
Los últimos datos provisorios del censo nacional revelaron que Argentina tiene 46.082.160 habitantes y, según ordena la Constitución, la Cámara de Diputados debería aumentar su cantidad de bancas para que se respete la proporcionalidad. El artículo 45 es muy claro, si una provincia tiene más habitantes deberá contar con más diputados, y la actualización se debe hacer cada diez años, después de los censos. Sin embargo, el número de escaños no se ha modificado desde 1983.
Un informe elaborado por el Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICaD) calculó cómo quería el Congreso si la actualización se hiciera en base a las normas vigentes (los decretos 19.862, 22.838 y 22.847 de la última dictadura militar). La primera conclusión, lógicamente, es que la Cámara de Diputados debería tener muchos más diputados.
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En concreto, pasaría a tener 359 bancas, es decir, 102 diputados más (ver listado completo abajo). Además, varias provincias aumentarían su peso específico, principalmente Buenos Aires, que ganaría otros 42 lugares (112 en total). El distrito gobernado por Axel Kicillof es actualmente el más perjudicado (subrepresentado), pero aún así tiene el 27% de las bancas. Con la actualización pasaría al 31%.
Por el contrario, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el único distrito que está sobrerrepresentado en relación a su población. Con la actualización perdería 3 bancas. A su vez, cambiarían el peso relativo de algunas provincias. Córdoba sumaría 10 diputados y pasaría al segundo lugar con casi el 8% de la Cámara. Detrás quedaría Santa Fe, con 6 escaños más (7% de las bancas), y CABA (6%).
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Ante la consulta de Infobae, fuentes del Poder Ejecutivo reconocieron que no se está evaluando ninguna modificación en el Congreso. “Nunca se hizo y enfrenta un problema similar al debate por la coparticipación: se requieren acuerdos entre partidos y provincias que hasta ahora no se han logrado”, explicaron.
En esa línea, señalaron que es el propio Congreso el que, a través de una ley, debe definir cómo reconfigurarse. Algo que suena casi utópico en este contexto de “fuerte polarización de las Cámaras”.
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“¿Además, cómo le vendés a la sociedad en este contexto que se necesitan más diputados?”, se preguntaba un diputado del oficialismo.
Los impedimentos para cumplir con lo que manda la Constitución se pueden sintetizar en dos: imposibilidad de acordar con las provincias y falta de consenso social para aumentar el “gasto político”.
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Desde la bancada del Frente de Todos explicaron a este medio que indefectiblemente la actualización reforzará la centralidad de las provincias más grandes y en cierta forma le quita peso político a las provincias más pequeñas. “Se tendría que sancionar una ley y ningún senador de las provincias ´perdedoras´ la votaría”, reflexionaron.
La diputada del GEN Margarita Stolbizer redactó un proyecto para actualizar la Cámara de Diputados en 2016 y en los próximos días lo volverá a presentar en base a los nuevos datos del censo.
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La diputada por la provincia de Buenos Aires recuerda que durante el gobierno de Cambiemos no logró consenso para poner el tema en la agenda, pero considera que con el nuevo censo sobre la mesa el problema no puede seguir siendo ignorado.

Stolbizer reconoce que ningún gobierno querrá “pagar el costo” de aumentar la cantidad de diputados en un contexto de “tan baja credibilidad de la política”. En ese sentido, asegura que su proyecto busca “cumplir con el principio de proporcionalidad pero aumentando lo menos posible la cantidad de bancas”. Serían 334 en total.
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Incluso reconoció que sería posible respetar la proporcionalidad sin sumar diputados. Pero para eso algunas provincias deberían perder escaños, algo que difícilmente acepten en el marco de un acuerdo político.
“El reparto actual es injusto porque hay provincias sobrerrepresentadas. Tendrían que perder lugares para salir de esa inequidad”, detalló. E insistió en que la Cámara de Senadores es donde las provincias, según nuestro sistema, están en un plano de igualdad (con tres senadores cada una). Ese principio no aplica a Diputados. “Llevamos muchos años de incumplimiento, estamos desconociendo que la provincia de Buenos Aires tiene un nivel de población que tiene que tener mayor representación. Los diputados no representan a las provincias sino al pueblo en su conjunto”, dijo.
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Para Leandro Domínguez, Director de Análisis Político de Directorio Legislativo, la actividad del Congreso no puede ni debe “medirse en términos presupuestarios”, por lo que las críticas relacionadas con el aumento del gasto son inconducentes.
En esa línea, explica que los intentos por ajustar la proporcionalidad sin subir la cantidad de diputados podrían generar otras tensiones. Por ejemplo, al darle más bancas a las provincias con más población habría que quitarle a las más chicas. Entonces, algunos distritos quedarían solo con uno o dos escaños y partidos importantes en la dinámica política de cada provincia se quedarían representación legislativa. Con el sistema actual, que impone un mínimo de 5 bancas, la segunda fuerza más votada suele quedarse al menos con una de ellas.
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Por otro lado, Domínguez reconoce que el aumento de diputados también podría tener efectos negativos. “Hoy por hoy la provincia que más peso tiene es Buenos Aires y si se actualiza aumentaría aún más. Además, más diputados implica más complejidad para lograr consensos, porque hay que negociar con más gente”, enumeró.
Más allá de las posibles consecuencias indirectas, asegura que la discusión debe darse en un plano más abstracto y fuera del debate electoral para llegar a buen puerto. “No se puede hacer si un partido está pensando en ganar o perder una banca en la próxima elección”, concluyó.
Curiosamente, la Justicia también se expidió sobre el tema. En 2018 la Cámara Nacional Electoral le ordenó al Congreso que se ajuste a lo que ordena la Constitución.
Para esto hizo lugar al planteo de un elector particular de la provincia de Córdoba, que alegó que -por encontrarse desactualizada la cantidad de diputados que se eligen por distrito- el valor de su voto es inferior al de los ciudadanos de otras provincias.
Los jueces explicaron en su sentencia que “cuanto más exacta sea la relación entre la población de la República y el número de sus diputados, más fielmente se respetará el sabio plan de organización del Poder Legislativo adoptado por la Constitución argentina”.
Hasta el momento no hubo respuesta por parte del poder político. Tampoco un reclamo de la sociedad. La actualización de la Cámara de Diputados va camino a demorarse otras tres décadas.

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