Los beneficiarios de las tarjetas de “Chocolate” Rigau cobrarán sus sueldos, el aguinaldo y las vacaciones

Las 48 tarjetas halladas en poder del puntero del peronismo de La Plata, Julio “Chocolate” Rigau -mientras realizaba repetidas extracciones bancarias en un cajero automático del Banco Provincia en pleno centro de la capital bonaerense- estaban a nombre de diferentes empleados de la Cámara de Diputados bonaerense, que todavía siguen cobrando el sueldo pese a que en diferentes declaraciones ante la Justicia, muchos de ellos reconocieron no cumplir tareas en la Legislatura.

De no haber decisión plena de la Justicia que implique -como máxima- la detención de estas personas, esas cuentas seguirán percibiendo su sueldo. Uno de los motivos centrales es que la mayoría son empleados de planta permanente y con varios años dentro de la Legislatura. Hay ingresos de personal, por ejemplo, desde 2004. Para que dejen de cobrar habría, directamente, que echarlos y se trata de un proceso complejo; más aún en el marco de la causa de “Chocolate”.

De esta manera, si se mantiene la condición de empleados, los beneficiarios de las tarjetas cobrarán su sueldo del mes de diciembre que incluye el aguinaldo y las vacaciones. Según pudo saber Infobae, en la Cámara se abrió un sumario interno por este tema y sobre las contrataciones.

El silencio sigue siendo regla dentro de la Cámara baja provincial. Las contrataciones pasan por personal. El apellido coincidente allí es el de Albini: Facundo y Claudio. Facundo es el concejal de Unión por la Patria y Claudio su padre, quien durante años fue el subjefe del Personal de la Cámara de Diputados bonaerense.

El área de personal depende de la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados. Sus autoridades se votan en la sesión preparatoria antes de iniciar el período ordinario y su designación es en acuerdo de todos los bloques políticos. Actualmente, está a cargo de Miguel De Lisi; se trata de un hombre del diputado provincial y ex intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo De Jesús. La Prosecretaría administrativa está a cargo de Sandra París, una ex diputada provincial de la Unión Cívica Radical. Sus designaciones fueron parte de un trato entre el Frente de Todos y Cambiemos.

Según el reglamento interno de la Cámara la Secretaría Legislativa tiene entre sus funciones: “proponer al presidente el presupuesto de sueldos y gastos de la Cámara; refrendar en conjunto con el prosecretario administrativo todos los actos administrativos referentes a su gestión en la Cámara y llevar adelante la administración general de la Cámara”.

“Nosotros reclamamos que se transparente la situación, en lo que respecta al manejo de recursos, de nombramientos”, le dijo a Infobae el diputado del bloque Frente de Izquierda y Trabajadores, Guillermo Kane. Sin embargo, al no tener presencia en el esquema de autoridades de cámara, el legislador no pudo dar con la información requerida.

En paralelo a la cuestión interna que atraviesa la Cámara de Diputados está la vía judicial. Las últimas novedades del caso se dieron tras la revelación de los chats que intercambiaban Rigau y Facundo Albini por un lado y el puntero del PJ con algunos beneficiarios de las tarjetas por el otro. En estas últimas conversaciones se hacía mención a “Claudio”, que sería Claudio Albini a quien el empleado de la Cámara debía “rendirle”.

Sobre Claudio y Facundo Albini pesan dos pedidos de detención. Uno solicitado por la fiscal que lleva adelante la investigación, Betina Lacki y el más reciente que solicitó la ONG Poder Ciudadano, tras la revelación de los chats.

Entre los fundamentos que planteó el abogado Tomás Miguel Brady se exhibe el eventual “peligro de fuga” y que “ambos funcionarios continúan ejerciendo elevadas actividades dentro del estado, pudiendo en ese rol destruir documentos, modificarlos o incluso amedrentar a posibles testigos. Con lo cual su detención deviene absolutamente necesaria y no puede pender de tiempos políticos que exceden el objeto de este proceso”.

La decisión sobre la suerte de los Albini está en manos del juez de Garantías, Guillermo Atencio, que ya rechazó un pedido de eximición de prisión presentado por la abogada del concejal. “Tengo para mí que la decisión respecto del otorgamiento de este beneficio, debe supeditarse en el caso a valoración de la modalidad del hecho. En efecto, la extensión del daño causado, y las características de la conducta aquí investigada, resultan pautas significativas para vislumbrar que, de recaer sentencia condenatoria, habrá de ser de cumplimiento efectivo”, dijo. En esa resolución, el magistrado detalló que hasta ahora la suma total del fraude sería de 800 millones de pesos.

Rigau junto a Claudio y Facundo Albini están imputados por el delito de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública.