Puja de senadores con el Gobierno ante un eventual descongelamiento de las dietas: “Ganancias nos parte”

En medio de la sesión que realizó el jueves pasado el Senado para expulsar al peronista disidente Edgardo Kueider, detenido la semana pasada en Paraguay con más de USD 200.000 sin declarar, en la Cámara alta se activó el germen de un nuevo conflicto que promete polémica: el descongelamiento de las dietas de los legisladores desde el 1 de enero próximo -a cobrar en febrero-, con haberes en bruto que pasarán con comodidad los $9 millones y furiosas quejas por el “daño” que provoca el impuesto a las Ganancias, que varios bloques votaron meses atrás cuando se modificó el vigente paquete fiscal atado a la Ley Bases.

Para entender la disputa, hay que retrotraerse a abril del corriente año, cuando los hoy peleadísimos oficialismo y oposición pactaron sin chistar un nuevo sistema de dietas y lo aprobaron en el recinto. Desde ahí, los sueldos pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo. Sobre este último punto, sólo cuatro no lo cobran. Además, los legisladores se agregaron una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Esto representó, desde dicho mes, más de $7 millones en bruto.

Tras la polémica generada ante el penúltimo aumento otorgado a empleados legislativos -que estaba atado al de los senadores- del 6,6% para julio y agosto, el pleno de la Cámara alta anuló la suba en cuestión y congeló sus dietas hasta el 31 de diciembre, en una votación unánime, con 65 adhesiones.

El mes pasado, en un movimiento que ayudó a descomprimir la presión y bajar las fuertes críticas de empleados cumplidores -suelen ser los más perjudicados- contra los gremios legislativos -APL, de Norberto Di Próspero, el sindicato más importante-, el Congreso cerró una paritaria casi idéntica a la del Ejecutivo con estatales: una suba de 6,13% -acumulado-, de septiembre a diciembre. No corrió para los senadores, que tenían vigente el congelamiento hasta fin de año.

Durante la sesión del jueves último y, como relataron desde casi todas las bancadas a Infobae, quien sacó el tema en medio de la urticante sesión para remover a Kueider fue nada menos que la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. “Nos estábamos matando entre todos y eso generó un clima peor en el recinto. Aún sigo sin entender por qué lo hizo”, confió un jefe de bloque.

La respuesta, claro está, fue negativa. No obstante, existe un problema que hizo estallar en furia a varias bancadas por el impuesto a las Ganancias. “Nos parte al medio. Ahora te agarran todos los conceptos, así que ningún módulo queda a salvo”, manifestaron a este medio. Otros dos reconocieron, 15 días atrás, que incluso cobraron menos al comparar noviembre versus octubre.

Desde otro despacho intentaron bajar el tono al asunto ya que, en caso de tomar una decisión, habrá tiempo de una definición hasta alrededor del 20 de enero, cuando se empiecen a cerrar las cuentas del mes en el Senado y a preparar los recibos de los legisladores, debido a que el potencial aumento no será efectivo hasta el siguiente mes. Una opción es arribar a un nuevo acuerdo y elevar un proyecto de resolución entre las bancadas para que Villarruel valide dicha medida.

En un rincón olvidado del Senado quedó el proyecto del jefe del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), que impone que el Presidente de la Nación tiene que tener un haber establecido en 20 salarios mínimo vital y móvil. Ése sería el máximo a aplicar a los miembros de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, y empresas y sociedades del Estado. Como el mínimo hoy está en 271.571,22 pesos, el del primer mandatario quedaría en 5.431.424,4 pesos.

Según ese proyecto, sobre autoridades superiores y jerárquicas como ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios y cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en los incisos a), b), c), y d) del artículo 8º de la Ley 24.156, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo, sus remuneraciones no podrán superar 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo concepto. Es decir, 4.073.568,3pesos.

Por otra parte, a partir de Secretarios de Estado, la cifra baja a 10 salarios, mientras que para Directores/as Ejecutivos de las Empresas y Sociedades del Estado -YPF por ejemplo- será de nueve haberes mínimos. Si el proyecto obtuviera la aprobación del Senado y la sanción de Diputados -hoy, lejano-, no sólo implicará que el Presidente tenga fijado su sueldo, sino que también impactará en la Corte Suprema de Justicia: magistrados del máximo tribunal pasarían a percibir poco más $4 millones, ya que en la escala quedarían con 15 Salarios Mínimo Vital y Móvil.