Con críticas de la oposición, el oficialismo comenzó el debate para bajar la edad de imputabilidad a 13 años

Con problemas para llegar a la Comisión por conflicto de los vuelos y varias efemérides, comenzó la actividad en Diputados con el tratamiento de un proyecto de modificación del artículo 145 sobre Trata de Personas. Esta fue la previa para lo que luego sería el plenario de comisiones para tratar la baja de imputabilidad.

El primer proyecto que se trató fue el del diputado de Hacemos Coalición Federal, Juan Fernando Brugge, quien hizo referencia a que las modificaciones tienen que ver a que es un delito “dinámico y transnacional”. “Entendemos que nuestra legislación no está actualizada, más allá del caso Loan, entendemos que el artículo 145 bis está desactualizado en función al derecho comparado”, explicó el legislador cordobés.

luego de esta exposición finalizó Legislación Penal y comenzó el plenario para tratar el Régimen Penal Juvenil.

Sebastian Amerio, secretario de justicia de la Nación, fue quien se encargó de exponer el proyecto oficial. El funcionario utilizó datos de la Corte Suprema de Justicia en donde señala un incremento año a año de los delitos de menores y de “un montón de estudios de criminólogos, sociólogos, que muestran la reiterancia de los delitos de los adolescentes”.

La presidenta de la comisión es la diputada del PRO, Laura Rodríguez Machado, quien en buena parte del debate intentó acelerarlo, interrumpiendo y remarcando que sólo había una hora para el tema. La presión de los diputados de la oposición hizo que se extendiera.

Los primeros en preguntar fueron los diputados de Unión por la Patria y comenzó el presidente del bloque, Germán Martínez, quien hizo referencia a que los funcionarios nacionales señalaron que existen “pocos datos” y que simplemente leyeron los fundamentos del proyecto, no lo explicaron.

“Nos resulta extraño que no vengan los ministros, que no venga Mariano Cuneo Libarona, Patricia Bullrich” a defender el proyecto. El rosarino avanzó y dijo que los presentes “no podemos negar que cuando aparecen estos abordajes reduccionistas -bajar la edad y una mirada punitiva- estamos pensando en niños pobres. Tenemos que pensar en nuestros hijos”.

El reclamo de la presencia de ambos ministros se fue repitiendo a lo largo de la comisión informativa y nunca hubo una respuesta. Sin embargo, en medio del debate en el anexo de la Cámara el ministro de Justicia publicó en redes sociales una foto con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el despacho de este último, a menos de 100 metros de donde transcurría la comisión.

Por su parte, Matías Molle, también de UP, preguntó “por qué el Ejecutivo no puede explicar un proyecto tan malo”. El diputado señaló que el proyecto del Gobierno “toma todos los delitos, las relaciones sexuales entre jóvenes, una pelea en una escuela, podrían ser penados y culpados” y luego hizo una pregunta que fue recurrente “¿cuáles son los recursos para la creación de los juzgados especiales?”.

La defensa del proyecto en esta instancia estuvo más en manos de los sectores del PRO ligados a Patricia Bullrich. Por un lado, Rodríguez Machado y un apuro constante a los legisladores y por el otro, Silvana Guidici, quien cuestionó la exposición de Molle y minutos más tarde llamó “Moreno” -por Guillermo Moreno- José Glinski de UP señaló que las estadísticas que muestra el Gobierno son “mentirosas porque toman como inició el 2020 que fue un año de pandemia y de caída del delito”.

Los funcionarios del Ejecutivo fueron tratando de responder las preguntas y los posiciomamientos que mostraban los diputados.

Uno de los que más habló a la hora de justificar el proyecto fue Alberto Nanzer, subsecretario de polìtica criminal. Luego de intentar justificar los porcentaje de crecimiento del delito juvenil -señalan que creció tomando como base el 2020- dijo que “no hay mucha información y estadísticas”.

Luego dijo que reconocen tres problemas “fundamentales” en temas de penal juvenil. “El sistema de justicia sufre de un descrédito de parte de la sociedad, en ese sentido la edad de imputabilidad de 16 años genera un tratamiento inadecuado cometido por menores. La edad, que es un eje central del proyecto, genera problemas en la credibilidad de la justicia”.

Luego señaló que el segundo problema es que el “derecho penal no está del todo calzado con el derecho constitucional. Uno es la necesidad de que esté exprésamente prohibida la prisión perpetua. Este es problema normativo”.

Y por último, señaló que el tercer problema “parte de un dato empírico es que la tasa de reincidencia es elevada y mucho más en penal juvenil. Nuestra dirección de política criminal sobre la base de los detenidos adolecentes de 2022 hay una tasa de 25% de reiterancia”.

Los miembros de la oposición, principalmente de Unión por la Patria, el bloque de la izquierda, HCF y de la UCR, se fueron turnando para señalar la importancia del problema “y eso queda reflejado en la candidad de proyectos que hay”, pero señalando fuertes “inconsistencias”.

Los puntos a los que fueron apuntando los legisladores fueron los plazos, el proyecto establece una aplicación a los 180 días, lo que en su gran mayoría les pareció “impracticable”. Luego hicieron referencia a la carencia de contacto con el resto de los jugadores de la justicia y pidieron la presencia en otras reuniones de los responsables principalmente de las provincias.

Algo que se repitió constantement es con qué fondos se va a contar. El reclamo nació de UP y de la UCR. Estos últimos fueron los primeros en traer al debate los fondos que se le aseguraron al organismo de inteligencia -$100.000 millones- “Si traen esos fondos, no vamos a tener inconvenientes” dijo eol diputado radical Manuel Aguirre.

Por último, Margarita Stolbizer hizo referencia a que “si entre el 1% y el 2% de los delitos lo producen menores, la pregunta es qué está haciendo el Gobierno con el 99% restante”.

A pesar del pedido de los diputados de seguir debatiendo, la Comisión culminó pasadas las 16 horas en lo que fue la primera presentación respecto del tema que, quedó claro por lo menos para los legisladores de todos los sectores de la oposición, tiene como sentido principal la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.