“Comedores fantasmas”: el Gobierno denunció “un plan sistemático para cometer hechos de corrupción contra el pueblo argentino”

El Ministerio de Capital Humano ratificó la denuncia penal que realizó después de verificar que casi el 50% de los comedores a cargo de los movimientos sociales y piqueteros, a los que asistía el Gobierno anterior con “alimentos frescos”, eran inexistentes, dejaron de funcionar, sus referentes se mudaron de barrio, o sus direcciones no existían.

Ayer, después de presentar más pruebas que implicaría a dirigentes sociales y ex funcionarios del Gobierno de Unión por la Patria vinculados por la distribución de comida a comedores y merenderos comunitarios que “no estaban validados,” sostuvieron en los tribunales de Comodoro Py que las pruebas colectadas y las auditorías ordenadas por la ministra Sandra Pettovello, los lleva a concluir que: “Todo esto parece ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables”.

La sospecha es que los dirigentes sociales seguían recibiendo las partidas de comida a pesar de estar cerrado el lugar. Entre la documentación aportada se sostiene que “varios comedores fueron inscriptos por diferentes organizaciones sociales”. Según las auditorías ordenadas por la ministra Pettovello apenas el 8% de estas partidas de alimentos, que salían de los depósitos de la ex cartera de Desarrollo Social eran rendidas.

“Sólo se pudieron relevar el 52,3% de los comedores. El restante 47.7% no funciona más como tal; el 25% de las direcciones no existen o nunca funcionó un merendero”.

En la presentación judicial, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, y que está delegada en la fiscalía federal de Ramiro González, se los denomina “comedores fantasmas”.

Ayer, Leila Gianni, subsecretaria legal de Capital Humano, además de ratificar la denuncia, presentó nueva documentación que avalaría que miles de toneladas de alimentos tuvieron un destino, como mínimo incierto.

En el escrito se enfatiza que desde el entonces Ministerio de Desarrollo Social no se efectuaba un seguimiento sobre los alimentos que se suponía, debían estar destinados a las familias más vulnerables.

Funcionarios y dirigentes sociales

“Estos comedores, que estaban en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM) eran representados por organizaciones sociales, siendo estas las que recibían los alimentos secos o el dinero, según el caso. Una vez recibido dinero o alimentos, no existía un control por parte del Estado nacional sobre si los comedores que estas organizaciones aducían representar, recibían efectivamente los alimentos, conforme lo aportado en esta causa se puede observar, como muchos de los comedores inexistentes estaban representados por estas a quienes ellas decían asistir”, sostuvo en la ratificación de la denuncia en la que se solicita investigar el presunto “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública”.

La legislación impone que los funcionarios que autorizaban la salida de esos insumos de primera necesidad debían tener “trazabilidad”, es decir, a qué comedores eran destinados, quiénes eran los responsables de los establecimientos y a cuántas personas se asistían. Según Capital Humano, en el 92% de los casos eso no sucedió.

Una semana atrás, la cartera de Pettovello presentó ante el fiscal Ramiro González planillas Excel con 1.201 lugares “no validados”, sus direcciones y las organizaciones que los inscribieron en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM), que estaba bajo la órbita de la dirigente de La Cámpora Laura Alonso, la entonces Secretaria de Inclusión Social.

En la Casa Rosada están convencidos de que los bolsones de alimentos que debían ser destinados a los más vulnerables, se utilizaban como herramienta de extorsión, como quedó plasmado en la causa que por “extorsión” investigada por el fiscal Gerardo Pollicita; o se vendían, como también fue denunciado en ese expediente que tiene como imputados a 28 dirigentes del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie y en el cual se impuso el “secreto de sumario” y se aceptó como querellante al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Las organizaciones sociales vinculadas a los 1.201 “comedores no validados”, están vinculados a organizaciones como el Movimiento Evita liderado por Emilio Pérsico (ex secretario de Economía Social); la CTEP y el MTE referenciados con Juan Grabois; la Corriente Clasista y Combativa (CCC) coordinada por el ex diputado kirchnerista Juan Carlos Alderete; Barrios de Pie cuyo coordinador nacional es el ex también ex funcionario de la Cartera de Desarrollo Social, Daniel Menéndez y Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero.

