Ajuste en educación: el Gobierno recortó hasta 80% los fondos destinados a las provincias

El superávit fiscal anunciado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, cerró con un fuerte impacto en las partidas destinadas a educación pública. Según los cálculos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), los fondos destinados a financiar el funcionamiento del sistema cayeron hasta un 80% en términos interanuales en el primer cuatrimestre.

El programa más afectado por los recortes es el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), del que se pagó apenas $3.683 millones (de un total de $46.611 millones) únicamente en enero. Esta partida representa una baja de 80,7% en términos interanuales.

El FONID se creó en 1998 por la Ley 25.053 con carácter de emergencia, en medio de la icónica protesta de la “carpa blanca” tras los 1.003 días de conflicto, y se fue prorrogando en diferentes ocasiones. La última prórroga había sido sancionada el 22 de febrero de 2022, retroactivo al 1 de enero de ese año y por dos años; esto es, hasta el 31 de diciembre de 2023, que es a lo que se atiene el gobierno, aunque partidas para ese destino estaban contempladas en el proyecto de presupuesto que había enviado el gobierno de Alberto Fernández y que no fue tratado por el Congreso.

En los hechos, el FONID permitía compensar la desigualdad de los salarios del personal educativo en todo el país, con montos mínimos acordados periódicamente entre los sindicatos docentes y el Consejo Federal de Educación. Como consecuencia de la prórroga del presupuesto, el crédito inicial del FONID al comenzar el ejercicio 2024 totalizó $347.351 millones. El DNU 280 del 27 de marzo firmado por Milei redujo el presupuesto a $276.262 millones, por lo que los recursos ascendían al mes de abril a $71.088 millones.

Sin embargo, los fondos devengados se redujeron a una mínima expresión a comienzos de año. La decisión se tomó en el marco de la tensión y enfrentamiento con las autoridades provinciales por las negociaciones de la ley “Ómnibus” o “Bases”, y como parte del ajuste de las transferencias a los gobernadores.

El ministro Luis Caputo explicó oportunamente los motivos de la supresión del FONID: “Caducó. No se va a transferir más y tiene una lógica detrás: no hay docentes nacionales, los docentes son provinciales”.

De las sumas que se alcanzó a pagar, las provincias que percibieron algún tipo de erogación son Santiago del Estero ($1.525 millones), Misiones ($1.476 millones), La Rioja ($397 millones), Catamarca ($227 millones), Corrientes ($47 millones) y Chubut ($12 millones).

Otra de las partidas castigadas que percibían las provincias son los fondos por el concepto “Políticas Socioeducativas”, que tienen como función universalizar la jornada completa o extendida en la educación primaria. Este rubro se pagó en $28.325 millones, lo que representa una caída de 51,3% interanual en términos reales.

La extensión de la jornada escolar fue un convenio firmado entre el Estado nacional y los gobernadores con la gestión de Alberto Fernández, que quedó en suspenso los últimos meses. Axel Kicillof fue uno de los que suspendió la medida ante la discontinuidad de los fondos.

Según la OPC, la merma del rubro de los “gastos de capital” que destina el Estado nacional también alcanzó a insumos vinculados a la educación, como el programa Conectar Igualdad. En esa área, la disminución de la inversión en la Secretaría de Educación se desplomó 98,7% interanual en el primer cuatrimestre, por la falta de ejecución en la adquisición de computadoras.

El jueves pasado, se realizó un paro nacional docente de 24 horas en protesta a sus demandas salariales y laborales, del que participó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), los gremios universitarios y los sindicatos nucleados dentro de la CGT.

En algunos distritos, como Santa Fe y Misiones, se replicaron duros conflictos entre los maestros y las autoridades locales. Los santafesinos ya aceptaron, en disconformidad, un aumento de 18% para el segundo trimestre. Pero en el litoral, la situación está lejos de apaciguarse.

Antes de que estallara la protesta, un docente misionero cobraba menos de 300 mil pesos. La provincia atraviesa un contexto de gobernabilidad de alta inestabilidad, ya que al reclamo se sumaron los policías y otros gremios estatales. Solo en el distrito que gobierna Hugo Passalacqua, mandatario del Frente Renovador de la Concordia, las transferencias discrecionales de la Nación a esa provincia cayeron 85% en el primer cuatrimestre.

En el corto plazo el ajuste educativo deteriora los salarios y la continuidad escolar, pero en el largo plazo lo esperable es que se posterguen obras de infraestructura escolar y otros servicios como la provisión de almuerzos y meriendas.

Por el momento, el Gobierno nacional se mantiene prescindente frente a los focos de tensión provinciales.

“Los docentes dependen del Gobierno provincial, por lo tanto el Gobierno nacional no puede interferir ni en esa negociación ni en ese conflicto, que es entre partes y el Estado (nacional) no es una de ellas”, alertó el vocero presidencial, Manuel Adorni.