El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Alexandre de Moraes, ordenó hoy la extradición de brasileños que protagonizaron el ataque a la sede del Gobierno y el Congreso carioca durante la asunción de Luis Ignacio “Lula” Da Silva. Se trata del grupo de militantes bolsonaristas que destrozó los edificios de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023 y que, conforme confirmaron fuentes con acceso al expediente, se encuentran en Argentina en calidad de “refugiados”.
La Policía Federal brasileña fue la que realizó el pedido de extradición al Supremo Tribunal Federal de Brasil. Según el procedimiento, el juez Moraes lo remitió al Ministerio de Justicia. A partir de ahora, el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del departamento debe evaluar si el caso se ajusta a los tratados internacionales.
Según supo Infobae, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, a cargo Mauro Vieira, se contactará con la Cancillería argentina para dar cuenta de la situación. El diplomático brasileño tiene excelente relación con Diana Mondino, canciller. No obstante, la tensión constante entre Javier Milei y Lula, por diferencias ideológicas, dificulta la gestión de este litigio.
Desde La Libertad Avanza deslizan que si se trata de un procesamiento por motivos “político”, Argentina deberá “dar asilo o resguardo” a los dirigentes que se encuentra en el país. La Policía Federal de Brasil estima que se trata de entre 50 y 100 partidarios del expresidente Jair Bolsonaro acusados de vandalismo e insurrección que huyeron a Buenos Aires. Según esa información, los militantes habría ingresado al país después de que Milei llegó al poder, el 10 de diciembre.
La mayoría del listado de militantes ya fueron juzgados y tienen condena por el Supremo Tribunal. Obtuvieron penas que van desde 8 hasta 17 años de prisión por planear un “golpe de Estado”, conforme indicó un alto oficial de policía con acceso a la investigación.
Este año, desde Brasilia habían solicitado a la policía argentina que identificara el paradero de los militantes bolsonaristas y de detalles de su situación en el país antes de solicitar su extradición. Los prófugos tenían restricciones de movimiento ordenadas por la Justicia. Incluso, algunos rompieron las tobilleras electrónicas que les habían colocado.
Se trata de una información que profundiza las tensiones entre la Casa Rosada y el Planalto. Lula sigue de cerca el accionar judicial y espera que se haga lugar a la extradición a los prófugos bolsonaristas alojados en Argentina, con presunto respaldo del Gobierno libertario.
Es un hecho que agita la relación entre el líder del PT y Milei luego de conocerse que el Jefe de Estado argentino confirmó que estará en el G20 que se hará el 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro. Como anticipó Infobae, Lula anhela firmar en ese contexto el puntapié para concretar el Acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.
Otra opción, que seduce a un sector libertario en Argentina, es hacerlo el 5 de diciembre en Montevideo, cuando Milei asumirá la Presidencia Pro Tempore del Mercosur de manos de Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay. En cualquier escenario, el objetivo del bloque es acelerar el acuerdo con los europeos.
No obstante, la orden judicial de De Moraes profundiza las asperezas entre Brasilia y Buenos Aires. Milei no está dispuesto a conceder un gesto hacia Lula. Desde Itamaraty presionarán al Palacio San Martín para agilizar las extradiciones. Es un tema sensible que amenaza con abrir un nuevo frente entre los principales líderes del Mercosur.
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