El proyecto que aumenta las indemnizaciones por despidos en la provincia de Buenos Aires abre matices en el peronismo

El proyecto que aumenta las indemnizaciones por despidos en la provincia de Buenos Aires y que ya se votó en la Cámara de Diputados bonaerense, genera ruido en el Senado. En principio, la oposición bonaernese que integran los bloques del PRO, UCR-Cambio Federal, las dos bancadas denominadas Libertad Avanza y los unibloques PRO Libertad y Buenos Aires Libre manifestaron su rechazo al proyecto cuando días atrás se reunieron con empresarios, entidades rurales y representantes del sector PyME, que trajinan despachos en La Plata para explicitar su rechazo a la iniciativa y exponer las consecuencias que les traería que si se convierte en ley. Pero hoy por hoy tampoco asoma explícitamente una posición unificada en el peronismo.

El texto fue impulsado por la diputada de Unión por la Patria, Maite Alvado con el agregado de una iniciativa similar de la legisladora -también de UP- Soledad Alonso. Propone la modificación del artículo 48 de la Ley de procedimiento laboral bonaerense y sustituye en los juicios laborales la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y agrega una carga del 6%. Para las Pymes y empresas, esa modificación “pone en riesgo la continuidad”de las mismas e “impacta negativamente en la generación de nuevo empleo”.

Días atrás, ante la consulta de Infobae, en el entorno del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tomaron distancia del proyecto al aclarar que se trata de una iniciativa del Poder Legislativo. Muchas de las Cámaras que días atrás se reunieron con los bloques de la oposición mantienen una fluida relación con el Ejecutivo bonaerense. Sin embargo, el proyecto aprobado en Diputados y que ahora espera en el Senado podría generar un cortocircuito en ese vínculo.

Cerca de la vicegobernadora, Verónica Magario -que además preside la Cámara alta provincial- el argumento es similar al que emana desde la Gobernación bonaerense. “Ese proyecto nació en Diputados, ahora pasó al Senado y lo tienen que definir los legisladores”, plantean. Para apagar la conflictividad que pudiera darse, días atrás la vicegobernadora realizó un posteo en su cuenta X en el que destaca el trabajo del Fondo de Garantías Buenos Aires (FoGaBA), la Sociedad Anónima que con participación estatal mayoritaria facilita el acceso al financiamiento a Pymes bonaerenses a través del otorgamiento de garantías y del asesoramiento económico y financiera.

“En tiempos de ahogo productivo y descuido de la industria por parte del Gobierno nacional y sus políticas recesivas de ajuste, proteger a nuestras pequeñas y medianas empresas es urgente”, remarcó Magario.

El oficialismo convocó para el próximo miércoles a una reunión de la comisión de Trabajo del Senado bonaerense, que es donde recayó el proyecto que ya fue aprobado en Diputados. Esa comisión está presidida por la senadora María Rosa Martínez, una legisladora de extracción sindical. Por lo pronto no hay un orden del día del llamado a la reunión de comisión. Es decir: los integrantes de la misma aún no tienen certezas sobre si se buscará emitir un dictamen sobre la iniciativa en cuestión o no. Las dos últimas convocatorias a la comisión se terminaron suspendiendo.

Al momento de la confección de la iniciativa, las diputadas Alvado y Alonso encabezaron un acto con el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. Allí el funcionario de Kicillof garantizó el respaldo al proyecto. Nuestra presencia en este acto es para demostrar que el ministerio de Trabajo, como institución, se involucra con este proyecto porque entendemos que es positivo para las y los trabajadores”, sostuvo Correa, quien confirmó que la cartera laboral “se va a comprometer y vamos a poner el gancho, digámoslo en criollo, para que ningún compañero ni ninguna compañera en la Legislatura tenga alguna duda de lo que significa la función pública”. Correa también forma parte de la Corriente Federal de Trabajadores, ya que es uno de los referentes del gremio de Curtidores.

“Si el oficialismo quisieran avanzar con el proyecto en esa comisión podría hacerlo sin problemas porque tiene mayoría, pero lo que no hay es un acuerdo entre el bloque oficialista”, adelanta un senador opositor.

En rigor la comisión de Trabajo además de la presidencia de Martínez la integran los senadores de UP, Federico Faggioli (Patria Grande), Pedro Borgini (CGT), Sabrina Bastida (Ateneo Eva Perón), Pablo Obeid (La Cámpora). Un total de cinco integrantes oficialistas por sobre cuatro de la oposición: Juan Rico Zini (PRO), Cristian Gribaudo (PRO), Ariel Martínez Bordaisco (UCR-Cambio Federal) y Eugenia Gil (UCR-Cambio Federal).

“Nosotros somos generadores de empleo genuino y estamos muy preocupados. Si se aprueba la modificación del Art. 48 nos obliga a los empresarios a no tomar nuevos empleados y nos deja en jaque ante un eventual juicio laboral porque ya tenemos en la actualidad juicios cuyos montos se multiplicaron por 40 en el último período”, había planteado el presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), Camilo Kahale en la reunión que empresarios mantuvieron con representantes de los bloques opositores del Senado bonaerense.

Al momento de su discusión en la Cámara de Diputados, la legisladora Maite Alvado -autora del proyecto- remarcó en el recinto que “si están preocupados por las PyMES ¿qué hicieron para detener el RIGI o la feroz apertura de importaciones que está proponiendo el gobierno de Milei? Las pymes no quiebran por las indemnizaciones, quiebran por la política económica del gobierno que va en contra de ellas”. Una de las contestaciones había surgido de parte del presidente del bloque PRO, el diputado Agustín Forchieri, quien planteó: “El Gobierno de Kicillof va en sentido contrario a lo que necesitan las Pymes y quienes dan trabajo en nuestra provincia. Si tenemos claro que hoy tenemos que generar trabajo para salir del atraso y la decadencia ¿por qué le hacemos la vida más difícil al sector privado?”.

En el Senado bonaerense, Unión por la Patria tiene 21 integrantes; mientras que los bloques opositores juntan 25 senadores que, de persistir unificados en su rechazo a la iniciativa, trazan un escenario complejo -aunque no imposible- para que el oficialismo avance en una votación favorable al proyecto en cuestión.