“Un plan sistemático”

Desde Capital Humano le recordaron a la fiscalía que “la normativa de la Administración Pública Nacional establece que, si se tienen rendiciones de cuentas pendientes con el Estado Nacional, de fondos recibidos, habiendo vencido los plazos para la presentación de las mismas, no se puede continuar recibiendo dinero”, como, da entender el nuevo Gobierno, sucedió durante la administración de Alberto Fernández.

Sus tres ministros de Desarrollo Social fueron: Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.

“Se puede observar una vez más, como estas organizaciones sociales levantando la bandera de la justicia social lucraron con el hambre de los sectores más vulnerables”, sostiene la cartera de Capital Humano en la ratificación de la denuncia y el aporte de nuevas pruebas sobre el presunto circuito corrupto que involucraría a ex funcionarios y dirigentes sociales.

“Asimismo, muchas de estas organizaciones eran cooperativas creadas recientemente, sin historial alguno, y recibían la habilitación a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que estaba a cargo de otro dirigente del Evita, Alexandre Roig.

“Una vez recibida tal habilitación, se presentaban en el Ministerio de Desarrollo Social para pedir líneas de crédito, en distintas materias, alimentos, guardapolvos -hechos que ya fueron denunciados y tramitan en este fuero, pero no vinculados a la presente (causa). Todo esto indica que pareciera ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables”, agregó la denuncia.

Para los funcionarios de La Libertad Avanza los dirigentes sociales era los “intermediarios entre la asistencia social del Estado y el real beneficiario (…) Eran las organizaciones sociales las que convenían con el Estado Nacional con la excusa de representar a una cantidad de comedores inscriptos en el RENACOM”.

Desde Capital Humano le advirtieron al fiscal del caso que “algunos de esos comedores existían y otros tantos no, o algunos que dejaron de funcionar, y ninguna autoridad estatal detectó”. “Aun así -se sostuvo ante la fiscalía- habiendo comedores que existían y que estaban debidamente matriculados y respondían a una organización social, en las auditorías de Capital Humano referentes a dichos comedores refirieron nunca haber recibido ningún tipo de alimento. Tampoco existía una base de datos sistematizada que nucleara a toda la información, no se había controlado la cantidad de personas que asistían a los comedores que declaraban en las planillas de inscripción y que, en función de esa cantidad, la organización solicitaba al Estado kilos de alimentos y transferencia de dinero para adquirir alimentos”.

Desde la subsecretaría legal de Capital Humano también le aseguraron al fiscal González que en el ex ministerio de Desarrollo Social: “No había control alguno que refiriera sobre la existencia de algún tipo de incompatibilidad que tornara legal dicho otorgamiento de asistencia. No se corrobora si los titulares de organizaciones sociales eran funcionarios de cualquier organismo del Estado”.

Con la causa penal en pleno trámite judicial, las principales organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), anticiparon que esta semana -es posible el jueves- realizarán una protesta frente al Ministerio de Capital Humano, ubicado en Carlos Pellegrini 1285. La medida se denomina “la fila de los comedores”. Pretenden que la ministra Pettovello y sus colaboradores “atiendan y registren a cada comedor y merendero que no está recibiendo asistencia por parte del Estado”. La misma acción promete realizarse “en simultáneo y en diversas delegaciones de la Secretaria de Niñez y Familia – ex Desarrollo Social- de todo el país”.

Pettovello no los recibirá y ya anunció que a los comedores “registrados” no les enviará alimentos frescos como realizaba la administración Fernández, sino que carga una tarjeta del programa Alimentar Comunidad para que los referentes de los comedores compren “los alimentos que necesiten, y una vez que se rindan las cuentas se vuelve a cargar”.