Un gremialista municipal de Paraná imputado por el delito de “compulsión a la huelga” durante un bloqueo - que dejó sin recolección de basura - logró que la Justicia lo deje afuera de la instancia de un juicio. A cambio, acordó pagar una indemnización y cumplir normas de conducta.
En diciembre de 2022, una interna sindical dejó a la capital de Entre Ríos sin el servicio por unas horas. Se trató de una puja por el dominio del Suoyem (sindicato de obreros y empleados municipales) que, según la reconstrucción de los hechos, estaba disfrazada de conflicto salarial.
En aquella oportunidad, a Eduardo Vital Soñez, alias “Edu” o “Lalo”, se lo vio en un Onix Blanco en la Unidad Municipal 1 presionando a los trabajadores para que se sumen a una huelga que había sido convocada por la fracción de Osvaldo César “Pacha” Palacios, a la que pertenecía Soñez. La medida había tenido poco acompañamiento, por lo que el sector decidió presionar a los trabajadores municipales a que se sumen.
En paralelo, unas 30 personas bloquearon la salida de camiones para evitar que se junte la basura con la excusa de un reclamo salarial que no era tal. En rigor, Palacios estaba perdiendo peso en la interna del Suoyem, un sindicato acostumbrado a cogobernar con las administraciones municipales electas, pero que en ese momento había sido corrido de escena por el ex intendente Adán Bahl.
Este jueves 21, el juez Pablo Zoff convalidó un acuerdo de suspensión del juicio a prueba al que arribaron la defensa del gremialista y la Fiscalía, representada por Martín Wasinger. En la probation, se estableció que Soñez debía compensar con $5 mil a cada una de las dos víctimas de los aprietes de diciembre del 2022 (CB y HF) y cumplir con 96 horas de trabajo comunitario.
Antecedentes y consecuencias
Tras la denuncia que presentó en aquel momento la administración municipal, hechos de esta naturaleza no se han vuelto a repetir. El accionar directo de la facción sindical comenzó el martes 13 de diciembre de 2022. Ante la escasa convocatoria, el día siguiente se puso en marcha un operativo de apriete. La Municipalidad denunció lo que había ocurrido, lo que provocó que por un lado la Secretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria y, por otro, que Wasinger iniciara un legajo penal.
Inicialmente, los imputados fueron 8: “Pacha” Palacios, y Juan Marcelo “Rulo” Escobar, un empleado del gobierno local sumariado y con una causa abierta por narcotráfico. También fueron señalados Adrián Villalba, José Juan Carlos Molina, Roberto Carlos Mascrachio, Martín Ricardo Giles, Marta Cáceres y Patricia Vergara.
El funcionario judicial Wasinger tuvo como antecedentes del caso exposiciones hechas el miércoles por trabajadores del municipio que sufrieron aprietes de grupos que se movían en dos autos y que amedrentaban a las cuadrillas para que cesen en las labores.
Tras la denuncia, el entonces intendente Adán Bahl habló de la existencia de “mafias”. “Hay que erradicar definitivamente las mafias que existen en distintos lugares y que aprovechan estos momentos y los que vienen, de mayor exposición política, para erosionar e intentar posicionarse”, indicó.
“El paro ha sido netamente político. No hay situaciones de falta de pago. Hemos llevado adelante una paritaria por encima de la mayor parte de los municipios del país. El trabajador municipal lo ve y lo valoriza”, expresó el mandatario local.
Además, señaló: “Vamos a tener que acostumbrarnos de acá hasta las elecciones a este tipo de situaciones. Porque se mezcla la política”. El intendente pidió a los vecinos “defender los valores de nuestra ciudad”.
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