Se dilata el dictamen de la ley anti mafias en el Senado y habrá un nuevo intento la próxima semana

Las comisiones de Seguridad; y de Justicia del Senado, que comandan Carolina Losada (UCR-Santa Fe) y Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja), respectivamente, se vieron obligadas a demorar este miércoles un dictamen para la ley anti mafias impulsada por el Gobierno. El texto, que ya fue aprobado por Diputados, aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y está diseñado para desactivar a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.

Según comentó Losada durante el plenario, el problema con los vuelos -tras un paro salvaje de gremios aeronáuticos- imposibilitó la firma de un despacho de mayoría. No obstante, hay otros dos factores relevantes: el deseado viaje de varios senadores a los Estados Unidos -por las elecciones presidenciales que ganó el republicano Donald Trump- y pequeñas dudas que todavía persisten sobre una iniciativa de la Casa Rosada que, en la Cámara baja, recibió varias modificaciones y fue mejorada de manera sustancial.

En el Senado también se complica el panorama de los dictámenes por la intermitencia del kirchnerismo a la hora de asistir o no a comisiones, algo que quedó más que evidente entre el plenario sobre anti mafias y la posterior conformación de la de Ciencia, que quedó para la cristinista Silvina García Larraburu (Río Negro). Allí se mostraron varios colegas de interbloque que levantaron las dos manos para votarla como titular. Son cuerpos que tendrían que haberse activado meses atrás.

La ley anti mafias contempla una pena más alta de ocho a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación. Otro punto muy importante es que el castigo por delito más grave que le corresponda a quien cometió un delito también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella.

Durante su tratamiento en Diputados, el oficialismo destacó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó como base para su proyecto la norma de los Estados Unidos, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como RICO, junto a la iniciativa antimafia de Italia.

La Ley RICO es una normativa federal contra la extorsión criminal y mafias corruptas, que fue aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa. Enumera unos 30 delitos muy genéricos, entre los que se incluyen fraudes, quiebras, malversación de fondos sindicales, lavado de dinero, etcétera. Y permite, si se combinan dos de ellos, avanzar e ir contra todos los miembros de la organización.

Un detalle no menor de esto es que la norma también elimina las diferenciaciones de penas según el rol dentro de la mafia: todos serían penados por igual, desde el jefe hasta aquel que recién ingresa en la organización criminal. En el caso de la legislación italiana, lo que propone también abarca mucho más: establece que serán condenados no sólo quienes reciban dinero de las mafias, sino también quienes las favorezcan directa o indirectamente y/o avalen favores, incluso, sin aceptar plata.

Durante el plenario de este miércoles fue interesante la exposición del ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni: resaltó que la Cámara baja fue generosa con las sugerencias aceptadas y que el proyecto es “ampliamente superador de la propuesta original”. Y fue más allá: reconoció que la oposición le dio al oficialismo provincial -no es libertario- herramientas para ir contra el crimen organizado y que “no sería justo” que no ocurriera lo mismo a nivel nacional.

Cococcioni también contó que a la misma altura del año pasado, en Santa Fe, se habían registrado 332 homicidios dolosos y que, en comparación con el actual, hubo 149, “casi el 55%”. En tanto, en Rosario, se pasaron de 224 a 79, un tercio.

Horas más tarde no solo se conformó la comisión de Ciencia del Senado, sino también la bicameral de Control Fondos de la Seguridad Social: quedó en manos del diputado radical y aliado libertario Martín Arjol (UCR-Misiones).