Una ex ministra de Chubut fue declarada culpable por nombrar “ñoquis” y por pedirle la mitad del sueldo a algunos empleados

La ex ministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola, fue declarada culpable por el Tribunal Colegiado de la provincia este lunes en la causa que se le sigue por fraude a la administración pública y exacciones ilegales que se conoce como “Ñoquis calientes”. Dentro de una semana se conocerá cuál será la pena que deberá cumplir

El Tribunal dictaminó que Torres Otarola incurrió en cuatro hechos del delito de fraude a la administración pública al proponer el nombramiento de funcionarios públicos que no realizarían trabajo alguno e igual cobrarían un sueldo del Estado. Y también de tres hechos del delito de exacciones ilegales, por el pedido indebido de la mitad del sueldo a sus asesores legislativos para la conformación de una caja política. La Fiscalía la había acusado de ocho irregularidades y se comprobaron siete.

En los casos de fraude, tres ocurrieron en la cartera que conducía Torres Otarola y uno en la Legislatura.

“La pena a solicitar va a ser superior a los 3 años, es decir, de cumplimiento efectivo, en caso de que podamos probar los delitos imputados”, había dicho el fiscal Omar Rodríguez hace algunos días. Según las calificaciones legales escogidas, la escala penal partirá desde los 2 años más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Además de la ex ministra, quien también se desempeñó como diputada provincial, hubo otros exfuncionarios que también fueron declarados culpables. Se trata de Silvia Cañumil, quien había sido nombrada como asesora en la Legislatura de Chubut pero trabajaba efectuando tareas domésticas y estaba al cuidado de los hijos de Torres Otarola en la casa de la ex funcionaria, y de Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Reto Trelles. Estos últimos fueron designados como directores en el mismo ministerio aunque sabían no tendrían que cumplir con esas funciones.

Asimismo se resolvió la absolución de otras dos personas, Branco Rodera Neira y Jaquelina Rodera, porque no se pudo probar que no realizaban las tareas para las cuales habían sido contratados.

Integraron el Tribunal la jueza Marcela Pérez Bogado como presidenta y los vocales, José Luis Ennis y Carlos Richeri.

En la causa debió declarar como testigo el ex gobernador de la provincia patagónica, Mariano Arcioni, quien en su testimonio respondió con evasivas y dijo que no recordaba determinados temas relacionados con las designaciones durante su gestión entre 2019 y 2023.

Según el Ministerio Público Fiscal de Chubut en el caso de las exacciones ilegales, con el pedido indebido de parte del sueldo a sus asesores, para la Justicia quedó acreditado que esta maniobra se la realizó al denunciante del caso, el contador Martín Sandoval, y a otros dos asesores por ella designados, Erica Paludi y Alexis Gangas.

De acuerdo a las investigaciones, en el juicio que se inició el 10 de diciembre la ex ministra habría obligado el retorno de parte de los sueldos de los empleados que ella misma habría ayudado a ingresar -ahora coimputados- en carácter de asesores en la Legislatura provincial. Lo mismo habría realizado en su gestión como Ministra de la Familia, con la designación altos rangos a personas cercanas a ella que no vivían en la zona (todos tenían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires) ni tampoco realizaban una contraprestación para el Estado. Por ese motivo, la causa judicial se empezó a conocer en los medios de comunicación bajo la denominación de “ñoquis calientes”.

El lunes 6 de enero se realizará la audiencia de cesura de pena en la que las partes debatirán la pena que se les impondrá a cada uno de los que fueron hallados culpables.