Rebelión fiscal: Kicillof busca una instancia de diálogo con el campo, que endurece su postura

El llamado a no pagar el Impuesto Inmobiliario Rural de la provincia de Buenos Aires -y otros tributos- que lanzó días atrás el diputado por la Libertad Avanza, José Luis Espert y que fue avalado por el presidente Javier Milei tomó volumen y envalentonó a algunas mesas regionales de las entidades del campo; que avisan que no pagarán la segunda cuota del impuesto -que vence en junio- por considerarlo confiscatorio. En este escenario, el gobierno bonaerense busca generar un canal de diálogo con un sector que no es homogéneo en su composición.

El cruce de argumentos que se desprenden de la Ley Fiscal Impositiva 2024 -la que establece cómo se compone la carga impositiva- va hoy por dos carriles. El gobierno de Axel Kicillof explicando que casi la totalidad de las partidas no sufrió una suba impositiva mayor al 200% -con una inflación del 276%- y el sector del campo replicando esta idea a partir de que la modificación a la base imponible de las propiedades que aumentó un 21,4% -es decir la valuación fiscal que ARBA hace de los campos en cuestión- las mueve de categoría y terminan pagando por encima de ese tope de 200%. Además, agregan, que este año se quitaron algunos descuentos como por ejemplo “buen contribuyente” o quienes estaban adheridos al débito automático.

Por un lado corre la cuestión técnica y por el otro la política. En lo técnico, el gobierno de Kicillof busca dejar en claro que no hay partidas mal emitidas y que quiénes tienen una suba por encima del 200% son el 0,71% del total. Es el titular de Arba, Cristian Girard, quien se ocupa de eso en línea directa con algunos representantes de las entidades rurales. El funcionario mantiene diálogo por ejemplo, con Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

Según supo Infobae, en las últimas horas ARBA revisó 1.500 partidas y no detectó errores en las mismas; es decir se aplicaron los topes que establece la Ley Fiscal Impositiva 2024, una iniciativa que al momento de su aprobación a finales del año pasado contó con el respaldo de la UCR, el PRO, la CC y un sector de los libertarios, además del peronismo.

En los primeros días de marzo, las entidades rurales enviaron una nota al gobernador por la suba impositiva y por interpretar que los incrementos superaban los topes establecidos en la ley fiscal. Con el tema en discusión luego de que Espert y Milei lo hayan puesto sobre la mesa, algunos dirigentes del campo buscan ser recibidos por Kicillof. Es un pedido que recibió tanto Girard como el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

Éste último habló tanto con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, como con su par de la Federación Agraria, Carlos Achettoni y el vicepresidente de la misma, Elbio Lauricina. Fue en el marco de la muestra de ExpoAgro, en la que Kicillof también participó de la cena de inauguración. “El diálogo existe y es bueno”, dicen fuentes del ministerio de Desarrollo Agrario.

Algunos representantes de entidades rurales se envalentonaron tras los dichos de Milei y de Espert. Uno de ellos fue el presidente de la Sociedad Rural de Rojas, Alberto Del Solar. Esta semana hubo una reunión de nueve entidades rurales del norte de la provincia de Buenos Aires. En ese encuentro, el dirigente planteó que “conseguimos movilizar a un diputado como Espert y al mismo presidente de la Nación, que salió diciendo no paguen esos impuestos. De dónde salió eso? de estas mesas, de las nueve rurales del norte”. Del Solar fue el candidato a intendente de La Libertad Avanza en Rojas. En ese encuentro estuvo presente también la senadora bonaerense que recientemente se pasó al bloque de La Libertad Avanza -tras ingresar al Senado por la lista de Juntos- Florencia Arietto

El posicionamiento de la región norte es uno de los más intransigentes con este tema: se nuclean allí las sociedades rurales de Rojas, San Pedro, Colón, Pergamino, Lincoln y Baradero; las asociaciones de productores agropecuarios de Capitán Sarmiento y Salto y las asociaciones de productores rurales de San Antonio de Areco y Arrecifes.

El gobierno, sostiene, que está predispuesto a analizar caso por caso; sin embargo encuentra que distintos productores prefieren no enviar sus partidas por temor a represalias. La sensación es que el tema escalará considerando el posicionamiento de las entidades rurales y la intervención política que despertó.

Este jueves se reunió el Consejo Directivo de CARBAP. En el encuentro se resolvieron acciones concretas. Además del reclamo ante Kicillof y ante el Poder Legislativo para que reformulen la Ley Fiscal, se instó a la realización de asambleas regionales “para dar a conocer la vulneración de lo aprobado en la ley fiscal, debatir y sugerir acciones, como así también que las rurales expliquen a las autoridades municipales sobre los abusos impositivos, y llevar adelante acciones puntuales en distintas oficinas de ARBA de la provincia”.

Asimismo se resolvió darle libertad a los productores para presentar acciones judiciales con el objetivo dejar sin efecto la suba impositiva.

En el mes de abril, CARBAP se reunirá en La Plata en donde posiblemente también participen algunos legisladores de la oposición “donde se efectuarán reclamos sobre el poder ejecutivo y legislativo para que se recomponga la situación actual”.

En las últimas horas el titular de ARBA planteó que la Provincia se encuentra facultada en distintos ámbitos para sancionar la evasión impositiva. “Hay que dejar claro que quienes decidan incumplir con sus obligaciones tributarias, subiéndose a esa lógica de rebelión fiscal, deberán enfrentar las acciones judiciales de cobro, con los riesgos y sanciones que eso implica”, advirtió Girard. También consideró: “Ojo con lo de la rebelión fiscal, porque después no va a estar Espert pagándole la cuenta al contribuyente cuando no pueda mover fondos de la cuenta bancaria por un embargo, ni le va a pagar los honorarios de los abogados”.

Cabe recordar que el Presidente había remarcado que el aumento impositivo dispuesto por la Legislatura bonaerense “es expropiatorio, no tiene contrapartida de bienes públicos. Kicillof no da nada, en términos de seguridad, la provincia es un baño de sangre; en educación, los rendimientos de los alumnos son verdaderamente paupérrimos; en la salud, ya vimos la estafa del Estado presente durante la pandemia, en la que, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30 mil muertos, y tuvimos 130 mil”.