Los gremios que agrupan a los empleados estatales reaccionaron con cautela ante la resolución que publicó el Gobierno de Javier Milei en la que intiman al personal que cumpla las condiciones dentro de la administración pública para acceder a su jubilación. Entre los sindicalistas afirman que el impacto “será mínimo” y que el anuncio es “efectista”.
Esta tarde habrá una reunión en la localidad bonaerense de Moreno del Frente de Gremios Estatales en la que se analizará el tema aunque la principal preocupación, por el momento, sea la situación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que el Poder Ejecutivo anunció que será reestructurada con un importante recorte de su planta.
Como parte del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno dispuso que aquellos que formen parte del personal de planta permanente y que cumplan con los requisitos necesario para acceder al sistema previsional deberán iniciar los trámites jubilatorios ante la ANSES. Según las estimaciones oficiales, el universo afectado es de unas 10 mil personas que reúnen las condiciones necesarias para acceder al beneficio previsional, que actualmente establece que los hombres pueden hacerlo a los 65 años y las mujeres, a los 60.
La medida se hizo oficial mediante la publicación de la resolución 3/2024, del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, en el Boletín Oficial.
Desde la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Sturzenegger sostienen que “hay alrededor de 10.000 personas en edad jubilatoria de las cuales más de 6.800 corresponden a planta permanente”.
En la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general Rodolfo Aguiar, le manifestó a Infobae que “en general cada medida o acción que este Gobierno adopta se trata de cosas que ya existen, ya contempladas por la ley. No traen ninguna novedad”.
“Hay algunas excepciones para los empleados que estén bajo una tutela sindical. Eso los protege con la posibilidad de continuar con su mandato. Pero la medida en sí, tiene un mínimo impacto. En el caso de las mujeres lo estamos estudiando porque podían optar por no jubilarse a los 60 y prorrogarlo por otros 5 años. En ese sentido puede afectar más esta intimación”, explicó.
En el sindicato, de los más combativos en contra de las disposiciones que viene adoptando Milei sobre los estatales, creen que lo que se puede modificar con esta iniciativa es la “reducción de los plazos de gestión y el acceso del trámite y del beneficio previsional”.
Por lo pronto, están enfocados en el paro nacional de 36 horas que comenzará a las 12 del próximo martes 29 y que se extenderá a todo el miércoles 30, acompañando a los gremios del transporte. Para ese día está planificada una marcha al ministerio que encabeza Sturzenegger, quien -según Aguiar- es “el que la sacó más barata en todo esto”, en referencia a los recortes en el Estado.
En otro de los gremios involucrados, el de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), sostienen que “están analizando” lo que implica esta resolución gubernamental. Fuentes de ese sindicato indicaron que los tiene preocupados “los supuestos exámenes de idoneidad que se van a tomar a todos los estatales en diciembre”. Y que también la reducción “a la mínima expresión de organismos como el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) y el Consejo Federal de la Función Pública de la República Argentina (CoFeFuP) que se creó el 22 de diciembre de 1992″ son otros dos problemas que los mantienen alertas.
Por lo pronto, esta tarde con la participación de UPCN se reunirá el Frente de Gremios Estatales creado en tiempos de la Alianza, a fines de la década del 90, para discutir principalmente la disolución de la AFIP que anunció la administración de Milei.
Con esta normativa, el Gobierno instruyó a los titulares de las correspondientes entidades a intimar, en un plazo no mayor a 30 días hábiles desde hoy, al personal que reúna las condiciones establecidas por la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones a iniciar los trámites administrativos a para ingresar al régimen previsional.
En los considerandos expresa que el propósito es “lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.
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