El proyecto para nombrar jueces y fiscales en Santa Fe obtuvo dictamen y sería aprobado en la sesión de la semana próxima

El proyecto para fortalecer la Justicia Penal Federal en Santa Fe obtuvo dictamen hoy en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y quedó listo para ser debatido en la sesión que el oficialismo planea convocar para el martes 28 de este mes.

La iniciativa, que fue elaborada por los 18 diputados de Santa Fe de diferentes fuerzas, como el Frente de Todos, el PRO, la UCR y el Socialismo, había sido presentada originalmente en mayo del año pasado. Entre otras cosas, propone la creación de 27 puestos de fiscales (15 con asiento en Rosario), 9 cargos de defensores, 6 jueces con funciones de garantías, 6 jueces con funciones de revisión y 2 jueces con funciones de juicio y ejecución.

Según los equipos técnicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la creación de 50 cargos que propone la iniciativa -36 bajo la órbita del Ministerio Público de la Nación y 14 bajo la del Poder Judicial de la Nación- tendrá un costo de $1.564 millones por año, en base a las escalas salariales vigentes.

Sin embargo, el informe difundido la semana pasada aclaró que no se contemplaron los gastos vinculados a los organismos que se conformarán a partir del proyecto, la dotación de personal que eventualmente acompañará a los cargos que se crean, los gastos operativos (insumos, servicios públicos, gastos de limpieza, entre otros) y de inversión (oficina, mobiliario, equipos informáticos, equipos de comunicaciones, entre otros) que pudieran generarse.

Al inicio de la reunión de comisión, su presidente Carlos Heller, explicó que también se requerirán “estructuras para los nuevos juzgados y fiscalías, personal de distintos rangos, insumos, etc”.

“Partiendo de las estructuras existentes, la Oficina de Presupuesto estimó, suponiendo estructuras promedios de juzgados y fiscalías, que se generaría un costo adicional neto de $6.000 millones de pesos anuales, principalmente en sueldos de personal”, detalló Heller, que concluyó que el costo total de la implementación del proyecto tendría un impacto fiscal de $7.500 millones.

A su turno, el diputado oficialista Roberto Mirabella señaló que en su provincia tienen “una estructura creada hace 40 años cuando este tipo de delitos no existía”. Y agregó: “Este proyecto lo presentamos en mayo del año pasado, pero no lo tratamos hasta que balearon el supermercado del suegro de Messi”.

Desde la oposición, las principales críticas al oficialismo giraron en torno a las demoras para la conformación de la comisión bicameral para la implementación del sistema acusatorio. También insistieron en que hay cargos vacantes en la Justicia Federal de Rosario porque el kirchnerismo “no aprueba los nombramientos”.

“Le pido al oficialismo que podamos dialogar con la presidenta del Senado para que estas acciones concretas empiecen a avanzar”, reclamó el santafesino Juan Martín (UCR).

“Ningún miembro del bloque ni la Vicepresidenta dan una explicación de por qué no nombran la bicameral, es un capricho, es porque son impunes”, reclamó a los gritos el socialista Enrique Estévez.

Por su parte, Germana Figueroa Casas, del PRO Santa Fe, reclamó que Anibal Fernández aún no le envió el informe con el presupuesto destinado en seguridad para la provincia que prometió en la última visita al Congreso. “Nuestra seguridad no es un gasto, es una inversión y un ahorro. La primera responsabilidad del Estado es cuidar que no nos maten. No pueden haber más jurados vacantes en Santa Fe, tenemos que fortalecer todos las instancias que hacen a la seguridad de los santafesinos y tener la certeza de que hay una Nación ocupándose de nosotros”, declaró la rosarina.

El oficialismo apunta a llevar este proyecto al recinto el martes 28 “aprovechando” que goza de amplio consenso y que todos los diputados estarán en Buenos Aires dado que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, dará su primer informe de gestión el miércoles 29.

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