Régimen penal juvenil: alerta en el Senado por el plazo de 180 días para la puesta en vigencia de la ley

Mientras Diputados prepara el terreno para comenzar a debatir el proyecto del Gobierno que baja la edad de imputabilidad a los 13 años, presentado por los ministros de Justicia y Seguridad de la Nación, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, respectivamente, el Senado ya advirtió sobre algunos puntos que podrían generar controversia en las provincias, como la puesta en vigencia de la ley a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial.

En realidad, la puja toma forma entre quienes siguen de cerca estas cuestiones no sólo por la compleja realidad del sistema penitenciario argentino y el reacondicionamiento obligatorio en un futuro cercano, sino también por las condiciones que implicaría imponer el nuevo régimen en todo el país.

“La ley que presentaron podría haber sido mucho peor. Sin embargo, no está mal armada. Lo que no se entiende es la ambiciosa propuesta sobre los institutos especializados de detención, las medidas de salud y de reinserción en un contexto en el que el propio Gobierno asegura que no hay fondos”, expresó a Infobae un legislador especializado en el tema.

Desde otro despacho manifestaron: “Si el oficialismo pide que en el proyecto que mejora las jubilaciones de la oposición se especifique una fuente de financiamiento, ¿por qué acá no se incluye? ¿Si es de la Casa Rosada está bien y si es de otro espacio está mal?”.

Semanas atrás, cuando el debate previsional aterrizó en la Cámara alta, una legisladora enfatizó: “¿Qué pasa si tenemos una urgencia con una ley relacionada con la salud, o una catástrofe, o la creación de un juzgado? Y como esos ejemplos hay decenas. ¿Vamos a esperar los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que no es vinculante? Un delirio, aunque tampoco se puede votar cualquier cosa, como sucede ahora”.

Al igual que algunos diputados, ya hay varios senadores que ven la edad mínima de imputabilidad viable en 14 y no en 13 años. “En el fondo, nunca vas a solucionar del todo el problema. ¿Qué respuestas habrá si hay homicidas a los 11 o 12 años?”, sentenciaron desde la oposición dialoguista.

El artículo de la iniciativa relacionado con los fondos es el 51, que señala que “las erogaciones que requiere el cumplimiento de la presente ley se atenderán con los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes a cada ejercicio”. Y agrega: “Al efecto de su implementación durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año de su entrada en vigencia, el Jefe de Gabinete de Ministros deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones”. Es decir, una zona gris, según los estándares libertarios.

Por su parte, el artículo 48 invita a las “Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar la legislación procesal penal y las normas administrativas aplicables a los adolescentes desde los 13 años de edad hasta los 18 años”. “Hay distritos a los que les deben lo de las cajas previsionales no transferidas y gobernadores que siguen con este periplo. Por lo menos, que el oficialismo diga de dónde va a salir la plata para esto”, enfatizó otro senador.

Otro punto observado por legisladores de la Cámara alta es la reorganización de la justicia, con magistrados y defensores competentes y especializados en menores de edad. “Todavía estamos esperando decenas de vacantes que demora el Ejecutivo en enviar al Senado y no sé cómo harán para agilizar todo eso en seis meses”, alertaron desde la oposición.

A la espera de la definición en Diputados, los senadores deberán encontrar una solución en las próximas semanas al proyecto que impone “prisión de cuatro (4) a diez (10) años al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”, en medio de la actualidad del caso Loan, el menor que desapareció en Corrientes.