Radiografía de los barrios populares: fuerte caída del consumo de carne y leche, y aumento del endeudamiento

Un trabajo realizado por la organización social Barrios de Pie, realizado en los barrios populares de 15 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), reveló que el 87% de los hogares encuestados enfrenta algún grado de inseguridad alimentaria, “una cifra que evidencia la precariedad generalizada”, según argumentó Daniel Menéndez, el coordinador nacional de esa agrupación social y subsecretario de Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo con la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.

Entre esa población encuestada de manera presencial, el 60% sufre inseguridad alimentaria severa, lo que implica que, en el mes previo al trabajo, al menos una persona en estos hogares tuvo que omitir una comida completa debido a la falta de dinero o recursos. “Este escenario refleja una situación crítica para quienes residen en estos barrios, donde las posibilidades de acceder a una dieta nutritiva y equilibrada son extremadamente limitadas”, dice el informe que estuvo bajo la dirección técnica de los doctores Marcos Caviglia y Lucas Drucaroff y el especialista Rodrigo Ruiz.

El análisis se basó en indicadores y metodologías validadas por organizaciones internacionales y nacionales, incluyendo la Escala FIES de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para la medición de inseguridad alimentaria y las categorías alimentarias definidas en la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del Ministerio de Salud de la Nación.

Cambios en los patrones de consumo

Para los especialistas a cargo de la evaluación de los datos estadísticos, que ya fueron presentados al gobernador bonaerense Axel Kicillof, “el impacto de la crisis económica también se traduce en cambios notables en los patrones de consumo de alimentos”. En el último año, el 71% de los hogares declaró haber reducido su consumo de alimentos en general. Este descenso afecta de manera desproporcionada a los grupos alimentarios prioritarios:

• Proteínas: el 93% de los hogares redujo el consumo de alimentos ricos en proteínas, como carne, pollo, pescado o huevos. Entre quienes lograron compensar esta reducción, el 76% aumentó el consumo de hidratos de carbono, optando por alimentos más económicos como arroz, polenta o pastas.
• Frutas y verduras: cerca del 89% de los hogares disminuyó el consumo de frutas, mientras que el 86% redujo el consumo de verduras no altas en hidratos de carbono.
• Lácteos: una disminución similar afectó a productos como leche, yogurt y quesos, con un 87% de hogares recortando su ingesta.

Relación entre endeudamiento e inseguridad alimentaria

El análisis muestra que el endeudamiento de los hogares es un factor clave en el agravamiento de la inseguridad alimentaria. Un 74% de los hogares encuestados tuvo que recurrir a préstamos o deudas para llegar a fin de mes. En estos casos, el 97% enfrenta inseguridad alimentaria, lo que refleja una correlación directa entre la falta de recursos económicos estables y el acceso limitado a alimentos.

La situación se agrava en los hogares con niños, niñas y adolescentes. A medida que aumenta la proporción de menores por adulto en el hogar, también se incrementa la prevalencia de inseguridad alimentaria y la dependencia de alimentos menos nutritivos. Un hallazgo preocupante es el predominio del consumo de cortes de carne altos en grasa en estos hogares, lo que resalta la dificultad para acceder a opciones más saludables. Para los nutricionistas y médicos que supervisaron las tareas: “Estos resultados ofrecen un panorama desolador, donde las carencias alimentarias afectan tanto la salud como el desarrollo de la población más vulnerable”.

Contexto general de la situación alimentaria en barrios populares

El trabajo de campo, además de CABA, se realizó en los asentamientos incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán

Para Daniel Menéndez, quien fue funcionario en el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, “la situación alimentaria en los barrios populares de Argentina refleja una crisis estructural agravada por las condiciones económicas y sociales del país”. Y opinó: “En un entorno donde los ingresos de las familias son insuficientes para cubrir necesidades básicas, la inseguridad alimentaria se ha convertido en una problemática alarmante que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables, en particular a niños, niñas y adolescentes”.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares, en Argentina hay 6.467 barrios populares que ocupan una superficie de 684,20 kilómetros cuadrados. Esto es más de tres veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En esos barrios hay 1.124.797 viviendas y los habitan 1.237.795 familias, unas 5.000.000 de personas.

La inmensa mayoría de los hogares tienen una “conexión irregular a la red de agua”, que abarca al 56,63% de las casas. El 15,7% tiene bomba de agua de uso domiciliario; y sólo el 8,43% tiene una “conexión formal a la red de agua con factura”.

Tal como publicó Infobae, la Mesa Nacional de Barrios Populares, conformada por referentes barriales y organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la ONG TECHO y Cáritas Argentina, una organización de la Iglesia Católica, entre otras, ha publicado un informe basado en datos oficiales que revela la paralización de las obras de urbanización en los barrios populares de todo el país, el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y la falta de ejecución del programa Mi Pieza. Este presupuesto está destinado a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables del país, que son el epicentro de los mayores índices de pobreza e indigencia de los últimos 20 años, según los datos difundidos por el INDEC.

El documento difundido por Barrios de Pie también sostiene que el contexto económico actual está marcado por una combinación de factores que profundizan las desigualdades sociales:

• Caída del salario real: La pérdida del poder adquisitivo de las familias ha reducido significativamente su capacidad para adquirir alimentos y otros bienes esenciales.
• Pérdida de empleo: La precarización laboral, tanto en el sector formal como informal, ha dejado a muchas familias sin ingresos regulares.
• Inflación en la Canasta Básica Total (CBT): El aumento sostenido de los precios, especialmente en productos alimenticios, dificulta aún más el acceso a una dieta equilibrada.
• Congelamiento del programa Potenciar Trabajo: Esta medida ha afectado directamente a miles de beneficiarios en los barrios populares, reduciendo aún más sus ingresos disponibles.

En el informe se sostiene: “Estos elementos han establecido un nuevo y más alto piso de pobreza e indigencia en el país, con consecuencias directas sobre la capacidad de las familias para garantizar su alimentación diaria”.

Situación alimentaria infantil

El equipo de relevamiento de datos y entrevistas estuvo conformado por 300 promotoras y promotores comunitarias de salud. A través de esa encuesta concluyeron que “en los hogares de barrios populares, los ingresos están cada vez más comprometidos con los gastos esenciales, especialmente en alimentos. La priorización de productos de menor costo y calidad refleja los ajustes que las familias han hecho para sobrevivir frente a la inflación y la reducción de ingresos. Esto, a su vez, tiene impactos negativos en la salud y el bienestar, al limitar el acceso a alimentos nutritivos y variados.

El texto, al que accedió este medio también destaca: “Según datos de UNICEF, más de 1,5 millones de niños en Argentina omiten al menos una comida diaria, un indicador crítico de la crisis alimentaria. Este escenario no solo afecta su nutrición inmediata, sino también su desarrollo físico y cognitivo a largo plazo, con implicaciones que podrían perpetuar el ciclo de pobreza en estas comunidades”. Este panorama -afirma el documento- “destaca la necesidad urgente de intervenciones específicas que aborden tanto las causas estructurales como los efectos inmediatos de la inseguridad alimentaria en los barrios populares”.