La oposición advierte un intento de Milei de gobernar sin el Congreso y negocia para reformar la ley de DNU

“En el Congreso se viene una dinámica complicada: veto, DNU, veto, DNU”. La reflexión pertenece a un experimentado legislador “dialoguista” que el miércoles pasado no ocultaba su sorpresa por la forma de actuar de la Casa Rosada. Si bien Milei logró que haya desprendimientos en casi todos los bloques y así juntó el número necesario para defender su veto al financiamiento universitario, gran parte del arco opositor interpretó que el oficialismo ya dejó de buscar consensos amplios y se contentará con replegarse en un núcleo duro compuesto por el PRO y aliados provinciales.

Ante este panorama, entienden que se repetirán dos escenas: la oposición avanzará con proyectos que el Poder Ejecutivo luego vetará; y como contrapartida, la Casa Rosada recurrirá cada vez más a los decretos de necesidad y urgencia para avanzar con su plan de gobierno.

Milei ya ha firmado cuatro decenas de decretos. Los más resonantes fueron el DNU 70, dictado al principio de su gestión para desregular la economía (entre otras cosas derogaba la Ley de Alquileres), el DNU 274 que establece la actualización por inflación de las jubilaciones y el DNU 656 que otorgaba $100 mil millones en gastos reservados a la SIDE.

Fue justamente tras la confirmación del veto a la ley de financiamiento universitario que la oposición dialoguista decidió avanzar a fondo con una jugada que se venía negociando desde hace algunos meses: modificar la Ley 26.122 que regula el dictado de los decretos de necesidad y urgencia.

Sobre el final de la sesión, a instancias del diputado Oscar Agost Carreño, en Encuentro Federal, la oposición logró aprobar un emplazamiento a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para que en el plazo de un mes analice los cerca de 20 proyectos con estado parlamentario que apuntan a modificar la ley de DNU.

Para lograr esto fue fundamental el cambio de posición del peronismo, que hasta el momento se mostraba renuente a modificar la Ley 26.122, sancionada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Los diputados de Unión por la Patria, que actuaron con autorización de Cristina Kirchner, anticipan que Milei seguirá “abusando” de esta prerrogativa constitucional y por lo tanto se muestran dispuestos a negociar con el resto de la oposición.

Los DNU están contemplados en la Constitución Nacional (artículo 99) pero bajo una premisa que suele no cumplirse: que existan “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios”, de ahí el nombre decretos de “necesidad y urgencia”. Asimismo, la Ley 26.122 determina que el Congreso no puede modificarlos, solo ratificarlos o derogarlos con el rechazo de ambas Cámaras. Este último caso solo se dio una vez en la historia, con la derogación del DNU que ampliaba los fondos a la SIDE. En caso de no ser rechazados, quedan vigentes con fuerza de ley.

Entre los proyectos con estado parlamentario hay textos del radicalismo (Carla Carrizo, Pablo Juliano, Fernando Carbajal), del bloque de Pichetto (Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Mónica Fein, Ricardo López Murphy), la Coalición Cívica (Juan Manuel López) y Unión por la Patria (Roberto Mirabella, Mónica Litza). Todos comparten el espíritu de agilizar y facilitar el rechazo de los decretos para evitar que el Poder Ejecutivo asuma funciones legislativas que no le corresponden. No obstante, será una tarea ardua llegar a un consenso mayoritario que incluya tanto al radicalismo como al peronismo.

Por ejemplo, el texto de Agost Carreño establece un límite de 60 días para que el Congreso pueda tratar un DNU pero con un cambio sustancial: si una vez vencido el plazo ninguna de las Cámaras lo aprobó, el DNU pierde validez. También pierden vigencia simplemente con el rechazo de una de las Cámaras, punto que comparte el proyecto que presentó Martín Lousteau en el Senado.

En la misma línea, la radical Carla Carrizo coincide con el límite de 60 días y estipula que en caso de ser aprobado por una Cámara, correrá un plazo de 30 días corridos para que lo trate la otra. Sin la segunda aprobación la norma queda sin efecto.

La socialista Mónica Fein propone otra regla estricta: los DNU no tendrán validez si son firmados durante el receso del Congreso y el Poder Ejecutivo no convoca a sesiones extraordinarias para tratarlos. Lo mismo ocurre si el Jefe de Gabinete no remite el decreto a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo en el plazo de 10 días hábiles.

Con cierto tono irónico, un diputado aseguró que planteaba resucitar un proyecto de Patricia Bullrich que en sus épocas de diputada intentó limitar el poder de Cristina Kirchner. “Es uno de los proyectos más estrictos”, aseguró el legislador, y señaló que podría servir para “correr” discursivamente a la bancada del PRO.