El ministro de Defensa, Luis Petri, volverá a la Cámara baja. En lo que será un revival de sus años como diputado, ahora irá al parlamento pero en el rol de ministro y deberá responder preguntas.
Esta semana el mendocino irá a la Comisión de Defensa que preside Ricardo López Murphy para dar precisiones sobre el proyecto de ley que envió hace 15 días, que se propone modificar la Ley de Seguridad Interna para que, en el caso de la existencia de un acto de terrorismo, las Fuerzas Armadas puedan actuar dentro del territorio para “restablecer la seguridad interior patrullando las calles, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detención en flagrancia”.
La comisión fue citada hoy para el miércoles 21 de agosto a las 16, con un temario en el que no estaba incluida la presencia del Ministro. Sin embargo, minutos más tarde se anunció que Petri irá a las 17 horas, con la salvedad de que si hay sesión no hay comisión.
La sesión para debatir el DNU 656/2024 estaba citada para el jueves pasado, pero se levantó y se hizo un pedido para que sea este mismo miércoles, solicitud que la presidencia de la Cámara aún no confirmo.
El proyecto que lleva la firma del ministro de la cartera, Luis Petri; su par de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el presidente Javier Milei, también modifica la subordinación de los servicios de inteligencia, del Servicio Penitenciario y de las fuerzas policiales.
En marzo, los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) realizaron una conferencia de prensa para anunciar el envío al Congreso de un proyecto de ley para modificar la Ley de Seguridad Interior 24.059. Poco más de cuatro meses más tarde, la inciativa finalmente ingresó y muestra un cambio de rol en las decisiones que atañen a las FFAA y los ministros de ambas carteras.
El primero de los cambios, y quizás el más significativo, es la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas dentro del territorio frente a la posibilidad de un hecho de terrorismo para “restablecer el orden”. Algo que hoy está prohibido, salvo la declaración del Estado de Sitio.
El segundo es la capacidad de acción que se le otorgaría a las Fuerzas Armadas. Según explica el documento, el proyecto de Ley propone una alternativa intermedia a las posibilidades que hoy existen y que las FFAA actúen “en caso de acciones terroristas que tengan por fin aterrorizar a la población, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de Estado de Sitio”.
“El presente proyecto de ley establece que, en caso de producirse un acto destinado a aterrorizar a la población” y que- como consecuencia de ello- se inicie una investigación penal en el marco del artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación Argentina Ley 11.179 (T.O. 1984 actualizado), el Comité de Crisis estará facultado para solicitar al Ministerio de Defensa la intervención de las FFAA para el restablecimiento de la Seguridad Interior. Esta intervención podrá incluir operaciones de patrullaje, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones y detención en flagrancia.
La firma de Patricia Bullrich en el proyecto tiene que ver con que suma fuerzas de seguridad que están bajo su órbita en el Ministerio de Seguridad. El artículo 2 del proyecto establece que se incorpora como inciso g) al artículo 7° de la Ley N° 24.059 y sus modificaciones el siguiente: “g) Servicio Penitenciario Federal” al listado de instituciones que conforman “el sistema de seguridad interior”. Por otra parte, el proyecto establece que pasa de Seguridad a Defensa la actividad de “dirigir y coordinar la actividad de los órganos de información e inteligencia de la Policía Federal, del Servicio Penitenciario y de la Policía Aeroportuaria, como también de los pertenecientes a Gendarmería y a Prefectura”.
Desde la oposición señalan que la Constitución ya permite, en algunos casos, la intervención de las Fuerzas Armadas y entienden que darle la potestad a un ministro de que su solo pedido permita ese accionar “es habilitar un Estado de Sitio encubierto. Este es un gobierno que trató de terroristas a un grupo de diputados a los que les tiró gases en la cara -en referencia a los legisladores de UP que estuvieron en la calle cuando se votó la Ley Bases”.
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