El gobernador de Río Negro denunció que recibió la provincia con más de $ 30 mil millones de deuda: “La situación es crítica”

Más del 30 por ciento pertenece al área de salud. La de educación también se encuentra comprometida y supera los $ 2300 millones

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Alberto Weretilneck (Foto Telam : Marcelo Ochoa)

A poco más de una semana de asumir la gobernación de Río Negro, el ex Senador Alberto Weretilneck define prioridades para distribuir fondos y garantizar los servicios básicos en la provincia sureña, tras heredar una deuda corriente que excede los $ 30 mil millones.

Mientras que los sindicatos estatales exigen definiciones para el pago de la segunda cuota del aguinaldo, el mandatario pide “paciencia” y este martes anunciará que su cancelación será desdoblada en dos cuotas.

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En diálogo con Infobae, Weretilneck aseguró que “los compromisos salariales son sólo una parte de las exigencias que debe afrontar el Estado, debido a que también debemos atender aspectos urgentes en otros rubros”.

Para dimensionar la crítica situación financiera, fuentes gubernamentales confirmaron que la deuda heredada equivale a una masa salarial completa.

El mandatario trazó un crudo panorama sobre las financias rionegrinas. Dijo que existe “carencia de medicamentos e insumos esenciales en los hospitales de la provincia, hay que garantizar los recursos para combatir los incendios forestales y también garantizar fondos para la continuidad de las obras públicas, para garantizar las fuentes de trabajo de las empresas que prestan servicios en ese rubro, entre otros aspectos”.

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Weretilneck heredó la conducción provincial de su copartidaria Arabela Carreras, quien intentó imponerse en la elección a jefe comunal de Bariloche, aunque la sorpresiva elección del sindicalista Wálter Cortés la dejó sin aspiraciones.

Walter Cortés Arabela Carreras
Walter Cortés y Arabela Carreras (Foto: NA)

El flamante gobernador no la cuestiona de forma directa, aunque sí asegura que “la herencia es pesada”.

Más del 30 por ciento de la deuda que acumula el gobierno de Río Negro pertenecen al área de salud. La obra social estatal IPROSS registra pagos pendientes por $ 9400 millones, y otros $ 4000 millones pertenecen al sistema sanitario en general, donde se incluyen insumos y medicamentos.

En Educación, la deuda registrada supera los $ 2300 millones y Obras Públicas $ 1500 millones. El gobernador aseguró que el equipo económico que asumió el 10 de diciembre trabaja para definir un esquema de prioridades para garantizar el funcionamiento esencial de la provincia: “La situación es crítica”.

El mandatario dijo que aún no es posible definir un esquema de pagos de aguinaldos. “No sólo no tenemos fecha, tampoco los fondos” aseguró.

El colapso económico actúa como efecto cadena con los municipios que reclaman el desembolso de fondos de parte del gobierno provincial para asumir sus propios compromisos.

En Bariloche el sistema de transporte urbano comenzó a funcionar de forma condicional, con un esquema similar al de los días feriados, con reducción de frecuencias y unidades en los distintos recorridos.

El Intendente Wálter Cortés expresó su preocupación por la situación y su jefe de Gabinete, Héctor Leguizamón Pondal, aseguró que la administración provincial adeuda transferencias en concepto de subsidios nacionales desde octubre, acumulando más de $ 200 millones.

Según el acuerdo del Ministerio de Transporte de la Nación, el subsidio tiene una contraparte por el mismo monto que abona el Gobierno provincial, a una razón de 67 millones de pesos entre ambas jurisdicciones cada mes. La nueva gestión municipal tramita desde la semana pasada que se cancele la suma adeudada que el municipio facilitó para evitar el paro del servicio por parte de Mi Bus.

“La situación es incierta, pero los problemas podrían agravarse desde el 1 de enero, ya que no sabemos si los subsidios nacionales se van a eliminar total o parcialmente”, dijo el funcionario barilochense, en función del anuncio que realizó el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, como parte de las medidas de ajuste que entrarán en vigencia en 2024.

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