El Gobierno le pidió a la Justicia Federal que Facundo Jones Huala sea extraditado a Chile

El Juzgado Federal de Bariloche recibió el pedido formal de Cancillería para extraditar a Chile al líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, quien debe seguir cumpliendo con una condena en ese país por los delitos de incendio y portación ilegal de armas de fuego.

El referente mapuche fue detenido el 30 de enero pasado en una vivienda de El Bolsón, luego de permanecer prófugo de la Justicia trasandina durante casi un año. Fue trasladado a Bariloche y días más tarde fue alojado en la Unidad Federal N° 14 de Esquel, donde permanece actualmente.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que Cancillería formalizó el pedido para que sea extraditado, luego del requerimiento expreso de las autoridades chilenas para que continúe purgando la pena que se le impuso en ese país.

Tras su detención, el Juzgado de Garantías de Río Bueno manifestó su interés en la extradición del convicto, quien desde su captura permanece en huelga de hambre para tratar de evitar su traslado a Chile. La Corte de Apelaciones de Valdivia (Chile) resolvió a favor de dicha solicitud y dio curso al planteo para lograr su extradición.

El fiscal Sergio Fuentes fue quien rubricó el pedido de extradición, avalado luego por la Corte, y ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile que solicite al Gobierno Argentino la prisión preventiva del detenido, para asegurar el procedimiento de extradición.

Dicha documentación fue analizada por los organismos intervinientes, que se basaron en el Tratado Interamericano de Extradición, y este lunes oficializaron el pedido.

El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, anticipó horas más tarde de la aprehensión que se iniciarían los trámites obligatorios para lograr la extradición de Jones Huala y aseguró: “Queremos que sea extraditado para que cumpla la condena que corresponde”.

El líder de la RAM fue condenado por la justicia chilena a nueve años de prisión por “ataques incendiarios y portación de armas”. Tras haber estado en prisión un tiempo en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, la justicia chilena le otorgó libertad condicional hasta que, en febrero de 2022, la Corte Suprema revocó la medida y ordenó nuevamente su detención. En ese momento ya nadie sabía dónde estaba el “lonko”.

Vivió en la clandestinidad hasta que fue aprehendido por la Policía de Río Negro en el quincho de una vivienda de El Bolsón, alcoholizado y vestido de mujer.

Confrontación y sabotajes

El activista, desde que está alojado en la cárcel federal de Esquel, emitió un solo mensaje en el que reivindicó los métodos violentos para la recuperación de tierras: “Como organización autonomista y revolucionaria mapuche, hemos definido una línea política basada en la confrontación mediante el sabotaje ….”.

Además, desafió a integrantes de otras comunidades mapuches por la falta de apoyo y acompañamiento desde que fue detenido por última vez y rechazó su posible extradición a Chile, para lo cual inició una medida de reclamo que apunta a evitar nuevamente su traslado.

En ese mensaje, además, dijo sentirse avergonzado por la forma en la que fue detenido – estaba alcoholizado y vestido de mujer – y admitió una falta grave de autodisciplina.

Reconoció que incurrió en el consumo de alcohol durante el tiempo en el que permaneció prófugo: “Debo confesar que debido a una serie de problemas personales en contexto de clandestinidad, no supe resolver y buscar toda la ayuda necesaria, y caí en el peor vicio del alcohol” dijo, para lo cual solicitó a la Justicia Federal acompañamiento psicológico, que fue autorizado.

Tras disculparse con “su gente” por ese flagelo y reconocer que su detención fue “ridícula”, intentó minimizar el impacto de su aprehensión. Y aseguró que “el error lo cometí yo como persona, todo lo construido no pierde su valor”.

El Juzgado Federal de Bariloche deberá indagar a Jones Huala, tal como indica la Guía de Extradición del Ministerio Público de la Nación, con el objetivo de “informar y escuchar a la persona detenida”.

En ese contexto, el detenido puede decir que está de acuerdo con la extradición, lo que agilizaría el proceso de traslado, y en caso contrario se avanzará en un juicio de extradición.

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