Pese a las críticas desde diferentes sectores políticos y sindicales, y ante algunas advertencias sobre una posible inconstitucionalidad, desde el Gobierno aseguraron que el presidente Javier Milei tiene la convicción de sostener el DNU que desregula la economía argentina ya que se siente “empoderado” y “legitimado” por el resultado electoral.
Asimismo, defendieron la constitucionalidad de la norma y, aunque afirmaron que están dispuestos a dialogar con todos los sectores, afirmaron que será “con la convicción de que este es el camino”.
El que salió a ratificar la voluntad de sostener el DNU fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien se refirió directamente al cuestionamiento que hizo el senador y flamante presidente de la UCR, Martín Lousteau, quien pidió que el presidente retire el decreto y que, en su lugar, envíe una “ley espejo” para que lo trate el Congreso.
Ayer, en un hilo en su cuenta de la red social X (antes Twitter), Lousteau había cuestionado la metodología de enviar las reformas estructurales a través de un DNU, aunque coincidió en la necesidad de aplicar cambios estructurales en la economía del país.
“El presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente. Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos”, afirmó Lousteau.
“Cualquier representante tiene el derecho de expresar sus posiciones a favor o en contra del decreto. El senador Lousteau lo ha hecho. Nosotros por supuesto que estamos dispuestos a dialogar con todos los sectores políticos”, dijo hoy Francos en diálogo con el periodista Marcelo Longobardi en radio Rivadavia.

El ministro, además, ratificó la decisión de sostener el DNU, pese a las críticas: “El Gobierno del presidente Milei fue electo para realizar un cambio en la Argentina, lo que ha expresado en toda la campaña lo está llevando adelante. Tiene la legitimidad del 56% de los argentinos que lo votaron, eso hace que el presidente se sienta absolutamente empoderado para llevar adelante este proceso de transformación en la Argentina. Por supuesto, dialogar vamos a dialogar con todos, pero con la firme convicción de que este es el camino”, subrayó.
Francos resaltó también que “el presidente marca un camino que planteó en su campaña electoral. La dirección inexorable del camino del cambio está puesta en ese decreto y seguramente también en la ley que se enviará al Congreso de la Nación”. En ese sentido, dijo que el paquete de leyes será enviado la semana que viene al Parlamento, pese a que se creía que lo iba a hacer antes del fin de semana.
“Argentina necesita señales urgentes de que hay un cambio de dirección y el pueblo argentino votó eso. Eso es lo más importante, más allá de que podrá analizarse si una norma tiene características de necesidad y urgencia, o si no la tiene, o si el decreto tiene aspectos constitucionales que no son considerados. Lo importante es señalar un camino de cambio de época en Argentina”, agregó el ministro.
Francos también fue consultado sobre las posibles trabas legales que pueda llegar a tener el DNU, luego de que varios especialistas coincidieran en la inconstitucionalidad de la norma impulsada por el Gobierno. En ese sentido, el ministro afirmó que, antes de su publicación, “se han hecho todos los análisis desde el punto de vista constitucional para llevarlo adelante, tenemos la absoluta convicción de que está dentro de lo que establece la Constitución nacional”.
“Si se judicializa, el Estado intervendrá con su cuerpo de abogados para contestar las observaciones que haya. No hay problema, cualquiera que tenga intereses en judicializar lo podrá hacerlo y la Justicia tendrá que resolver al final. Pero el Estado y el Gobierno llevarán adelante todos los mecanismos oficiales para que no se trabe el DNU”, señaló el funcionario.
Tras la publicación del DNU, distintos sectores políticos, principalmente el kirchnerismo, salieron a rechazar la medida e impulsaron reuniones junto a la CGT para definir los pasos a seguir. De hecho, la central obrera anunció una movilización el próximo miércoles hacia el Congreso para presentar un petitorio oficial para que deroguen el decreto.
Además, en distintos puntos del país se realizaron algunas manifestaciones y cacerolazos en rechazo al plan del Gobierno.
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