El Gobierno nacional resolvió anular la jubilación especial de la expresidenta Cristina Kirchner, así como la pensión que cobraba como viuda del expresidente Néstor Kirchner, en otro gesto simbólico de la presidencia de Javier Milei contra lo que la gestión libertaria denomina como los “privilegios de la casta”.
Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, la medida “significa para los argentinos un ahorro, al menos de la asignación que se cobraba en mano de unos 21.827.624 pesos”.
La decisión del Poder Ejecutivo se anunció a raíz de la confirmación de la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que la Cámara Federal de Casación Penal dictó contra la dos veces presidenta de la Nación. La condena se vincula con un caso de administración fraudulenta en la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz.
“Durante el mandato del presidente Javier Milei en Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción”, dijo Adorni sobre el anuncio, ante los medios acreditados en la Casa Rosada.
Se trata de una resolución que se encuadra con la intención del Poder Ejecutivo de empezar a revisar y restringir los beneficios excepcionales que suelen otorgarse a los exmandatarios, quienes perciben una asignación vitalicia de por vida por las responsabilidades asumidas en la función pública. El haber es equivalente a la remuneración de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de quienes ejercieron la primera magistratura, y de tres cuartas partes de ese monto para los vicepresidentes.
“El beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidente de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, justificó el vocero.
Para Adorni, “la jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina” y “más aún, si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos, que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”.
“Esto es nada más ni nada menos que otorgar un manto de sentido común y cordura a la gestión pública”, sentenció el portavoz, sobre la medida de quitarle el beneficio previsional a CFK.
Hasta este mes, el Estado pagaba unas 9 pensiones vitalicias a expresidentes y exvicepresidentes por haber ocupado la primera magistratura, y otras cuatro a tres viudas y a una hija de exmandatarios. Los valores van de $5 a $21 millones.
En el fallo de la Sala IV, conocido este miércoles, Casación argumentó que el delito cometido “tenía consecuencias trascendentales para las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez”.
La sentencia, de un total de 1541 páginas, confirmaba las condenas no solo para Cristina Kirchner, sino también para otros implicados como José López y Nelson Periotti, así como varios exfuncionarios del área de Vialidad de Santa Cruz. Estos exfuncionarios recibieron sentencias que varían entre tres y seis años de prisión.
Sin embargo, se espera que el fallo de Casación pueda ser apelado, ya que las partes involucradas tienen un plazo de diez días hábiles para presentar sus apelaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La resolución final depende del máximo tribunal, que no cuenta con plazos definidos para tomar una decisión.
La confirmación de las condenas fue validada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que respaldaron la decisión del tribunal de alzada, mientras el juez Gustavo Hornos también encontró que hubo culpabilidad de Cristina Kirchner, pero le propuso añadir el delito de asociación ilícita, un punto que había sido solicitado por la Fiscalía. Además, los camaristas ordenaron el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos como parte de las medidas que acompañan el fallo.
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