Tras detectar nuevas irregularidades con el manejo de los brokers, el titular de Nación Seguros, Alfonso Torres, le pidió la renuncia esta tarde al gerente del área comercial, Matías Caselli, y a dos empleados de esa repartición, pudo saber Infobae de fuentes oficiales.
Los motivos de la decisión serán informados en las próximas horas al juez federal Julián Ercolini, que tiene a cargo la investigación judicial. “La empresa continúa con el proceso de auditoría y no se descartan nuevas medidas, según sea necesario”, dijo una fuente oficial.
Caselli trabajaba en la empresa hace 15 años. Fue gerente regional, gerente de Unidad de Negocio de Corrientes-Chaco-Formosa-Catamarca, y gerente Comercial Unidad de Negocio Corrientes, entre otros cargos.
Este fin de semana, Torres ya había echado al gerente general, Mauro Tanos, y al gerente de compras, Federico Eufemio.
La Justicia llegó a Tanos a partir de una camioneta Jeep que fue vista en la casa del empresario Alfredo Del Corro. Ese vehículo está inscripto a nombre de “7 de mayo Cooperativa Limitada”, pero el ex gerente de Nación Seguros tenía una tarjeta azul para usarla.
En el caso de Eufemio, el magistrado encontró datos societarios muy llamativos. De hecho, forma parte de una sociedad llamada “SMART TECHNOLOGY SRL” junto a Del Corro, un empresario que no es del rubro asegurador pero habría tendría un rol protagónico en la maniobra según pudo saber Infobae. También está vinculado a la firma “Megaled Del Sur SRL”, donde aparecen el propio Del Corro y Damián Gosso.

No fue la única decisión política. Anoche, el Gobierno decidió prohibir a los intermediarios en todas las contrataciones de seguros que hagan los organismos públicos. Lo decidió el jefe de Gabinete Nicolás Posse a través de una nota que le mandó anoche a todos los ministros.
“Por medio de la presente, resulta oportuno aclarar que las contrataciones de las pólizas de seguros que se lleven a cabo en la órbita de sus jurisdicciones, deberán efectuarse sin mediar intermediación”, dice una nota muy breve firmada anoche por Posse y a la que tuvo acceso Infobae.
El texto fue enviado a Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Andres Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo, Sandra Pettovello, Karina Milei, Javier Herrera Bravo, y Eduardo Serenellini.
Sin embargo, el Gobierno hasta ahora no derogó el decreto que firmó Alberto Fernández en 2021, que obligaba a todos los organismos públicos a contratar con el Estado, y tampoco había corrido a los intermediarios. De hecho, los brokers cobraron $239.961.680 en los primeros dos meses de este año por contratos con el Estado, según una auditoría de Nación Seguros enviada a la Justicia.
En el caso de Bachellier, la empresa que cobró más comisiones en el gobierno anterior, se alzó con $30.884.619 entre el 1 de enero y el 26 de febrero de este año, la fecha que se firmó la auditoría de Nación Seguros. Atrás aparecen Héctor Martínez Sosa ($10.283.903), Castello Mercuri ($21.050.427) y las dos intermediarias de la póliza con la ANSES, San Ignacio y TG Broker, con $63.739.348.
Esa dos firmas fueron puestas a dedo por el ex titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Federico D’Angelo Campos en la póliza por los créditos para los jubilados.
Hasta ahora el Gobierno viene aportando información a la causa a través del Ministerio de Capital Humano, pero no pudo ingresar como querellante. Ercolini consideró que podría haber más funcionarios implicados, incluso en esa cartera y en la ANSES.
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