La Justicia ordenó una serie de allanamientos a cooperativas y domicilios involucrados en la denominada “Causa Guardapolvos”, que investiga maniobras con la fabricación de esas prendas para ser entregados a más de un millón y medio de chicos sin recursos económicos. La denuncia que hizo el gobierno actual acusa a la gestión de la ex ministra Victoria Tolosa Paz de haber pagado por piezas que no se hicieron.
Los operativos se realizaron por orden del juez Julián Ercolini, a solicitud del fiscal Carlos Rívolo, según pudo confirmar Infobae. Fuentes oficiales admitieron que la investigación avanzó en las últimas semanas a toda marcha y que hubo “mucha prueba recolectada”, principalmente sobre la incapacidad que tenían las entidades contratadas para realizar el trabajo por el que recibieron dinero público.
La investigación apunta a una serie de convenios que firmaron Tolosa Paz y al secretario de Articulación de Política Social, Leonardo Moyano, con una treintena de cooperativas por un monto superior a los 5.000 millones de pesos, para la confección de los guardapolvos que iban a ser destinados a estudiantes de bajos recursos económicos. Según la auditoría del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, y que presentaron ante la Justicia, del total comprometido se entregaron menos de la mitad de las prendas, pero se cobró casi el 80% del total de fondos comprometidos.
El Gobierno acusó a la ex funcionaria y actual diputada de Unión por la Patria de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, debido a las “irregularidades manifiestan” en los convenios que ambos “no podían desconocer y/o ser ajenos”. También se investigan delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
En la presentación, a la que tuvo acceso Infobae, el Gobierno presentó un detalle pormenorizado de cada convenio y los incumplimientos registrados. Del total de cooperativas sobresalen cinco que recibieron entre 600 y 700 millones de pesos cada una, que cobraron por anticipado el dinero, pero no entregaron todas las prendas que debían. Entre ellas están Los Pitufos y 15 de Julio, que son de Quilmes, el partido de la intendenta camporista Mayra Mendoza; Mariscal Francisco Solano López y Kbrones, de La Matanza, el municipio del peronista Fernando Espinoza; y Manos, de Berisso, otra intendencia del PJ, entre otras.
Además, de las mencionadas cooperativas, también firmaron acuerdos Resurgir, Nueva Generación, Nuestra Señora de Fátima, Dos Soles, Textil 13 Rosas, Manos Obreras, Cosiendo Esperanza, Pupore, Blanco País, RBD Textil, Pura Pampa, RelmuanTV, Branca, Texarg, CM, Darío Santillán, Oscar Barrios, Futuro, Del Camino, Martín Fierro, Hilando Pueblos, 25 de Mayo, Confecciones Eigenfeld, Tejiendo Compromiso y Estrella Azul. En total, las 30 firmaron convenios para confeccionar 1.595.000 guardapolvos, con un presupuesto previsto (a razón de $ 4.305,25 por cada uno) de 7.000 millones de pesos (6.866.693.750 pesos, para ser precisos). Según la cuenta elaborada por este medio en base a la presentación judicial, del global exigible se entregaron sólo 760.249 guardapolvos, mientras que 834.751 quedaron pendientes. Pese a que hicieron menos de la mitad de lo acordado, las cooperativas igual cobraron $ 5.307.242.200, es decir, el 78% de lo presupuestado.
De acuerdo con la denuncia, que surgió de una de las tantas auditorías que viene realizando un equipo que está órdenes directas de Pettovello, los datos surgieron de los expedientes que obran en el disuelto Ministerio de Desarrollo Social. En esos trámites oficiales, quedó expuesto que las cooperativas recibían pagos fraccionados por el total del contrato a contra entrega, pero que el incumplimiento de lo firmado no era obstáculo para que los funcionarios hicieran los desembolsos. En un relevamiento realizado por Infobae se detectó en el listado que al menos cuatro cooperativas cobraron más de 350 millones sin haber hecho, siquiera, un solo guardapolvo.
Entre las innumerables irregularidades, se destacó un tramo de la denuncia: “Casualmente, antes de finalizar la gestión, en fecha 7 de diciembre de 2023, el entonces secretario de Articulación de Política Social del ex Ministerio de Desarrollo Social firmó una resolución en donde aprobaba las adendas con prórrogra del plazo de ejecución de los convenios. Una misma resolución para 29 cooperativas (...) Resulta al menos polémico y extraño que en un solo acto administrativo se hayan nucleado autorizaciones de diversas adendas pertenecientes a numerosas cooperativas”.
Modus operandi
En la presentación del Ministerio de Capital Humano, se expuso un modus operandi que habría estado detrás de los convenios con las cooperativas para fabricar guardapolvos y que, según la denuncia, se inició con la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada. Es la primera que pide un subsidio de 710.366.250 pesos para confeccionar “165 mil guardapolvos para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad”. Al momento de solicitar el aporte, los responsables de la cooperativa plantearon que el proyecto “aportará al Ministerio de Desarrollo Social la producción de 165 mil guardapolvos que permitan un doble objetivo, en principio el trabajo social productivo y, en segundo término, el otorgamiento de estos uniformes escolares a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.
Pero en la denuncia, los funcionarios que responden a Pettovello remarcaron: “Llamativamente, con fecha 13 de enero del año 2023 -esto es con anterioridad a la presentación de la cooperativa y su pedido de subsidio- el Instituto Nacional de Tecnología Industrial elaboró un informe dirigido a la Dirección de Programas de Inclusión Económica, en respuesta a una solicitud del 12 de enero con la estimación del precio mínimo de corte, confección, terminación, materias primas e insumos de guardapolvo escolar unisex. La respuesta especifica que se da ‘en función del email recibido desde su dependencia’”.
“El INTI estimó que el precio mínimo para la confección de un guardapolvo resultaba ser de 4.305,25 pesos, valor que multiplicado por la cantidad de guardapolvos arroja un total de 710.366.250 pesos, es decir el mismo monto solicitado el mes siguiente por la cooperativa en calidad de subsidio”, subrayó la denuncia. Lo cierto es que después de la solicitud del subsidio, el gobierno de Alberto Fernández, a través del Ministerio de Desarrollo Social, firmó el 2 de febrero del año pasado un “Convenio de colaboración” con la cooperativa 15 de Julio, que después sería utilizado de modelo para las 30 que terminaron fabricando guardapolvos. Más de 20, firmaron sus acuerdos cinco días después, el 7 de febrero de 2023.
Entre los últimos argumentos de la denuncia, el Ministerio de Capital Humano advirtió que en esta maniobra se llevó a cabo “una simulación fraudulenta, donde cada cooperativa se presentaba ‘espontáneamente’ sin ser convocada previamente por el Estado, peticionando un subsidio el que en ninguno de los supuestos ha sido cuestionado por el órgano estatal verificándose que la redacción de tales solicitudes eran idénticas entre sí. En todos los casos, las solicitudes de subsidio resultan ser llamativamente posteriores al pedido de informe al INTI respecto del pedido de precio de referencia de cada guardapolvo escolar”.
Y finalmente, “se advierte que las cooperativas analizadas no poseían las maquinarias, materias primas, ni capital humano para poder confeccionar tamaña cantidad” de prendas “sin perjuicio de lo cual se comprometieron a hacerlo a sabiendas de que jamás entregarían la totalidad de lo convenido, en claro perjuicio contra la administración pública”.
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