El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) apoyó hoy el reclamo de los empleados judiciales de la nación para que se se concrete el aumento salarial previsto y advirtió que esa situación “ha originado la paralización de la justicia prácticamente hasta fin de año”, lo que “ocasiona un enorme perjuicio a los abogados y abogadas, y a la comunidad toda, pues importa el cierre de los tribunales en una época de enorme actividad”.
Desde comienzo de diciembre la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), gremio que conduce Julio Piumato, realizan paros y medidas de fuerza todas las semanas en reclamo de que se concrete el pago del aumento acordado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para eso, el gobierno nacional debe girar las partidas presupuestarias.
El sindicato informó hoy que el gobierno firmó el pago de solo el 10 por ciento de lo acordado. “Luego de semanas de lucha y dilaciones innecesarias, la Jefatura de Gabinete firmó la autorización del cambio de partidas presupuestarias, pero éste sólo alcanza a cubrir el 10% correspondiente al mes de octubre, por lo que lo otorgado se alejaría considerablemente a lo acordado con la CSJN para el cuarto tramo de recomposición salarial”, señaló la UEJN a través de un comunicado en el que ratificó las medidas de fuerza ya aprobadas.
El reclamo es por el pago del 30% de incremento remunerativo y bonificable, dividido en tres tramos de 10% a octubre, noviembre y diciembre. Hoy se conoció que se habilitó el de octubre.
Se trata del paro que iniciaron ayer a las 10 de la mañana y que continuó hoy y se extenderá todo el día de mañana. Y el lunes y el martes habían hecho batucadas en todos los edificios judiciales y un banderazo en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde tiene su sede la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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Pero las medidas habían comenzado a principio de mes. El 1 y 2 de diciembre hicieron un paro de 48 horas que repitieron el 6 y 7 del mismo mes hasta los de esta semana.
Ante es situación, el CPACF, que preside Ricardo Gil Lavedra, se expresó. “El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifiesta su profunda preocupación ante la falta de solución al reclamo de los trabajadores judiciales por el pago del aumento salarial acordado, que ha originado la paralización de la justicia prácticamente hasta fin de año. Esta medida de fuerza ocasiona un enorme perjuicio a los abogados y abogadas, y a la comunidad toda, pues importa el cierre de los tribunales en una época de enorme actividad”, señaló a través de un comunicado.
“La independencia judicial también comprende la autonomía para tomar las resoluciones necesarias para la ejecución presupuestaria, sin acudir a la discrecionalidad de otro poder”, agregó. La referencia es que a si bien el Poder Judicial tiene autarquía financiera en el manejo de su presupuesto necesita del aval del Poder Ejecutivo -puntualmente la Jefatura de Gabinete- para la autorización de esas partidas.
Así, el CPACF le reclamó a la Corte Suprema y al gobierno nacional que resuelvan el conflicto. “Por lo tanto, es imprescindible que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial, efectúe las gestiones que correspondan ante el Poder Ejecutivo Nacional a efectos de dar inmediato cumplimiento con la recomposición salarial comprometida, destacando el carácter alimentario de las remuneraciones de los trabajadores. Es inaceptable que el capricho de los funcionarios conduzca a esta grave restricción del servicio de justicia a nivel nacional y federal”, señalaron.
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