El gobierno porteño pidió denunciar a las “patotas sindicales o piqueteros” que controlen precios

En medio de las discusiones por los controles de precios, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les pidió este lunes a los comerciantes que denuncien a los camioneros que supervisen la mercadería que sale de los centros de distribución de los supermercados cuando actúen de forma violenta.

“Frente a cualquier situación en la que reciban un hostigamiento, una amenaza, una dificultad para poder ejercer sus derechos, cuentan con el 911 para ponerse en contacto con nosotros y que las fuerzas de seguridad, la Policía de la Ciudad, se haga presente en los comercios y restablezca el imperio de la ley”, precisó el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

La decisión se tomó poco después de que se confirmara que la secretaría de Comercio de la Nación, a cargo de Matías Tombolini, les pidieron colaboración a este sindicato, a las organizaciones sociales y a los municipios para que se sumen a las inspecciones del cumplimiento del programa Precios Justos.

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En este contexto, Miguel, que actualmente también está a cargo del Ministerio de Seguridad porteño, junto con el flamante secretario de Asuntos Público, Waldo Wolff, les solicitaron que denuncien a las autoridades cualquier eventual agresión por parte de los gremialistas.

“Una vez más, el Gobierno Nacional pretende imponer su voluntad por la fuerza y sobre todo por fuera de la ley, y en este caso, como no logran bajar los precios y la inflación, convocando a sindicalistas y piqueteros para que amedrenten a los trabajadores y comerciantes para que no suban los precios. Esto es sencillamente ilegal y es inadmisible”, aseguró el primero de estos funcionarios.

En diálogo con el canal de televisión TN, Felipe Miguel sostuvo que este tipo de políticas económicas “nunca funcionó en la Argentina”, y resaltó que el hecho de que “ahora, además, se convoque una suerte de fuerza paraestatal para amedrentar, para hostigar, a los comerciantes y a quienes están ejerciendo su legítimo derecho a trabajar y comerciar, cruza todos los límites”.

“Por eso queremos aprovechar para decirle a los comerciantes y a todos aquellos que ejercen su derecho a trabajar y comerciar libremente, que van a encontrar de nuestro lado todo el respaldo frente a estos atropellos”, destacó.

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En esta línea, el jefe de Gabinete porteño remarcó que no hay que “acostumbrarse ni naturalizar este atropello permanente del kirchnerismo a las instituciones, a la ley y a los derechos de todos aquellos que quieren ejercer y vivir y trabajar con tranquilidad en la Ciudad”.

“Llamá al 911. No permitas que ni la patota de Moyano ni los piqueteros de Alberto Fernández te aprieten. Llamá y denunciá. Desde CABA vamos a cuidarte del apriete K. La inflación no se baja a los golpes. Llevan 16 de los últimos 20 años gobernando y todavía no se dieron cuenta”, agregó, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Wolff.

Más temprano, Pablo Moyano, Secretario General de la CGT y adjunto de Camioneros, destacó el control paralelo al Estado que vienen haciendo desde su gremio con los precios y aclaró que fue por pedido expreso del gobierno.

“Tombolini nos pidió controlar los centros de distribución de los grandes supermercados”, aseguró Moyano al ser entrevistado en la radio FutuRock.

Contó que junto al ministro de Economía y el Secretario de Comercio empezaron a observar que “los productos no llegaban a las góndolas” y puso como ejemplo que “salían 10 camiones con X productos y en los supermercados solo había 2 góndolas con esos productos”.

En ese contexto, alertó que “los empresarios encanutan la mercadería y después remarcan los precios” y que justamente eso es lo que se quiere evitar. “Es la especulación que venimos denunciando hace tiempo”, opinó.

Desde fines de diciembre pasado, unos 5.000 integrantes de Barrios de Pie y, en menor medida, del Movimiento Evita, dos organizaciones sociales afines al gobierno de Alberto Fernández, recorren las góndolas de los supermercados que se sumaron a Precios Justos, el programa que involucra a 1800 productos de consumo masivo que deberían mantener sus precios durante 120 días, al menos hasta fines de febrero.

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