La Iglesia expresó preocupación por la demora en el reparto de alimentos que realiza el Estado. Lo hizo a través de Monseñor Oscar Ojea, presidente del Episcopado Argentino, quien señaló “la existencia de dos depósitos de alimentos que tienen cinco millones de kilos de alimentos guardados”. En ese marco, le reclamó a los funcionarios nacionales que impriman celeridad en esa gestión, dado que de ella depende el alimento de seres humanos.
El obispo de San Isidro aseguró: “No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión”, y agregó que “rápidamente tienen que ser entregados, esta sensibilidad frente al pan que yo tengo y puede faltar en otras mesas va contra todo lo que significa, por ejemplo, cuando tiramos comida”.
El reclamo se da en medio de las presentaciones judiciales que realizó el Gobierno contra las organizaciones que administran la mercadería que reparte el Estado. El Ministerio conducido por Sandra Pettovello presentó ante la Justicia las certificaciones de los 1.607 comedores y merenderos que la cartera “no pudo certificar” porque ya no funcionaban más, ya sea porque nunca existieron o por haber brindado brindado direcciones falsas. Representan el 47,5% de los 3.385 establecimientos que se relevaron entre el 7 de febrero y el 17 de mayo, tal como anticipó Infobae.
En ese marco, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina difundió un mensaje en el remarca la preocupación de la institución que representa por esa situación y brindó una reflexión coloquial para graficarlo: “mi abuela materna me decía que cuando tirara un poquito de pan, besara el pan y pensara que ese pan que yo pude comer y que no voy a comer hay otro que realmente lo necesita”. “Esto es lo que realmente nos preocupa, que se vaya perdiendo esta sensibilidad frente a un derecho que es y que es primario como es el derecho al alimento”, enfatizó.

De acuerdo a las presentaciones que realizó el Ejecutivo nacional en la Justicia, los denominados “comedores fantasma” pertenecen a organizaciones sociales y piqueteras como el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha, Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita y Barrios de Pie. La verificación de la cartera de Pettovello indica que sí se acreditaron 1.766 comedores. En total, esos comedores y merenderos asisten a 240.370 personas.
Asimismo, Ojea afirmó: “Dios quiera que rápidamente los hermanos con tantísimas necesidades puedan alcanzar su alimento diario”. “Que este amor fraterno especialmente con aquellos que no comen o no comen bien y que este cuidado y esta preocupación por nuestros jóvenes para que no entren en otras adicciones, sean claves para que podamos entrar en este misterio del Dios que es amor y vivir la bondad, la misericordia y la grandeza del corazón que inspira el mismo misterio de Dios. Que Dios lo bendiga”, concluyó.
La abogada Leila Gianni, subsecretaria legal de Capital Humana, afirmó ante la Fiscalía federal que de la investigación de Capital Humano “surge que el gobierno anterior no controló a los comedores matriculados durante los años de gestión de los programas ‘Argentina contra el Hambre’”. En la causa se investigan los presuntos delitos de “defraudación contra la administración pública” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

La denuncia previa
El dirigente social Juan Grabois indicó en su reclamo judicial contra la ministra Pettovello. “Solicitamos que se realice una inspección en ambos centros operativos a los efectos de comprobar la existencia de cantidades siderales de alimentos sin entregar”. En el mismo sentido, resaltó que “la comida se pudre en los galpones de Capital Humano mientras a 100 metros las familias argentinas pasan hambre”.
La respuesta del Gobierno
Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aceptó la semana pasada: “Por supuesto que los alimentos se van a repartir y van a llegar a la gente que le tiene que llegar”. Además, recalcó que dichos productos “tienen diferentes fechas de vencimientos, no están por vencerse” y que fueron “adquiridos por la administración anterior”. “Un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”, subrayó el portavoz.
A su vez, un fallo judicial confirmó que el Poder Judicial “no debe ejercer el Gobierno por medio de medidas cautelares” y que “no existe el peligro en la demora” de entrega de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, Esteban Furnari, rechazó así un recurso de amparo presentado para solicitar la “prohibición de innovar”, con el objeto de que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no suspenda, en la transición a una nueva modalidad de asistencia alimentaria, la entrega de alimentos secos a comedores y merenderos de todo el territorio nacional.
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