado de llevar adelante el proceso de revisión interna.

La medida había sido informada por el Ejecutivo durante la tarde del miércoles y se hizo efectiva mediante la publicación de la resolución 360/2025, en el Boletín Oficial, que establece: “Dispónese la intervención, a partir del dictado de la presente medida, ‘ad-referéndum’ de su aprobación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Hospital Nacional en Red especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización de la Secretaría de Gestión Sanitaria, del Ministerio de Salud, por el plazo de 1 año”.

En ese sentido, la medida también restringe las funciones del director actual del Hospital, Christian Francisco Baldino.

Al momento de confirmar el inicio de este proceso, el Ejecutivo adelantó que el interventor sería Mariano Bruno Priozzo, quien hasta el ahora se desempeñaba como director de Atención Médica y Tratamiento en el Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer”. Por esto mismo, en la misma normativa, se aceptó su renuncia al cargo que ocupaba y se oficializó su designación.

En el considerando de la resolución, el Gobierno alega que tomó esta decisión para “asegurar la operatividad del Hospital, considerando la ausencia de las máximas autoridades asistenciales del mismo, y en virtud de razones de oportunidad, mérito y conveniencia fundadas en el actual estado del organismo”.

Según informaron horas antes de la publicación de la resolución, se detectaron varias irregularidades dentro de la institución sanitaria; sobre todo, en lo relacionado con el personal. “326 empleados habían ingresado durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, y que, para los servicios de guardia e internación, había 109 empleados para asistir 55 camas de internación, con una ocupación promedio de solo 19 pacientes por mes. Asimismo, se contabilizan 38 consultorios externos que atendían en promedio 5 consultas diarias”, precisaron.

“El ajuste de las licitaciones de limpieza y seguridad permitirá un ahorro de $760 millones, según explicaron las autoridades. Se espera que la revisión de estos contratos genere una reducción del 35% en el costo del servicio de limpieza y del 45% en el de seguridad para este año”, indicaron.

Estas medidas forman parte del Plan de Eficiencia de Hospitales 2024-2025, impulsado por el ministro de Salud, Mario Lugones. El plan también incluye una revisión exhaustiva de las licitaciones de servicios tercerizados, con el objetivo de eliminar sobreprecios y prácticas irregulares detectadas.

Desde el Gobierno aseguraron que “cuidar la salud de los argentinos requiere también de un uso eficiente de los recursos”, en referencia al impacto del manejo inadecuado de los fondos y el aumento desmedido de personal en el funcionamiento del hospital.

Según las autoridades, estas situaciones han afectado directamente la capacidad de atención del centro médico. Frente a este panorama, se busca garantizar la transparencia y eficacia necesarias para mejorar su operatividad y asegurar un servicio adecuado a la población.

Durante el análisis detallado, se descubrió que en el área de medicina integral había 12 profesionales que atendían un promedio de 822 consultas mensuales. Esto equivale a 27 consultas diarias, lo que se traduce en poco más de 2 pacientes por profesional, según informaron fuentes del sector a Infobae.

En las especialidades médicas, también se identificó una desproporción entre la oferta de profesionales y la demanda de pacientes. Entre los casos destacados, se mencionaron 8 nutricionistas que atendían un promedio de 4 consultas diarias cada uno y 8 odontólogos con un promedio de 1 paciente al día por profesional. Además, el desglose de personal incluyó la presencia de un licenciado en Antropología, lo que llamó la atención de las autoridades.

El informe reveló que, además, gran parte de los fondos no se destinaban al 100% a los recursos físicos y humanos del hospital, sino que una proporción significativa financiaba prestaciones cuyos valores estaban “inflados”.