La UCR denuncia una maniobra para impedir que asuma el reemplazo de Germán Kiczka, el diputado preso por pedofilia

Más de un mes después de la expulsión del diputado Germán Kiczka de la Legislatura de Misiones, a raíz de la acusación por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, la UCR local reclama que Javier Mela pueda asumir su banca como reemplazante. Si bien desde el oficialismo argumentan que la demora se debe a cuestiones burocráticas, desde el radicalismo denuncian que se trata de una maniobra política.

“Tras más de una semana sin respuesta, consideramos inadmisible esta demora, que afecta la representación política de los ciudadanos. Exigimos que la Cámara resuelva de inmediato la situación, permitiendo la asunción del diputado reemplazante. La UCR continuará trabajando para defender los derechos políticos y el cumplimiento de la ley”, plantearon en un comunicado oficial.

Kiczka había llegado en 2021 a la banca dentro de la boleta de Juntos por el Cambio, aunque luego se sumó al espacio libertario. Por corrimiento de lista, debía ser reemplazado por Javier Mela, representante de la UCR. El dirigente radical tendría mandato hasta diciembre de 2025.

Ese movimiento, sin embargo, está pendiente. Además, en una carta abierta publicada por Carlos Rovira, diputado provincial y hombre fuerte del FRC, el oficialismo reclamó que además de la sanción individual contra Kiczka “deben caber penas para el Frente Electoral o la Alianza que lo validó” como candidato.

El principal referente renovador fue más allá: “En este caso (por la investigación sobre Kiczka) se trata de sociópatas que disimulan con astucia su comportamiento y cuentan con afinidad en su núcleo íntimo, afinidad en sus costumbres, sus modos de vida. Podría decirse que constituyen una suerte de asociación para el engaño, la manipulación, la estafa moral y política, escondiendo sus vicios y sus crímenes”, afirmó.

“Se ofrecen engañosamente a incautos electores, primero y después al resto de la sociedad, como impulsores de supuestos cambios ayudados con propaganda armada para conseguir sus fines perversos”, consideró.

La lectura que la oposición hace de estas palabras es que Rovira pretende una sanción política a lo que fue Juntos que pasaría por restar, de facto, una banca hasta 2025. Sin embargo, no está claro cuál sería el beneficio directo de una maniobra así del oficialismo. El FRC tiene dos tercios de las bancas en la Legislatura, es decir, 27 sobre 40. Aún con el ingreso de Mela, el radicalismo pasaría a tener 6 lugares, el PRO 4 y Activar 1. A estos 11 se suman dos escaños del Partido Agrario para completar la Cámara.

El oficialismo alcanzó esta ventaja como resultado de haberse impuesto con absoluta claridad en las últimas elecciones. En 2023, por caso, alcanzó el 66% de los sufragios.

“En realidad no dan ninguna explicación. Oficialmente se niegan a tratar sistemáticamente los pedidos que hace nuestro bloque sin ninguna argumentación. Pero acá lo más grave es el incumplimiento de la ley, están poniendo en jaque la seguridad jurídica”, señaló Javier Mela a Infobae.

Y agregó: “El 31 de octubre terminan las sesiones ordinarias y no hay más actividad legislativa. El reglamento dice que si falta menos de un año para terminar el mandato, ya no hay recambio. Si no se produce en las próximas dos sesiones, ya no podré asumir”.

El caso

Germán Kiczka y su hermano mayor Sebastián fueron acusados de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Fue en el marco de un operativo internacional, con ramificaciones en varios países. El legislador integraba junto a Pedro Puerta, hijo del expresidente provisional y gobernador Ramón Puerta, la bancada de Activar. Ambos compartían una amistad de larga data forjada en Apóstoles, localidad donde residen.

Antes de ser detenido, presentó su renuncia a la Cámara de Representantes. Su solicitud fue rechazada. La Legislatura votó su desafuero, para que el juez Miguel Faria pueda detenerlo. Pero ese mismo 22 de agosto, Germán Kiczka se fugó.

Fue localizado una semana después por la Policía de Corrientes en el camping municipal de la localidad de Loreto. Según el legislador, no había huido de la Justicia: estaba en plan de retiro espiritual. No declaró en la primera indagatoria, pero luego pidió hablar. En su exposición, negó todos los hechos y cargos que se le imputan. Está alojado en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.