Extradición de Kueider: en Paraguay afirman que el pedido del argentino tiene “defectos de forma y de fondo”

La fiscal adjunta de Paraguay Matilde Moreno emitió un dictamen en el que solicita requerir a la Justicia Argentina información adicional y aclaraciones respecto de la solicitud de extradición del ex senador Edgardo Kueider y su acompañante, Iara Guinsel Costa, formulado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en la causa en la que lo investiga en nuestro país por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La solicitud, según la fiscal adjunta paraguaya, “contiene errores que son destacables en materia de exhortos”, por lo que requiere que se pidan aclaraciones y precisiones a la Justicia argentina, y que complemente la información que fundamenta el pedido de extradición emitido por la jueza argentina el 16 de diciembre pasado, con fines de detenerlos en Argentina y tomarles declaración indagatoria. Moreno consideró que “no contaba con la información necesaria para un pronunciamiento adecuado y ajustado a derecho en este momento, por defectos de forma y fondo atribuibles al Estado requirente”, por lo que no podía expedirse en esta instancia sobre el pedido de extradición.

El dictamen concluye que se debe “solicitar al Estado requirente ─por la vía diplomática pertinente─ informe, aclare y complemente la presente solicitud de extradición formulada”. Esta solicitud demoraría la resolución del pedido para que Kueider y Guinsel Costa sean enviados de regreso detenidos a Argentina, a fines de ser indagados por la Justicia argentina, como pretende Arroyo Salgado y el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez.

Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de esa localidad de la Provincia de Buenos Aires, investiga a Kueider en dos causas conexas: la de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero abierta a mediados del 2024 y la conocida como el “Caso Securitas”, en la que se determinó la existencia del pago de coimas por parte de directivos de esa empresa de vigilancia privada a funcionarios de la firma Energía de Entre Ríos SA, (ENERSA) a fin de obtener y mantener las concesiones de contratos de prestación de servicios de seguridad. Abierta en 2020, en ese expediente hay casi una veintena de procesados, acusados de los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

El exhorto con la solicitud de extradición incluyó el pedido de secuestro de sus celulares y el allanamiento del departamento donde cumplen prisión domiciliaria en Asunción. La magistrada dictó, además, el pedido de captura internacional de ambos por si fueran liberados por la Justicia paraguaya.

El escrito de la fiscal Moreno fue enviado al Juzgado de Paraguay que debe decidir si otorga o no la extradición. Se trata de un magistrado diferente al que interviene en la causa por presunto contrabando de divisas. Kueider y Guinsel Costa cumplen prisión preventiva domiciliaria en un departamento de lujo en Asunción desde que fueron interceptados con más de USD 200.000 en efectivo, sin declarar, al cruzar la frontera desde Brasil, hacia Ciudad del Este, en Paraguay.

La fiscal señaló en su contestación que “no obra en el cúmulo de documentos recibidos por el estado requirente”, la resolución judicial que resolvió la acumulación de las dos causas, “a fin de conocer los motivos de hecho y de derecho que llevaron a tal decisión judicial”. Por eso considera que “la Justicia argentina no indica con precisión cuáles son los hechos punibles (delitos/crímenes) atribuidos a los requeridos, requisito indispensable para el estudio -en el momento procesal oportuno- de la Doble Incriminación y garantizar el Principio de Especialidad”.

En el dictamen, Moreño advirtió que “a través de la Nota MRP/AJURI N.º 436/2024, la Embajada de Argentina refiere que la solicitud de extradición se remite a fin de que ambos requeridos sean sometidos a proceso. Por lo que, lo expresado por la Embajada Argentina no se relaciona con lo que la única autoridad competente -Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º I de San Isidro de Buenos Aires- requiere, que es la declaración indagatoria de ambos”.

Y en ese sentido, agregó que “teniendo en cuenta que ambos requeridos se encuentran sujetos a un proceso en el territorio paraguayo, el Ministerio Público estima que tal petición podría salvarse con una carta rogatoria específica para lograr la oportunidad procesal y derecho de ser oídos en un proceso penal, lo que deviene un contradictorio en la pretensión del trámite”.

Indicó además que “ambos se encuentran sometidos a proceso en Paraguay”, y, recordó que “el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la capital, a cargo del juez Humberto Otazú, entendió pertinente y legalmente viable que litiguen con medidas alternativas a la prisión preventiva”.

En el proceso de extradición en Paraguay, interviene el Juzgado que debe resolver el pedido de la jueza Arroyo Salgado y el Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales de Paraguay, a cargo de Manuel Doldán. Este último se encarga de revisar si el pedido cumple con los requisitos formales. Doldán está de licencia por vacaciones y es subrogado por Moreno, fiscal adjunta en Crimen Organizado.