
Las monedas de oro estaban guardadas en una caja de seguridad del Banco Nación, a donde solo se puede acceder firmando una planilla y atravesando todos los controles. Según los registros que constan en la causa, eran 144 monedas en total secuestradas en el marco de un expediente narco que llegó a juicio. El dueño de las monedas terminó absuelto y se ordenó el reintegro de su dinero. Lo que nadie se esperaba fue que las monedas hubieran desaparecido. La increíble historia terminó ayer con una batería de allanamientos. El apuntado es Martín Poderti, actual miembro del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y ex secretario del juzgado federal 2 de San Isidro. Otro juez federal, Emiliano Canicoba Corral, allanó ayer varios domicilios y hasta su propio despacho.
Poderti inició su carrera judicial en 1993, como auxiliar administrativo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Luego fue jefe de despacho del Juzgado Federal 2 de San Isidro donde estuvo más de diez años como secretario. De hecho, estuvo a cargo de la causa por la Fiesta de Olivos, donde el ex presidente Alberto Fernández todavía no pudo ser sobreseído.
Justamente, el ex mandatario lo nombró a fines del año pasado como integrante del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. El decreto se publicó en el Boletín Oficial el 28 de noviembre, trece días antes de finalizar el gobierno.
Poderti aterrizó en Mar del Plata junto a Roberto Minguillón para completar dos vacantes originadas en 2018 y 2020 por las renuncias de Néstor Parra y Mario Portela. Pero el escándalo que ahora lo tiene como protagonista había comenzado antes, cuando era secretario del juzgado federal 2 de San Isidro.
“Las monedas habían sido secuestradas a un imputado de la ‘causa Sancho’ que terminó absuelto”, explicó a Infobae una fuente judicial. Gustavo Sancho es un empresario que fue condenado en 2023 por liderar una banda narco que entraba cocaína a la Argentina en avionetas. Fue su primer condena judicial, pero ya había estado envuelto en otro casos resonantes. En 2011, fue mencionado por el papá de Candela Sol Rodríguez como una de las personas que podía estar detrás del secuestro de la nena. Y en 2018, un hombre cercano de Sancho fue acusado de amenazar a la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Las monedas habían sido guardadas en una caja de seguridad del Banco Nación. Cuando fueron a buscarlas, el 9 de abril pasado, habían desaparecido, aunque todavía quedaban varios lingotes de oro y relojes de alta gama. El actual secretario del juzgado federal 2 de San Isidro, sucesor de Poderti, ordenó en ese momento labrar un acta y se disparó una causa a cargo del juez Canicoba Corral y del fiscal Paul Starc. “Intervino el juez federal de San Martín porque la Justicia de San Isidro se excusó ya que Poderti había sido secretario de juzgado 2”, explicaron en Tribunales.

Durante la investigación se comprobó que Poderti -un ex jugador de rugby en Hindú Club que fue suspendido 5 años por la UAR por pisarle la cara a un rival que tuvo que recibir 40 puntos de sutura- ingresó 19 veces a la sucursal San Isidro del Banco Nación. “Firmaba el libro de visitas y colocaba su número de DNI. Muchos de los ingresos son de fechas en las que estaba de licencia”, apuntó un investigador. Con todas las pruebas reunidas, el juez ordenó ayer una batería de allanamientos en cuatro domicilios particulares y hasta en el propio despacho del juez, en los tribunales federales de Mar del Plata.
Los domicilios allanados están ubicados en Hipólito Irigoyen al 1100 (Vicente López), Cosmer Becar al 100 (San Isidro), Ituzaingó al 2700 (Tigre), y en el piso 19 del complejo “Torres del Golf”, en Mar del Plata, donde el juez vivía cuando estaba en esa ciudad.
Durante los procedimientos, a cargo de la Policía Bonaerense, se logró secuestrar el teléfono de Poderti y varias computadoras que ahora serán peritadas. El juez también habilitó el registro de los autos encontrados en esos domicilios. Pero las monedas no aparecieron por ningún lado.
Canicoba Corral también ordenó el bloqueo de las cajas de seguridad a nombre de Poderti y de sus dos hijos, el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de $190 millones, y la inhibición general para que no pueda vender el resto de sus propiedades. Eso incluye una caja de ahorro en el Banco Río, dos cajas de ahorro en dólares, y una cuenta corriente en el Banco Nación.
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