Los mensajes navideños de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Con un protocolar mensaje, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner expresaron hoy sus deseos ante la víspera de Nochebuena y los festejos familiares por Navidad.

”Vivamos esta Navidad en paz y con felicidad, sabiendo que desde el Estado estamos trabajando en el camino correcto para que la Argentina levante vuelo: cuidando al que más lo necesita”, publicó hoy el Presidente en su cuenta de Twitter.

Hacia las 6 de la tarde, la Vicepresidenta hizo lo propio con un tradicional saludo ante la fecha festiva. “Quiero desearles una muy feliz Navidad a todos y todas… que esté llena de amor, de familia y de amigos! Los y las quiero mucho”, destacó Cristina Kirchner desde sus redes sociales.

Ayer, Alberto Fernández visitó el Hogar Juan XXIII y el Espacio de Primera Infancia (EPI) Sonrisas en la ciudad bonaerense de Baradero, donde recorrió las instalaciones que fueron remodeladas y ampliadas por iniciativa del gobierno nacional. Junto a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y al intendente local, Esteban Sanzio, el mandatario dialogó con niños, niñas y adolescentes que transitan ambos espacios y se interiorizó, con trabajadoras y trabajadores, de las actividades que realizan.

”En vísperas de Navidad, visité a niñas y niños del maravilloso Hogar Juan XXIII y el Espacio de Primera Infancia ‘Sonrisas’ en Baradero. Ampliamos y remodelamos este hogar, lleno de amor y cuidados, para garantizar más derechos a quienes viven aquí de forma transitoria”, contó hoy en su publicación. Y concluyó: “Ojalá el amor que hay aquí se distribuya en toda la Argentina”.

Los mensajes de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ponen una pausa al clima político tenso generado por la decisión del Presidente de no acatar el fallo de la Corte Suprema que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la coparticipación.

El jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, había acudido al tribunal luego de que la masa de recursos de coparticipación que le gira el Estado Nacional se redujera de 3,5% del total a 2,32%, en primera instancia y luego a 1,4%. La decisión había sido adoptada por el presidente el 9 de septiembre de 2020, en medio de una tensa protesta salarial de la policía bonaerense, y tuvo una particularidad: fue comunicada públicamente y a las autoridades del gobierno porteño casi en simultáneo. No hubo negociación ni intento de consenso para redistribuir los recursos, en caso de que el gobierno nacional lo considerara necesario para equiparar los fondos de la fuerza bonaerense con los de la policía porteña. Por el contrario, la medida se plasmó directamente con un decreto firmado por el mandatario nacional y sus ministros.

Ese avance fue cuestionado por Larreta a través de una medida cautelar que le reclamaba a la Corte Suprema que suspenda los efectos del decreto de Alberto Fernández. 27 meses después de aquella presentación, los jueces supremos, por unanimidad, determinaron que la exigencia del jefe de gobierno porteño era verosímil y le ordenó al gobierno nacional volver a enviar los recursos que dejó de entregar desde comienzo del entuerto.

Fernández y su entorno más cercano, junto a los gobernadores peronistas, se tomaron toda la tarde de ayer para desarrollar los argumentos jurídicos. La decisión se basó en una lectura política de las normas, que fue detallada ayer pasadas las 20 en un breve comunicado desarrollado entre el Presidente y los mandatarios provinciales, con guía de la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el cerebro jurídico y la “guardiana de la lapicera” de Alberto Fernández; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, los tres miembro del círculo íntimo del primer mandatario.

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Los máximos referentes del gobierno nacional informaron que, como el Congreso Nacional aprobó por ley el Presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para entregarle los fondos correspondientes a la Ciudad, el Presidente decidió “instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada”.

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