
Guillermo Francos completó esta semana un recorrido de tratativas con casi todos los gobernadores y buena parte de los bloques de diputados. La agenda recargada, pero todavía sin agotar, busca desandar los desmanejos que acompañaron la caída del proyecto original de Ley Ómnibus, es decir, el primer fracaso legislativo del Gobierno. La intensidad de los contactos resulta impuesta por la condición minoritaria del oficialismo y la fragmentación política. Se suceden rondas de negociación con bloques y gobernadores. Y las chances del pacto político y fiscal agregan otro componente, temido por el kirchnerismo: amenaza la unidad peronista en el Congreso.
Los movimientos dan la impresión de un despliegue planificado, con participación de la jefatura de Gabinete -en algunos tramos, Nicolás Posse- y funcionarios de Economía. Asoma como una secuencia. Largas conversaciones con bloques y gobernadores “dialoguistas”, acercamiento a heridos por las cargas presidenciales, reuniones con fuerzas locales y contactos con jefes provinciales considerados aliados del PJ y, más reservados, directamente con peronistas. Sin embargo, la cautela y hasta los recelos persisten entre los interlocutores.
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Eso último es alimentado por los embates presidenciales en su línea discursiva -no tanto práctica- contra la “casta”, reflejo extendido del éxito de campaña. La increíble votación de los senadores para aumentar sus ingresos de golpe y en forma desmedida facilita las cosas. El punto, como ocurrió con la previsible complicación del mega DNU y la caída de la primera versión de la Ley Bases, es hasta qué nivel de insultos y generalización puede llegar Milei.
El interrogante hace al núcleo de las precauciones que acompañan las versiones sobre avances significativos en el doble acuerdo de Ley Bases y paquete fiscal para desahogar la situación financiera de las provincias. No es lo único inquietante. El contrapunto para diferenciarse de “la política”, que por momentos privilegia el choque entre la “narrativa” del oficialismo y el “relato K”, se diluye a veces en especulaciones sobre acuerdos con el kirchnerismo.
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En la práctica, el Gobierno habría asimilado las consecuencias de la frustración de febrero en Diputados. Algunas voces experimentadas de legisladores dispuestos de entrada a la negociación advertían entonces sobre una cuestión básica: los proyectos centrales para una gestión presidencial deben llegar al recinto cuando el número de votos está garantizado. Son necesarios los acuerdos previos. Y el cuadro pintado por la sucesivas elecciones del año pasado -no sólo el impactante resultado del balotaje- demanda un nivel inédito de negociaciones, en todo sentido.
El oficialismo aspira a tener todo sancionado a mediados de mayo, luego del debate decisivo en Diputados y un tránsito más rápido en el Senado. Se verá. Por lo pronto, el Gobierno se movió esta vez con cierta lógica para ir avanzando. Tuvo que desplegar reuniones que, además, en ningún caso exponen continuidad mecánica entre gobernadores y espacios legislativos: nadie garantiza totalidad de acompañamiento de los bloques y, para completar, las bancadas no representan exactamente el modo en que se nuclean los jefe provinciales.
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De manera lineal, la primera tanda de tratativas encaradas por Francos tuvo como eje central al conglomerado de lo que fue Juntos por el Cambio. La marca JxC es sostenida exclusivamente por el conjunto de diez jefes de distrito que integran la UCR y el PRO y aliados. En el Congreso, operan como bloques divididos, a veces con alguna sintonía entre ellos. Y algunos legisladores se ubican fuera de esas dos marcas partidarias y confluyen en Hacemos Coalición Federal.
A pesar de esa conformación, desde esa vereda se deja trascender, en sintonía con el oficialismo, que las conversaciones están muy avanzadas, aunque no saldadas del todo. Para el Gobierno, ese fue el foco central en la etapa negociadora: la masa crítica para poder avanzar con otros espacios.
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En segundo lugar, se ubicaban las expresiones de fuerzas provinciales y del peronismo no alineado, en algunos casos de relación deteriorada en poco tiempo con el Gobierno nacional. Las heridas y enojos se extendieron -y subsisten sus huellas- en todas las formaciones. En JxC, Francos y algunos integrantes de ese conjunto, como el entrerriano Rogelio Frigerio, debieron trabajar para allanar el terreno. Los problemas trascendían incluso origen partidario. Ejemplos: el santafesino Maximiliano Pullaro y el chubutense Ignacio Torres.
Los encuentros de bloques regionales y los contactos menos visibles y no siempre directos se sucedieron para reencauzar el trato con el salteño Gustavo Sáenz. Más complejo fue distender el trato con el cordobés Martín Llaryora, otro de los elegidos por Milei en la furia de febrero, luego de la caída de la Ley Ómnibus.
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No se agotaron allí las negociaciones para remontar la pendiente. En los últimos días se sumaron señales hacia el rionegrino Alberto Weretilneck. Y fue muy expresivo el encuentro del ministro del Interior con el santacruceño Claudio Vidal, un “duro”, según coinciden fuentes políticas y empresariales.
En paralelo, para extender los márgenes de las tratativas, se produjeron dos viajes de Francos particularmente significativos en la mirada del peronismo, por la sintonía en épocas de poder. El ministro visitó a Gerardo Zamora. El gobernador santiagueño no sólo mantiene puentes con la Casa Rosada sin reparar en el ocupante -razonable en el juego de provincias y poder central-, sino que además cultivó una relación privilegiada con CFK.
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Diferente, aunque dentro de los márgenes de las fuerzas originales de algunas provincias, es el caso de Misiones. Francos cerró la semana con una visita a Posadas. Estuvo reunido con el gobernador Hugo Passalacqua y después, con Carlos Rovira, eje de la coalición al frente de la provincia desde hace más de veinte años. Tienen amplio ejercicio en las relaciones con las sucesivas administraciones nacionales. Y legisladores alineados.
En el marco de esa serie sostenida de negociaciones, el peronismo/kirchnerismo enfrenta el principal desafío de la gestión Milei. Hasta el momento, mantuvo la unidad de sus bloques, con mínimas fisuras. Pero ahora asoman dos puntos diferentes de la experiencia pasada (Ley Ómnibus) y las actuaciones de dureza para marcar el terreno (rechazo al DNU en el Senado).
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La primera diferencia es que, en febrero, funcionó la apuesta al fracaso del mega proyecto por el modo en que se iban precipitando las diferencias entre oficialistas y posibles aliados, camino al recinto. Eso podría alterarse esta vez si es coronado el acuerdo y el peronismo se encamina a la derrota en el recinto. Y la segunda: está claro que la negociación por la Ley Bases tiene como contrapartida el paquete fiscal conversado con las provincias, algo que puede atraer voto de legisladores de distritos en manos peronistas, no sólo Tucumán y Catamarca.
Existe un dato complementario que trasciende los temas concretos y aún en discusión de los proyectos de ley: la obra pública, hasta ahora paralizada, además de demandas que hacen a producciones o necesidades regionales. En la entrada del fin de semana, lo refrescó el gobernador misionero en la cita con Francos. Lo tienen claro todos los jefes provinciales.
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