El Senado sesionará este jueves, desde las 11, para aprobar los ascensos militares de los jefes de las Fuerzas Armadas y de diplomáticos de carrera. Además, sancionará la ley que duelo nacional del 18 de julio por el atentado contra la AMIA.
Los pliegos militares se dictaminaron el jueves pasado en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda la legisladora Guadalupe Tagliaferri (PRO). Allí se trataron los ascensos hacia el grado inmediato superior al Contraalmirante Carlos María Allievi (Armada), al General de Brigada Carlos Alberto Presti (Ejército) y al Brigadier Mayor Fernando Luis Mengo (Fuerza Aérea).
Durante el cónclave, un pliego militar fue separado y su despacho deberá esperar a que se resuelva la investigación por los “bautismos” con cal a paracaidistas ocurridos en Córdoba, en mayo pasado.
La iniciativa que sancionará la Cámara alta es la que declara “el 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Israelita Argentina (AMIA) contra la República Argentina”.
El texto establece que el 18 de julio, “la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos” y que “el Ministerio de Educación, mediante el Consejo Federal de Educación, en coordinación con las autoridades educativas de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos de educación pública primarios y secundarios de gestión estatal y privada, organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha”. Otro punto del proyecto es que se “invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar similares medidas”.
Otra ley a tratar es la que despachó días atrás la comisión de Justicia, de la radical Carolina Losada, y que está atada a la actualidad del caso Loan -el niño que desapareció en Corrientes-, que impone “prisión de cuatro (4) a diez (10) años al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”.
La propuesta reprimirá “con prisión de cinco (5) a quince (15) años quien facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos” relacionados con este tema, que se encuentran en el Código Penal.
Por otra parte, “el funcionario o empleado público, profesional o personal de la salud, abogado, encargado de la educación o de la guarda de la persona menor de edad, o miembro de organizaciones especializadas en adopción que, en el ejercicio de su actividad, incurriere o participare de cualquier modo en alguna de las conductas previstas en este capítulo, será reprimido con prisión de cuatro (4) a diez (10) años y se le aplicará la accesoria de inhabilitación especial por el doble del tiempo que el de la condena”.
Con la activación de la sesión, el oficialismo senatorial convocó -anoche- para mañana a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda, para comenzar a discutir el proyecto que mejora las jubilaciones aprobado, semanas atrás, por Diputados.
El objetivo de dar inicio a este debate en la Cámara alta servirá para descomprimir la presión de gran parte de la oposición en relación con este tema, que ya tiene un pedido de sesión especial -sin fecha y con dictamen- realizado por el radicalismo.
La Libertad Avanza pretende empujar la idea de una reforma previsional más amplia y evitar el análisis exclusivo de los haberes jubilatorios, aunque cuenta con un panorama adverso a la hora de potenciales votos.
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