
La comisión de Educación de la Cámara de Diputados comenzó esta tarde a analizar diferentes proyectos de la oposición que tienen como objetivo garantizar el presupuesto de las universidades. Actualmente la educación superior se encuentra en estado de alerta ya que sus recursos se vieron drásticamente disminuidos debido a que el Gobierno prorrogó las partidas del año pasado pero no las actualizó por inflación.
Ante esta situación, varios rectores, entre ellos Ricardo Gelpi, de la UBA, anunciaron que ya utilizaron la mayor parte de su presupuesto y pusieron en duda la posibilidad de sostener el funcionamiento durante el segundo cuatrimestre. La contundencia de la movilización de la semana pasada marcó obligó al Gobierno a sentarse a negociar. Sin embargo, la situación de emergencia no tuvo hasta ahora una resolución concreta, más allá de algunas promesas de mejoras presupuestarias.
Tras una reunión que duró casi tres horas, Alejandro Finocchiaro, presidente de la comisión de Educación, anunció un cronograma de trabajo que prevé dos reuniones informativas para el 7 y el 14 de mayo. Aunque no dejó en claro si efectivamente se dictaminará esa semana como reclamaban desde Unión por la Patria.
Desde el inicio del encuentro, tanto el peronismo como la izquierda y el bloque Innovación Federal presionaron para que se firme un dictamen lo más rápido posible y que luego el proyecto sea girado a la comisión de Presupuesto. Donde los libertarios y sus aliados del PRO tienen mayoría y pueden frenar el avance opositor.

Una situación similar ocurrió con la fórmula para actualizar las jubilaciones. Mientras la oposición avanzó con distintos proyectos en la comisión de Previsión Social, el debate quedó detenido debido a la negativa de José Luis Espert de convocar a Presupuesto.
“La decisión de prorrogar el Presupuesto 2023 coloca al sistema educativo en una situación crítica. En este primer cuatrimestre vemos que el devengado que tienen va del 80% al 100% (en cinco meses ya gastaron casi la totalidad del presupuesto del año)”, explicó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.
La CC se mostró en sintonía con el proyecto de la radical Danya Tavela, que entre otros puntos dispone que los gastos de funcionamiento (que no incluye salarios de docentes y no docentes) se actualice de forma bimestral a partir de una fórmula que combina la variación del Índice de Precios (50%), la variación de la cotización de la divisa de referencia para importación (25%) y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos (25%).
El diputado Ferraro propuso también que la comisión cite al actual subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, para que exponga la posición del Gobierno la semana que viene.
“Yo fui ministro con el presupuesto prorrogado: es ir cada 15 días a ver al ministro de Economía a ver si tiene fondos”, dijo el peronista Daniel Arroyo, en referencia a su paso por el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández. Y agregó: “Las universidades no pueden funcionar así, discutiendo el presupuesto cada 15 días. Los rectores de las universidades tienen que saber con cuánta plata cuentan. No hay mucho para debatir acá, es evidente que no tienen recursos. Tenemos que dictaminar. Tenemos que acelerar”.
El proyecto del peronista Pablo Carro, en tanto, propone actualizar los gastos de funcionamiento en base a un promedio de Inflación y aumento de tarifas. Por su parte, la iniciativa de Pamela Caletti, del bloque Innovación Federal, proponía una actualización bimestral por IPC.
Finalmente, en consonancia con los planteos de la Coalición Cívica y del radicalismo, el presidente de la comisión propuso hacer dos reuniones informativas los días 7 y 14. “Si ahí vemos que hemos agotado el tema, pasaremos a una reunión para dictaminar”, dijo Finocchiaro.
Si bien reconoció el consenso entre las diferentes fuerzas para resolver el problema del financiamiento, el ex ministro de Educación del gobierno de Cambiemos pidió cautela para “no apurarse y terminar votando algo que después trae problemas, como ocurrió con la Ley de Alquileres”.
Por otro lado, los sectores más duros de la oposición no lograron por ahora incluir en la agenda de la comisión la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID), que no fue prorrogado por el Gobierno y dejó de existir.
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