El Gobierno mira al PRO y al peronismo para buscar los votos finales de la Ley Ómnibus

Los gobernadores de Juntos por el Cambio, influyentes actores al momento de negociar el apoyo en el Congreso a la ley ómnibus, se reunieron el sábado pasado para acordar una postura tras el anuncio del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, de que se eliminaba el capítulo fiscal del paquete de proyectos.

A través de un zoom, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis), analizaron las novedades.

Solamente Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes) no pudieron conectarse por cuestiones de agenda, pero el resto de los mandatarios provinciales conversaron largo rato y llegaron a dos conclusiones: que es necesario esperar a ver el texto final de la iniciativa que mande el Poder Ejecutivo y que todavía existen algunos puntos polémicos con los que no están de acuerdo, principalmente lo referido a la delegación de facultades especiales.

En la Casa Rosada tomaron nota de ese encuentro, pero aunque continuarán con las conversaciones hasta último minuto con los referentes de los distintos espacios de la denominada oposición “dialoguista”, confían en que con las últimas modificaciones ya lograron el respaldo que faltaba para aprobar la ley.

“Celebro la decisión de Luis Caputo. Estamos a disposición para un diálogo franco con el Poder Ejecutivo Nacional y llegar a acuerdos que reflejen sensatez y que construyan a largo plazo”, comentó al respecto Nacho Torres.

Por estas horas, el Gobierno espera un fuerte apoyo por parte del PRO, que cuenta con 37 miembros en la Cámara de Diputados, mientras que con el resto de los bloques van a seguir negociando hasta último minuto.

Entre los principales funcionarios que están a cargo de esa misión se encuentra el ministro del Interior, Guillermo Francos, que durante este lunes y las primeras horas del martes, cuando se empezará a tratar la ley en el Congreso, seguirá expectante los acontecimientos y mantendrá distintas reuniones.

No obstante, no tiene previsto dirigirse al recinto parlamentario cuando comience a tratarse el paquete de proyectos, sino que, en principio, se informará de lo que vaya sucediendo en su despacho de la Casa Rosada.

“Para el martes hay un amplio consenso”, confió a Infobae una fuente del PRO, en línea con lo que ya había expresado el jefe del bloque de ese partido, Cristian Ritondo, quien en su cuenta de X aseguró que el espacio “está por los cambios en la Argentina”.

En paralelo, las autoridades nacionales creen que podrían tener varios respaldos inesperados. Como antecedente, está el sorpresivo acercamiento del peronista Agustín Fernández, que firmó el miércoles pasado a favor del dictamen de mayoría impulsado por La Libertad Avanza, en la sesión de la semana próxima también podría haber sorpresas.

El tucumano, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, incluso anunció su salida de Unión por la Patria para crear un bloque propio llamado “Independencia”, junto a sus compañeras de banca Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla.

Si mantiene su postura, como jefe de la bancada, Fernández y sus colegas representan tres votos más a favor del paquete de leyes que, si bien es un número magro, se sumarían a aquellos con los que el oficialismo ya llegó a un acuerdo y a los otros que esperan terminar de convencer en los próximos días.

Un sector al que también apuntan es al de la Unión Cívica Radical (UCR), que tiene 34 integrantes en Diputados y que se mostró propenso a acompañar algunos de los artículos de la ley, aunque todavía están en desacuerdo con algunos puntos.

En el zoom del sábado, los gobernadores radicales remarcaron la necesidad de esperar a que el Poder Ejecutivo envíe el texto modificado del proyecto para ver cómo quedará finalmente redactado, analizarlo en profundidad y luego tomar una postura.

Luego de que Caputo confirmara que se eliminaría de la iniciativa todos los artículos vinculados con lo fiscal, que incluye el aumento de retenciones, el blanqueo y los cambios en jubilaciones, la declaración de la emergencia pasó a ser la parte más discutida del paquete.

Aunque se achicó el plazo a un año, con posibilidad de extenderlo a otro más, se le permitirá al Gobierno declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa -ya no en defensa, social ni sanitaria-.

Esto le daría al presidente Javier Milei la posibilidad de contar con “facultades legislativas” para avanzar con diferentes decisiones en cada una de las áreas mencionadas, sin tener que cumplir con los procedimientos y los tiempos parlamentarios.

Todo el arco de la oposición “dialoguista” coincide en que este es un apartado todavía a revisar y que “falta información” por parte del oficialismo de qué alcances tiene la medida. El bloque de Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Pichetto, fue el más contundente en este sentido.

Puntualmente, reclaman que se eliminen también las emergencias en materia fiscal y provisional, lo cual se analizará a lo largo de este lunes y a contrarreloj, ya que sería apenas horas antes del inicio del tratamiento.

En cuanto a los mandatarios provinciales, en la previa del anuncio de Caputo ya habían sido consultados respecto de la posibilidad de que se separaran las reformas fiscales del resto de la ley y varios dieron el visto bueno, aunque saben que ese cambio podría terminar de perjudicarlos.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales a Infobae, más allá de las transferencias discrecionales que el Poder Ejecutivo hace a las provincias a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), Milei cuenta con distintos instrumentos para dejar de financiar a los distritos para reducir el gasto y conseguir el objetivo del déficit fiscal cero.

No obstante, así como se hizo con el proyecto para volver a establecer la cuarta categoría de Ganancias, no está descartado que el Gobierno nacional insista en el futuro con la cuestión de las retenciones y de la fórmula de cálculo de los haberes, por lo que la forma en la que se logrará todavía está en análisis, pero el objetivo es el mismo: llegar al déficit cero.