Preocupa al gobierno la dilación judicial para resolver el desalojo de un predio fiscal usurpado por mapuches en Los Alerces

El gobierno central está convencido de que Cruz Cárdenas, líder de la lof Paillako, está detrás de los devastadores incendios forestales que arrasaron con miles de hectáreas en Chubut, afectando tierras fiscales, reservas naturales y propiedades privadas. Lo menciona en cada presentación judicial, pero la cita no es casual: Cárdenas encabezó la usurpación en la seccional de Parques Nacionales El Maitenal, en Los Alerces.

En el territorio construyeron viviendas y galpones, derribaron árboles y provocaron destrozos. El gobierno de Alberto Fernández tuvo contemplación con los usurpadores y las acciones para desalojarlos fueron ligeras, lo que provocó que se garantizara su permanencia en tierras ajenas.

La administración actual ahora busca avanzar con el desalojo y es la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la que debe expedirse.

En la provincia, los incendios forestales arrasaron con 6.924 hectáreas, de las cuales 2.333 están ubicadas dentro del área protegida.

La causa

La irrupción de la comunidad que conduce Cárdenas se produjo en 2020, durante la pandemia, y tiempo después generó la dimisión del guardaparques que fue designado a esa seccional.

La administración del Parque Nacional, que preside Cristian Larsen, le dio empuje al expediente para concretar el desalojo y el organismo se constituyó como querellante en la causa. El funcionario, incluso, se reunió con el juez federal Guido Otranto para intentar darle celeridad al expediente.

El 4 de junio, Parques intimó a los ocupantes a desalojar los inmuebles usurpados en un plazo de 30 días, basado en el contenido del artículo 12 de la Ley de Parques Nacionales. Sin embargo los intrusos optaron por permanecer en el territorio, dando lugar al inicio de la acción judicial para ejecutar la medida.

En agosto, el magistrado ordenó el desalojo de las tierras, dando lugar a la querella que presentó el gobierno central.

Durante el proceso judicial, la Administración de Parques Nacionales rechazó el recurso que presentaron los usurpadores y solicitó a la Justicia que confirme lo resuelto por el magistrado en la sentencia de expulsión.

En la causa señalan como principales impulsores de la usurpación a Cárdenas y a María Belén Salinas.

Para intentar permanecer en el territorio, apelaron el desalojo bajo el argumento de la preexistencia en esas tierras, invocando reivindicación ancestral y utilizando como fundamento el polémico relevamiento territorial que contempla la ley 26.160 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

La Justicia Federal corrió traslado del recurso a Parques Nacionales, como parte acusadora, que este martes rechazó la petición de los demandados, solicitó que se rechace el recurso de apelación interpuesto y reclamó que se confirme lo resuelto en la sentencia de expulsión de Otranto.

En la respuesta, el organismo nacional hizo mención a los alcances de la Ley de Parques Nacionales, donde consta el procedimiento que afrontó para recuperar las tierras que pertenecen al Estado Nacional. Menciona allí que una vez vencido el plazo de 30 días para que abandonen el lugar, Parques puede solicitar a la Justicia la inmediata expulsión de los ocupantes, sin necesidad de un proceso civil ordinario.

En el marco de las diligencias posteriores, se constataron hechos de vandalismo en el lugar y figuran en el expediente los atentados que sufrieron los trabajadores del organismo nacional.

Los acusados apelaron la orden de desalojo, poniendo puntos suspensivos a su ejecución. A partir de esa situación, el expediente llegó a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que aún no se expidió sobre el tema.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que “preocupa la posibilidad de que se inicien nuevos incendios forestales en la región; por eso, el gobierno busca acelerar la resolución del caso y expulsar a los intrusos que permanecen en el territorio afectado”.

Durante los incendios de la temporada pasada, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, apuntó contra las comunidades autoproclamadas mapuches como principales sospechosas de iniciarlos.

El gobierno provincial también acudió a la justicia con el objetivo de identificar a los responsables y acusarlos por los daños que provocaron. Los peritajes que realizaron especialistas de la Policía Federal Argentina confirmaron que los últimos episodios comenzaron de la misma forma y rechazaron la existencia de factores naturales que los hayan provocado.