
A mediados del mes de septiembre la Legislatura unicameral misionera expulsó a Germán Kiczka, acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil quien, además, estuvo prófugo de la Justicia hasta que fue capturado en Corrientes. Sin embargo, aún no se produjo el recambio por el radical Javier Mela. En el oficialismo aseguran que falta trámites formales pero la oposición ve una movida para restarle representación.
El legislador había llegado en 2021 a la banca dentro de la boleta de Juntos por el Cambio, aunque luego Activar se sumó al espacio libertario. Por corrimiento de lista, debía ser reemplazado por Javier Mela, representante de la UCR. El dirigente radical tendría mandato hasta diciembre de 2025.
Ese movimiento, sin embargo, está pendiente. En el oficialista Frente Renovador de la Concordia (FRC) adujeron que la demora se dio en el Tribunal Electoral provincial. El organismo aún no remitió a la Legislatura el diploma de Mela como nuevo diputado titular en reemplazo de Kiczka, comentaron. La postura del espacio opositor es diametralmente opuesta. Consideran que hay una maniobra para reducir la de por sí modesta representación opositora en la Legislatura.
El mecanismo

En una carta abierta publicada por el hombre fuerte del FRC, Carlos Rovira, actual diputado provincial argumentó que, además de la sanción individual contra Kiczka “deben caber penas para el Frente Electoral o la Alianza que lo validó” como candidato.
El principal referente renovador fue más allá: “En este caso (por la investigación sobre Kiczka) se trata de sociópatas que disimulan con astucia su comportamiento y cuentan con afinidad en su núcleo íntimo, afinidad en sus costumbres, sus modos de vida. Podría decirse que constituyen una suerte de asociación para el engaño, la manipulación, la estafa moral y política, escondiendo sus vicios y sus crímenes”, afirmó.
“Se ofrecen engañosamente a incautos electores, primero y después al resto de la sociedad, como impulsores de supuestos cambios ayudados con propaganda armada para conseguir sus fines perversos”, consideró.
La lectura que la oposición hace de estas palabras es que Rovira pretende una sanción política a lo que fue Juntos que pasaría por restar, de facto, una banca hasta 2025. Sin embargo, no está claro cuál sería el beneficio directo de una maniobra así del oficialismo. El FRC tiene dos tercios de las bancas en la Legislatura, es decir, 27 sobre 40. Aún con el ingreso de Mela, el radicalismo pasaría a tener 6 lugares, el PRO 4 y Activar 1. A estos 11 se suman dos escaños del Partido Agrario para completar la Cámara.
El oficialismo alcanzó esta ventaja como resultado de haberse impuesto con absoluta claridad en las últimas elecciones. En 2023, por caso, alcanzó el 66% de los sufragios.
El caso

Germán Kiczka y su hermano mayor Sebastián fueron acusados de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Fue en el marco de un operativo internacional, con ramificaciones en varios países. El legislador integraba junto a Pedro Puerta, hijo del expresidente provisional y gobernador Ramón Puerta, la bancada de Activar. Ambos compartían una amistad de larga data forjada en Apóstoles, localidad donde residen.
Antes de ser detenido, presentó su renuncia a la Cámara de Representantes. Su solicitud fue rechazada. La Legislatura votó su desafuero, para que el juez Miguel Faria pueda detenerlo. Pero ese mismo 22 de agosto, Germán Kiczka se fugó.
Fue localizado una semana después por la Policía de Corrientes en el camping municipal de la localidad de Loreto. Según el legislador, no había huido de la Justicia: estaba en plan de retiro espiritual. No declaró en la primera indagatoria, pero luego pidió hablar. En su exposición, negó todos los hechos y cargos que se le imputan. Está alojado en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
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