Un plenario de las comisiones de Seguridad; y de Justicia del Senado, que comandan los legisladores Carolina Losada (UCR-Santa Fe) y Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja), respectivamente, intentarán destrabar mañana el dictamen de la ley anti mafias, un proyecto ya aprobado por Diputados que aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y está diseñado para desactivar a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.
La iniciativa en cuestión, y la de regularización de armas de fuego y prórroga del programa de entrega voluntaria de las mismas, forman parte de la agenda primordial en seguridad que impulsa el Gobierno libertario desde que asumió el poder central. Una ley de ese combo ya sancionada y en vigencia es la que amplió el registro de ADN y puso el foco en violadores.
El encuentro plenario de este miércoles -desde las 16- servirá para saber si el oficialismo cuenta de verdad con sus aliados habituales de ambas comisiones para firmar un dictamen de mayoría, una cuestión que sembró dudas la semana pasada.
Durante la última reunión se aclaró que un problema de vuelos -por el salvaje paro de gremios aeronáuticos- dificultó la posibilidad de sellar un despacho, aunque también se encontraban varios legisladores de viaje por Estados Unidos -invitados como veedores de las elecciones presidenciales- y, como suele ocurrir, el kirchnerismo no asistió al plenario. Por ello la necesidad de contar con la oposición dialoguista en las próximas horas. Si no, quedará a la vista que el proyecto no cuenta con el mismo acompañamiento obtenido en Diputados.
En la Cámara baja, el oficialismo destacó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó como base para su proyecto la norma de los Estados Unidos, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como RICO, junto a la iniciativa antimafia de Italia.
La Ley RICO es una normativa federal contra la extorsión criminal y mafias corruptas, que fue aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa. Enumera unos 30 delitos muy genéricos, entre los que se incluyen fraudes, quiebras, malversación de fondos sindicales, lavado de dinero, etcétera. Y permite, si se combinan dos de ellos, avanzar e ir contra todos los miembros de la organización.
Un detalle no menor de esto es que la norma también elimina las diferenciaciones de penas según el rol dentro de la mafia: todos serían penados por igual, desde el jefe hasta aquel que recién ingresa en la organización criminal. En el caso de la legislación italiana, lo que propone también abarca mucho más: establece que serán condenados no sólo quienes reciban dinero de las mafias, sino también quienes las favorezcan directa o indirectamente y/o avalen favores, incluso, sin aceptar plata.
La semana pasada expuso en el Senado ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni: resaltó que Diputados fue generoso con las sugerencias aceptadas y que el proyecto es “ampliamente superador de la propuesta original”. Y fue más allá: reconoció que la oposición le dio al oficialismo provincial -no es libertario- herramientas para ir contra el crimen organizado y que “no sería justo” que no ocurriera lo mismo a nivel nacional.
Cococcioni también contó que, a la misma altura del año pasado, en Santa Fe, se habían registrado 332 homicidios dolosos y que, en comparación con el actual, hubo 149, “casi el 55%”. En tanto, en Rosario, se pasaron de 224 a 79, un tercio. El fin de semana pasado se agregaron los crímenes del jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte, y su ladero Daniel Raúl “Rana” Attardo.
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