La embestida de la Casa Rosada junto a un grupo de gobernadores contra la Corte Suprema de Justicia, que incluye un pedido de juicio político que se presentará ante el Congreso, sumó este jueves un nuevo capítulo luego de las duras declaraciones de Ricardo Quintela, mandatario de La Rioja, en una entrevista radial en el programa Cuanto Cuento en AM 530.
“Defiendo los intereses de mi provincia y tengo mi concepto acerca de los integrantes de la Corte: no me merecen el menor de los respetos por lo tanto yo tampoco les voy a hacer caso ni acatar un fallo de ellos. Si quieren venir a buscarnos, que nos vengan a buscar, no me interesa lo que ellos digan”, sentenció ante una pregunta del periodista Sergio Chouza.
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Y siguió con munición gruesa hacia los miembros del principal organismo de Justicia. “Han desjerarquizado y desprestigiado a la Corte, tenemos que pedir que se vayan y no solamente a través del juicio político sino también visibilizándolos con nombre y apellido, que sus caras se conozcan y decir dónde, cómo y de qué viven”, arremetió. También indicó que ellos “no quieren que el país crezca ni se desarrolle armónicamente”.
¿Por qué cree que algunos gobernadores que iban a acompañar el juicio político finalmente no lo hicieron?, le preguntaron. “No tengo información de los motivos por los cuales no acompañaron, somos 11 gobernadores que estamos firmes convencidos de que hay que modificar este sistema estructural. Considero que hay que modificar este sistema estructural”, expresó.
Además destacó que “lo que va a suceder es que se va a poner en evidencia las graves situaciones que todos conocemos, la connivencia que existe entre la Corte (Rosatti) y (Horacio) Rodriguez Larreta. Los fallos que vienen siendo sistemáticos en favor de la concentración económica argentina en desmedro de las 23 provincias argentinas restantes”, sentenció.
Además expresó que “el proceso del juicio político va visibilizar la grave situación de la República Argentina y cada uno se va a tener que hacer cargo ante sus pueblos”. También habló del “financiamiento de una campaña monstruosa”, distintas “encuestas mentirosas” y no se guardó nada para apuntarle a la UCR. “El radicalismo no tiene que seguir siendo una prostituta barata del PRO”, remató.
Alberto Fernández había anunciado el 1 de enero a través de las redes sociales que impulsaría el juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte por mal desepeño en el marco de la disputa por la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires.
“También ordenaré al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo”, señaló en un comunicado publicado por la Casa Rosada, dejando en claro que participará en la operación a Martín Soria, alfil del kirchnerismo.
La decisión de la Casa Rosada surgió a partir de trascendidos obtenidos a partir de hackeos y, según la oposición, espionaje ilegal, que pusieron bajo la lupa a Juntos por el Cambio y a miembros de la Justicia. Desde hace un mes se están filtrando conversaciones al menos polémicas entre Marcelo D’Alessandro, funcionario porteño muy cercano al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y distintos operadores judiciales y empresarios.
Sobre un total de 18 gobernadores peronistas en las 24 provincias del país, el mandatario nacional aspiraba sumar el respaldo de todos, o al menos tener sólo alguna excepción lógica. Sin embargo, hasta hoy sólo 11 caudillos provinciales lo respaldaron, con el incómodo episodio en el medio protagonizado por el entrerriano Gustavo Bordet, quien desmintió haber firmado la petición que el presidente y sus colegas habían rubricado y en la que estaba inicialmente incluido.
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