Kicillof envió a Katopodis a la audiencia pública por la suba de gas para rechazar los aumentos

El gobierno bonaerense participa institucionalmente en la audiencia pública que lleva adelante el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en la que se discute de cuánto será el incremento del servicio de gas que proponen las distribuidoras y transportadoras a fin de actualizar, de manera mensual, las tarifas del servicio en todo el país. El gobernador, Axel Kicillof, instruyó al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis a que deje sentada la posición del gobierno provincial de rechazar la suba que, finalmente, se aplicará.

“Hay un pedido de los incrementos van de un 350% a un 700%. Se trata de incrementos que claramente son abusivos, cualquier tarifa, cualquier boleta de gas que se proponga incrementar arriba del 400%, por supuesto que es confiscatorio. Va a golpear un bolsillo bastante dañado en estas semanas con las medidas que el gobierno nacional viene tomando. También vamos a rechazar el pedido de un incremento de actualización mensual”, planteó Katopodis este lunes, en una rueda de prensa en la ciudad de La Plata.

El ministro aseguró que “hay una decisión del gobierno nacional, que empieza en esta audiencia pública y que seguramente va a tener continuidad”. Asimismo informó que la misma posición tendrá el gobierno bonaerense cuando el mes que viene se lleven adelante las audiencias públicas para la suba de la tarifa eléctrica de Edenor y Edesur.

En el gobierno bonaerenses sostienen que no se contempla un plan de inversiones en el pedido de un incremento en la tarifa que ya presentaron las empresas Gasnor, Litoral Gas, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Metrogas, Naturgy BAN y GasNEA), subdistribución (Redengas) y transporte (TGN y TGS). “Dónde va la plata que se le va a sacar del bolsillo a los usuarios y a las usuarias de la provincia de Buenos Aires”, se preguntó el ministro.

La exposición de Katopodis estará respaldada por el Foro Bonaerense de Servicio Públicos. En un informe elaborado a propósito de la audiencia pública, el sector que integran organizaciones de defensa del consumidor detallaron que la actualización para los valores del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes por IPIM (que es el índice de precios mayoristas del INDEC), busca aplicarse de manera mensual, cuando actualmente es de seis meses.

Si bien Katopodis se expresará en nombre del gobierno provincial -es el expositor número 33 de la audiencia pública de este lunes- Por el momento, el gobierno bonaerense no hará una presentación judicial; como sí hizo por ejemplo el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

El intendente del distrito de la Tercera sección electoral había presentado un amparo ante la Justicia Federal para suspender la audiencia pública que se lleva adelante este lunes. En ese recurso, el jefe comunal, cuestionaba -entre otros puntos- el carácter virtual con el que se da el proceso de discusión tarifaria. Planteaba que el llamado “no incluyó la información necesaria para efectuar un análisis previo de los temas a tratar, lo que imposibilita el ejercicio pleno del derecho de participación y defensa de los usuarios y consumidores”. Sin embargo, la audiencia pública se lleva adelante.

Como había dado cuenta Infobae, las empresas de distribución de gas plantearon al Gobierno que necesitarán una recomposición de tarifas desde febrero de al menos el 350% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y cifras incluso mayores en el interior del país, según de qué compañía se trate entre las que operan en todo el territorio nacional.

Más allá del impacto que se dará con la actualización tarifaria, Katopodis también alertó por algunas disposiciones que aparecen en la Ley Ómnibus que están vinculadas al precio de la tarifa que se encuentra subsidiada. Puntualmente se trata del artículo 318 del proyecto que se empezará a debatir en el Congreso y que faculta al Ejecutivo a “modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios, revisando procedencia y destino de los mismos, con el fin de garantizar una mayor eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos que los integran y en el control al momento de su implementación y aplicación”.

La lupa se posa sobre el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residencial Gas, que desde el 2021 fue ampliado y alcanza a varias localidades de la provincia de Buenos Aires, en el llamado régimen de zona fría. Se trata de un total de 1.264.164 consumidores en territorio bonaerense, según datos de ENERGAS.

“Con esos fondos fiduciarios, con esos instrumentos, se sostiene el subsidio de la zona fría para más de 94 localidades.”, detalló Katopodis. “Se mantiene también la tasa subsidiada para clubes de barrio, se mantiene también un un sistema de segmentación que permite, por supuesto adecuar la tarifa a los ingresos de manera proporcional.Todo eso es también lo que se pone en riesgo con con esta política que como ya lo vivimos en el macrismo se vuelve a repetir un gobierno que hace las cuentas al revés”, agregó.