La Justicia de Misiones abortó una réplica de la protesta policial de mediados de año

Detuvieron a uno de los supuestos promotores de un intento de levantamiento. Un grupo armado se mostró frente a Tribunales en respaldo al demorado. La movida se gestó en medio de una desavenencia en la discusión salarial

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Un grupo de agentes volvió a amenazar con medidas de acción directa pero la misión fue abortada por una denuncia oportuna y la intervención de la Justicia

La crisis policial que mantuvo en vilo a Misiones a mitad de año tuvo un intento de réplica. Luego de varios meses de tranquilidad, las autoridades y la representación de los uniformados quedaron trancados en la discusión salarial. El Gobierno ofrece un 5% de incremento, acumulativo con los anteriores que se fueron otorgando. Los referentes policiales patearon la mesa y exigieron un 30%.

En medio de esta puja, un grupo de agentes volvió a amenazar con medidas de acción directa. Pero la movida fue abortada por una denuncia oportuna y la intervención de la Justicia.

Un oficial ayudante de la fuerza se presentó el sábado a la noche ante la Unidad X de la Policía. Dijo que al mediodía había recibido una llamada de otro uniformado de igual rango, Diego Correa, quien le pidió que se sume a una protesta policial.

“Tenemos una movida para el martes en la noche en la casa del Enano. Quiero saber si estás con la protesta o no”, le habría dicho Correa, según consta en la presentación. “¿A quién se refiere cuando dice Enano?”, indagó el agente que tomó la denuncia. “Al ingeniero (Carlos) Rovira”, contestó el denunciante. Rovira es diputado provincial y hombre fuerte del oficialista Frente Renovador de la Concordia. La fuerza gobierna la provincia de la tierra colorada desde hace más de 20 años.

El Gobierno ofrece un 5% de incremento, acumulativo con los anteriores que se fueron otorgando, pero los referentes policiales exigieron un 30%
El Gobierno ofrece un 5% de incremento, acumulativo con los anteriores que se fueron otorgando, pero los referentes policiales exigieron un 30%

La respuesta a la convocatoria fue negativa. “Estoy de prestado en la Policía. Por suerte volví. No me voy a meter en esas cosas”, habría sido la contestación de quien radicó la denuncia.

Correa, según el documento policial, habría insistido. “También van a venir móviles del interior y personal de Posadas”, dijo el denunciante que le puntualizó su camarada. El primer destino iba a ser, supuestamente, la Jefatura de Policía. “No quiero quilombos”, fue la contestación de quien denunció el hecho. Allí se interrumpió la llamada.

El Oficial Ayudante Correa fue detenido esta mañana en su domicilio por orden del Juez de Instrucción N° turno en Posadas, Fernando Luis Verón. Quedó detenido en la Comisaría Segunda.

Ramón Amarilla, el principal vocero de la protesta de principios de año que mantuvo interrumpido por dos semanas el Comando Radioeléctrico, habló durante la mañana con un grupo de familiares de agentes que, frente a Jefatura, quiso saber qué era lo que estaba ocurriendo. “Les pido tranquilidad a los muchachos. Hay que enfrentar lo que venga”, dijo el referente.

Si bien Correa fue uno de los promotores de la toma del Comando Radioeléctrico y es uno de los delegados en la discusión salarial, la detención no está relacionada con ese primer hecho sino con lo que se estaba montando para el martes 17 de septiembre.

En paralelo, el Juzgado de Instrucción 4 sigue avanzando con las indagatorias a los implicados en el levantamiento de mayo. Ya pasaron los funcionarios de la Policía y se comenzó con integrantes del Servicio Penitenciario. Fiscalía debe aún definir a quienes acusa y qué delitos les atribuye. En Tribunales entienden que en un plazo de entre 30 y 60 días se cerraría la causa y se elevaría a juicio.

Desde el 17 y hasta el 29 de mayo, la ciudad de Posadas estuvo en vilo. Fue cuando un grupo de policías se acantonó en la sede del Comando Radioeléctrico en reclamo de mejoras salariales. A la par, montaron un campamento enfrente, sobre la Avenida Uruguay, una de las arterias con mayor tránsito comercial de la capital misionera.

Tras esta movida, el reclamo se extendió a maestros, trabajadores de la salud y otros sectores de la administración pública provincial. Finalmente hubo un acuerdo entre las partes que incluyó una mejora de haberes y la reactivación de la mesa salarial integrada por la representación de los uniformados y el Gobierno. El entendimiento incluyó una amplia amnistía administrativa que evitó sumarios y sanciones. Pero no detuvo la investigación judicial, que siguió su marcha.

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