Javier Milei amenaza con vetar la movilidad jubilatoria: cuáles son las herramientas del Congreso para impedirlo

El presidente Javier Milei volvió a advertir que va a vetar cualquier ley que le implique una erogación al Estado nacional. Lo dijo en varias oportunidades y lo reafirmó luego de que la Cámara de Diputados de la Nación le diera media sanción a una ley que establece un esquema de movilidad jubilatoria.

El Presidente informó en su cuenta de X -ex Twitter- que vetará la norma. Lo hizo insultando a los legisladores que votaron a favor de la norma, con una foto realizada con inteligencia artificial que los catalogaba como “unas ratas”. Sin embargo, la publicación no amilanó a los legisladores, que avisaron que el Congreso tiene el poder necesario para avanzar en la medida.

“No entregaré el déficit cero. Una parte del Congreso muestra una vocación sistemática por destruir el equilibrio fiscal, lo cual conlleva a la pérdida de valor de los bonos y con ello suba el riesgo país y la tasa de interés”, escribió Milei con una imagen de una caja con billetes rodeada de ratas y un león con una motosierra.

Además, durante su discurso en el 10° Latam Economic Forum agregó: “Están buscando romper el equilibrio fiscal. Cuando asumió Nayib Bukele (presidente de El Salvador) no tenía ni un legislador, nada. Gobernó a puro veto; cada cosa que aprobaban, se las vetaba todas. Y es lo que voy a hacer yo”, insistió

Desde el Congreso responden. “Que no se equivoque. Al menos cuatro bloques que respaldaron la ley bases votaron a favor. El apoyo ha sido total. Se alcanzaron las dos terceras partes de la Cámara de Diputados” explicó una fuente parlamentaria. “Podríamos perfectamente insistir sobre su veto, convocar a una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre las jubilaciones, o aún rechazar su DNU sobre la fórmula”, agregó.

El veto presidencial es una facultad del Ejecutivo -fue utilizada por todos los Presidentes desde la vuelta de la democracia-, pero no necesariamente significa que una ley no pueda ser aprobada.

La norma establece que el jefe de Estado tiene la facultad de vetar total o parcialmente una ley, y si eso sucede regresa a la Cámara de origen, donde será considerada primero y luego pasará nuevamente a la Cámara revisora. Si ambas insisten en su sanción, se podría ratificar el proyecto inicial.

La única restricción que aplica es que, sin importar si fue aprobada por mayoría simple -la mitad más uno-, en el proceso de revisión deberá ser ratificada en ambas Cámaras por los dos tercios de los votos, es decir, una mayoría especial.

Si el Congreso de la Nación define a través del voto de los dos tercios insistir con la norma, el Poder Ejecutivo nacional deberá aceptarla y reglamentarla en el plazo que establece la normativa vigente.

El escenario no es el mejor para el gobierno nacional. La media sanción se consiguió con los votos de los bloques de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal. La votación en general fye: 160 afirmativos. 72 negativos. 8 abstenciones. Como sólo había presentes 260 diputados presentes, el voto afirmativo alcanzó los dos tercios de la Cámara. Los mismos números se dieron a la hora de votar en particular los Capítulos I y II de la norma.

Los dos tercios de la Cámara significa, si están todos presentes, 172 votos en esa línea. Sin embargo, para este caso, como la Constitución no explicita que tiene que ser de la totalidad del cuerpo, para rechazar el veto e insistir con la norma se necesitan los dos tercios de los presentes.

Los que votaron en contra fueron los bloques de La Libertad Avanza (38 diputados) y PRO (37), lo que da un total de 72. Si estuviesen todos los legisladores presentes, estos bloques debería sumar a otros porque necesitan, como mínimo, 87 diputados para bloquear los dos tercios.

Desde el radicalismo, que es el bloque que llamó a la sesión y que terminó imponiendo su postura en el acuerdo que realizaron las fuerzas polìticas, señalaron: “Nos hicieron mil planteos en el contenido y fuimos capaces de sostener un dictamen responsable, en la línea de lo evaluado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. No incrementamos el costo fiscal más allá de lo estipulado. El pago para ajustar la inflación de enero que perdieron los jubilados quedó en 8 por ciento, lo mismo que había propuesto el PRO en su plan 12 cuotas”.