Apenas un puñado de organismos y empresas públicas decidieron esquivar el decreto de Alberto Fernández que obligó a contratar con Nación Seguros a fines de 2021. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) relevó más de 160 entes y detalló los incumplimientos en dos informes a los que tuvo acceso Infobae tras un pedido de acceso a la información pública.
El año pasado, la SIGEN detectó cinco organismos públicos que no habían cumplido con el decreto 823/2021: la Dirección Nacional de Migraciones (en manos de La Cámpora), Vialidad Nacional, la obra social de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de Promoción Turística, y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (depende del ex Ministerio de Salud).
En el caso del Instituto Nacional de Promoción Turística, la auditoría interna informó que “durante los meses previos a la renovación de la póliza de seguro del rubro accidentes personales, representantes de Nación Seguros S.A. comentaron telefónicamente que no cubrían accidentes personales”, pero la SIGEN comprobó luego que Nación Seguros efectivamente brindada esa cobertura.
Esos cinco organismos tenían al menos una póliza con otra aseguradora luego del 1 de diciembre de 2021, cuando se publicó el decreto que obligaba a contratar con Nación Seguros. Pero representaron apenas un 3% de los 164 entes que respondieron a una circular de la Sindicatura.
La auditoría de 2023 reveló además seis empresas públicas que tampoco habían acatado la norma: Belgrano Cargas, Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA), Corredores Viales SA, Fábrica Argentina de Aviones General San Martín, Nucleoeléctrica Argentina SA, y Tandanor.
El decreto 823 es el núcleo de las dos causas judiciales en las que está imputado Alberto Fernández. De hecho, entre las primeras medidas de prueba, el juez Julián Ercolini le pidió a la Jefatura de Gabinete y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, todos los antecedentes y actuaciones administrativas vinculadas con esa norma. También le pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la SIGEN todos los informes de auditoría vinculados con el decreto.
Al momento de imputar al ex presidente, el fiscal Ramiro González ya había reclamado un peritaje para determinar “el perjuicio patrimonial, consistente en la variable entre el régimen pretérito al decreto 823/2021 y la operatoria de contratación a través de un bróker de seguros denunciado en autos”.
En varias entrevistas, Fernández aseguró que la norma apuntaba a terminar con la intermediación y así modificar el sistema que había implementado antes Mauricio Macri. Pero se lo acusa de lo contrario. De hecho, una auditoría de Nación Seguros, publicada por Infobae, reveló que los 25 brokers más importantes cobraron casi $3500 millones de comisiones por seguros con el Estado en los cuatro años de la gestión anterior.
Según ese informe, la empresa Bachellier, ligada de manera estrecha con ese broker, encabeza el ranking con $1665 millones. Segundo aparece la empresa de Martínez Sosa, con más de $366 millones. Y en el tercer lugar del ranking quedó Castello Mercuri SA, uno de los principales aportantes a la campaña presidencial del Frente de Todos en 2019, que impulsaba la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En total, esa empresa cobró $285.956.773 por contratos con INVAP, Jefatura de Gabinete, Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Desarrollo Social.
Todavía faltan datos. El juez Ercolini pidió hace algunos días el listado de otros 58 brokers que se habrían beneficiado con el esquema de los seguros estatales. El magistrado también podría ampliar el listado de organismos públicos relevados.
Las auditorías de la SIGEN, a la que accedió Infobae por un pedido de acceso, ya fueron incorporadas al expediente. En el informe de 2022, elaborado apenas seis meses después del decreto 823, los organismos que no habían cumplido con la norma eran apenas tres: Migraciones (que se mantuvo en 2023), la Armada Argentina, y el Instituto Malbrán. Como habían pasado apenas algunos meses del decreto, la SIGEN también mencionó otros 42 organismos que estaban dentro del período para regularizar su situación.
En cambio, el número de empresas que incumplían la norma ascendía en ese momento a siete.
En las últimas semanas, el juez Ercolini acumuló información sobre el escándalo de los seguros. Lejos de estancarse, la causa se reactivaría en los próximos días, con nuevas medidas.
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