El Ministerio de Capital Humano firmó convenios por 20 mil millones de pesos para la compra de alimentos

En medio del conflicto con los piqueteros de izquierda y organizaciones sociales por la falta de comida en los comedores y merenderos comunitarios la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó un convenio por 20 mil millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); en el marco de la ampliación del Programa de Abordaje Comunitario.

El lunes pasado, movimientos sociales que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) reclamaron, en largas filas, frente al edificio de Moreno y 9 de Julios y la oficina de la funcionaria asistencia social para los comedores porque desde que asumió el gobierno de Javier Milei se “cortó” la entrega de comida como venía ocurriendo.

Según se anunció desde la cartera de Capital Humano, los acuerdos firmados por el Estado Nacional en las últimas horas “asegurarán que los procesos de compra se realicen bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas, mejorando significativamente la eficacia y la integridad en la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

También se enfatiza que “permitirá adoptar criterios basados en especificaciones técnicas y nutricionales, en lugar de marcas comerciales; y promoverá la participación de una amplia gama de proveedores, desde grandes empresas hasta pequeños productores locales”.

Este último punto había sido reclamado por dirigentes sociales al gobierno de Alberto Fernández y nunca se llegó a implementar, al menos de forma continua y eficiente.

Funcionarios de gobierno aseguraron a Infobae que, si bien aún no están completas las auditorías que ordenó la ministra, se determinó que había una “cartelización” de la compra de alimentos secos, y que muchas empresas no se presentaban porque se estiraban las fechas de pago. En cambio, ahora, se va a “pre-fondear” es decir que el proveedor, al momento de cotizar, tiene fecha de cobro. También destacaron que se adquirirán alimentos “de buena calidad” y a un espectro importante de empresas teniendo en cuenta la orden de mérito. Es decir, se priorizará a los más competitivos, sean cooperativas, Pymes o grandes empresas.

El proceso licitatorio por los convenios firmados hoy, tendrá un proceso máximo de 40 días. En este interregno, ya se firmaron convenios para hacer trasferencias de manera directa. Tal es el caso del acuerdo que ayer Pettovello renovó con Cáritas Argentina por más de 310 millones de pesos para la compra de alimentos destinados a sectores más vulnerables. La decisión, vale recordar, se tomó después de la fuerte declaración emitida por la Conferencia Episcopal, que exigió que “la comida no sea una variable de ajuste”.

Desde el Ministerio de Capital Humano se recordó que también se aumentó el valor de la tarjeta Alimentar, lo cual significa una erogación de 160 mil millones de pesos mensuales.

En diálogo con Infobae, desde esa cartera aseguraron que una auditoría realizada desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (ex Ministerio de Desarrollo Social) determinó que el 80% de los alimentos que la administración anterior había entregado a las organizaciones sociales para ser distribuida a los comedores y merenderos que están bajo su tutela “no fue rendida”, es decir que se desconoce el destino, quien la recibió y a cuantas personas se asistió. Por esa razón, entre otras, Pettovello decidió terminar con la “tercerización” de los dirigentes populares, o al menos con los que no rindan cuentas sobre las toneladas de alimentos que salieron de los depósitos del Estado Nacional.

Los mismos funcionarios consultados por este medio recordaron: “Desde el comienzo de la gestión, el Gobierno ha iniciado un proceso de transformación profunda de las políticas sociales, con el objetivo de asegurar que la ayuda llegue de manera directa y efectiva a los beneficiarios; eliminando los intermediarios que históricamente han desviado recursos”.

En ese sentido, se afirma: “Aumentaron los montos en la Tarjeta Alimentar, con incrementos del 50% en enero y 50% en febrero; se comenzó a relevar la situación de los comedores comunitarios a lo largo del país, con la finalidad de mapear las necesidades reales; y se han firmado convenios con distintas ONGs, lo que permite una transferencia directa de recursos a los comedores comunitarios”.